Desprestigiar, desestabilizar y subvertir la estabilidad económica: Hay una campaña en marcha en Bolivia. La poca disponibilidad de divisas en manos del Estado, el control por la banca de la entrega de dólares de sus ahorrantes, la campaña internacional de desprestigio de las calificadoras de riesgo, el bloqueo parlamentario, alientan este panorama. El exvicepresidente Álvaro García Linera exhortó a los empresarios exportadores a ingresar sus dólares al país, el Ministro de Planificación les ha llamado a la reflexión. Urge que desde el Estado se tomen decisiones estructurales.
El gobierno de Luis Arce Catacora ha dispuesto tres medidas que buscan aumentar la disponibilidad para el Estado. La primera, es el bono de remesas, por el que se venden bonos en dólares con una tasa de interés de 3% anual, siendo una manera de captar divisas y ahorrar sin la necesidad de cambiarlos a bolivianos; la segunda, es la compra de dólares a los exportadores a una tasa unos puntos más que en el rango oficial (entre 6.86 y 6.96); y la tercera, es la compra de oro por parte del Banco Central de Bolivia (BCB) a los productores auríferos.
Estas medidas han sido tomadas por algunos como señales de una crisis económica, cuando no es cierto, pese a que desnudan la orfandad del Estado para cubrir sus necesidades en el comercio exterior.
Las medidas no dejan de ser incentivos con tratamientos diferenciales que pueden distorsionarse o ser mal usados. Lo real es que el Estado no controla las divisas que el pueblo trabajador genera con las exportaciones, lo que puede llevar peligrosamente a que se pierda el control de la estabilidad de la moneda, principal objetivo del BCB. Por ello se tiene que volver a la entrega obligatoria de divisas por los exportadores al BCB.
La obligatoriedad de la entrega de divisas como una necesidad de soberanía económica se internalizó en la conciencia nacional después de la Guerra del Chaco; la promulgación de esta norma por el teniente coronel Germán Busch le llevó al suicidio/asesinato. Su heredero, el coronel Gualberto Villarroel, corrió la misma suerte en el farol de la Plaza Murillo. Al triunfo de la Revolución de Abril de 1952, con una enorme fuerza social, se dio el paso para que el Estado disponga de divisas en aras de emprender las tareas de diversificación e integración económica. En ese entonces el mayor exportador era la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), con el 70%. En las postrimerías del modelo del nacionalismo revolucionario, el “célebre” DS 21.060 en su Artículo 5 expresó: “Se mantiene el régimen de venta obligatoria al Estado, del cien por ciento (100%) de las divisas provenientes de la exportación de bienes y servicios, de los sectores público y privado, con la única deducción de los gastos de realización o tratamiento efectuados en moneda extranjera”. Otros tres artículos se refieren al procedimiento y ponen límites a los “gastos de realización y tratamiento”.
Luego de la conclusión de los procesos de capitalización y privatización, el modelo neoliberal levantó la obligatoriedad de la entrega de divisas: Era la condición para que los “socios estratégicos” sacaran los réditos económicos del país. Al presente, subsiste la norma por la cual los exportadores no ingresan al país la totalidad de divisas que reciben y lo hacen por intermedio de la banca privada. Quienes entregan las divisas de sus exportaciones al BCB solo son Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la fundidora de estaño, el resto (agroindustriales, empresas mineras, etcétera) no lo hace.
El aparato productor estatal está estancado y no se vislumbra un mayor aporte de divisas al corto plazo, mientras la urgencia del Estado de satisfacer las necesidades nacionales como la compra de combustibles, el equipamiento en salud, el desarrollo de la infraestructura caminera, los procesos de industrialización, entre otras, van en aumento.
La situación es paradójica: A principios de año se confirmó el récord en exportaciones (13 mil 600 millones de dólares), pero nuestras reservas caen. ¿Vale la pena seguir aumentando las exportaciones? Claro que sí, sin embargo, esta operación debe ser no solo de salida de divisas, sino también de entrada de ellas al país; lo otro es fuga de capitales, creándose un poder económico superior al Estado, el que debe ser combatido.
El Gobierno ha tomado medidas que han ayudado a aumentar la productividad: Estabilidad económica, liberación de impuestos a la importación de bienes de capital, subvención a los combustibles, apertura de mercados en el exterior, créditos de fomento, entre otras. Los resultados son claros: El PIB ha crecido en 4%. Este esfuerzo nacional tiene que beneficiar a todos y no solo a una nueva oligarquía que anida en la debilidad del Estado.
El Modelo Económico Social Comunitario Productivo (Mescp) es antagónico al neoliberal de libre mercado, por eso le da al Estado un rol de planificador del desarrollo, para articular la pluralidad de la economía en un país soberano, “buscando la distribución equitativa de la riqueza, y de los recursos económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y económica y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones”, como reza la Constitución, por lo cual se debe imponer una política que obligue a que todos empujemos el carro en un mismo sentido.
La obligatoriedad de entrega de divisas al Estado no es una expropiación, la devolución de su valor en bolivianos permite dinamizar el mercado interno y emprender proyectos de sustitución de importaciones. En este sentido, es una bandera nacional que debe unir a todo el pueblo deseoso de una patria para todos.
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José Pimentel Boliviano, exministro de Minería
