En sus distintos momentos el “Plan de la Patria” contenía el ideario político y económico del comandante Chávez. Sus ideas sobre lo que debería ser Venezuela en el futuro se recogían en sus “Grandes objetivos históricos”, que eran la defensa, expansión y consolidación de la verdadera independencia nacional.
La defensa de la soberanía para convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político en América Latina y el Caribe. También conformar una zona de paz en la Región y contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional multicéntrica y pluripolar, para preservar la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.
Han pasado más de 20 años desde el primer “Plan de la Patria” y en ese tiempo se han dado acontecimientos que podrían haber derrumbado al gobierno popular.
El “Plan de la Patria 2025” resalta que, desde el fallecimiento del comandante Hugo Chávez y la victoria electoral de diciembre de 2013, empieza una larga etapa de agresiones abiertas a gran escala contra el Gobierno y el país. Las permanentes “guarimbas”, las amenazas intervencionistas como el Decreto Obama y la Operación Tenaza; la guerra económica (contrabando, cerco financiero, agresión a la moneda); el revés electoral de diciembre 2015 y el intento de golpe parlamentario; la caída sin precedentes de los precios del petróleo, con una reducción de hasta 90% de los ingresos del país, configuran un escenario catastrófico. Entre abril y julio de 2017 continúa la agresión a la que se suman gobiernos de derecha de la Región; se dan a conocer las sanciones ilegales de Trump y se reorganizan las “guarimbas”, el dólar paralelo y el bloqueo económico financiero.
El Gobierno bolivariano lanza una respuesta de urgencia con una Agenda Económica en la que destacan los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP); la Gran Misión de Abastecimiento Soberano (GMAS) y el inicio de la estabilización en 2016; la formulación del “Presupuesto 2017”, aprobado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ante condición de desacato de la Asamblea Nacional (AN); se convoca a la Asamblea Constituyente para restablecer la paz.
A la desestabilización política se suma la crisis global a la que indujo la pandemia del Covid-19. Ese mismo año la Casa Blanca y sus aliados imponen un presidente encargado espurio, que promueve la intervención y mayor intensificación del bloqueo económico y financiero a Venezuela.
A pesar de ese contexto de economía de guerra a la que condujo un bloqueo nunca visto en la Región, salvando el caso de Cuba, se logra mantener la soberanía sobre el petróleo. Los datos de la aplicación del “Plan de la Patria” son destacables, como el que la inversión en relación con el ingreso, de 39.1% en los últimos 18 años de la IV República, pasó a 74.1% con la Revolución. Se incrementó en mil 086% la inversión social en salud y en tres mil 125% la inversión social en seguridad social. Para el año 2018 se alcanzó un máximo histórico en la inversión social con un 75.4% del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019.
En 20 años se lograron construir más de cuatro millones de viviendas sociales, se consiguió restituir la gratuidad de los servicios públicos, su alcance y cobertura. En 2016 la tasa de escolaridad aumentó, alcanzando el 90% de matriculación para la educación inicial, 100% para la educación primaria, 99% en educación media y la formación de 2.6 millones de estudiantes en los niveles de pregrado y postgrado universitario. Solo en el sector universitario ha multiplicado por más de tres veces el número de estudiantes en relación con 1998. Logró que más de 4.8 millones de trabajadores del país tengan título de técnico superior o universitario.
Se aumentó la cobertura de las personas en edad de pensión de 350 mil personas en 1998 a cuatro millones 500 mil en 2018, es decir, del 19.6% al 100% de cobertura. El Coeficiente de Gini mejoró significativamente al pasar de 0.469 en 1999 a 0.377 en 2018. El porcentaje de hogares en pobreza extrema estructural, medida por Necesidades Básicas insatisfechas (NBI), disminuyó a 4.3% en 2018, mientras que en 1998 era de 10.8%.
El “Plan de la Patria” define como un lineamiento básico la defensa y soberanía en la preservación y uso de los recursos naturales estratégicos como los hidrocarburos y los minerales. En el que rol del Estado en su administración y explotación es determinante no solo en la política de inversiones para el desarrollo de esos sectores, sino para asegurar la no dependencia de potencias extrajeras en su explotación. Al garantizar la propiedad y uso de los recursos naturales de forma soberana se asegura el control por parte del Estado sobre Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), así el Estado conserva su hegemonía en la producción nacional de petróleo y el control de las empresas nacionales que exploten los recursos en el territorio nacional, velando por los más altos intereses de la población.
El “Plan…” establece la participación activa del Estado en el desarrollo tecnológico de la industria petrolera con el fomento de la investigación, innovación y sustitución de importaciones para la producción local de partes, piezas e insumos que requiere esta industria como la explotación, refinación y transporte de los hidrocarburos y toda la cadena de insumos y servicios demandados. Ampliar las capacidades logísticas, de transporte y de almacenaje para el aprovechamiento soberano del petróleo. Lo mismo para los procesos industriales y las cadenas de valor asociados a la minería y el gas.
Asimismo, las políticas petroleras en el seno de la OPEP y otros organismos internacionales para la defensa de los precios justos del petróleo. Pero más allá del petróleo, la defensa de la propiedad estatal sobre los recursos estratégicos no petroleros, como los hídricos y sus cuencas hidrográficas no solo como un recurso estratégico nacional, sino el agua como patrimonio de la población y como un derecho humano que no puede ser privatizado y orientado hacia una economía postrentista.
Eso supone el desarrollo y fortalecimiento de sectores industriales como el del acero y sus derivados, los derivados del aluminio, los productos metalmecánicos, los productos químicos, plásticos, autopartes, textiles, frutas, camarones, pescados, rones, cacao, café, aceite y lubricantes, alimentos, cauchos, entre otros.
En el caso de los alimentos, la soberanía alimentaria de Venezuela se sostuvo en el incremento de la superficie cultivada para la producción de alimentos básicos al alcanzar un área de cinco millones 166 mil 523ha al final del período y una producción de 40 millones 138 mil 198 toneladas. El “Plan de la Patria” planificó el uso y aprovechamiento de la tierra con vocación agrícola, amplió la superficie cultivable bajo riego y expandió la frontera de este sector con inversión en su infraestructura asociada al riego.
El contexto geopolítico global ha ido variando en los últimos 20 años. Aliados importantes como China, Rusia, Irán, Turquía, entre otros, han prestado su apoyo a Venezuela y su proceso de transformaciones políticas, económicas y sociales que lleva a cabo. Estos países no solo se han convertido en mercados, sino en proveedores de insumos industriales para la producción nacional.
El bloqueo económico y financiero promovido por la oposición política a la Revolución bolivariana y al gobierno del presidente Nicolás Maduro generó un escenario en el que se hizo necesario el uso de criptoactivos sustentados en la base material de recursos naturales como son los minerales o hidrocarburos. Esa condición objetiva y su control de parte del Estado permitieron la emisión del petro.
Fue el comandante Chávez quien hizo realidad la materialización de un antiguo sueño de unidad latinoamericana y del Caribe al proponer y crear la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Mecanismos que van cobrando fuerza a pesar de la oposición abierta de los Estados Unidos a través de los gobiernos de la Región aliados a su política exterior.
El fortalecimiento de acuerdos de integración económica como el de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el Mercado Común del Sur (Mercosur), Petrocaribe, la Comunidad Andina, entre otros, le permitirán a Venezuela salir del aislamiento político al que le ha empujado el bloqueo unilateral estadounidense y de la Unión Europea (UE).
Pero no todo es color de rosa, hay problemas reales por resolver más allá de los logros del “Plan de la Patria”. Uno es el del salario público y las pensiones, componentes claves de la economía local al incidir en el funcionamiento del Estado y en la cotidianidad de amplias capas sociales.
El Gobierno incorporó masivamente a la población al sistema de seguridad social. La nómina actual alcanza a los siete millones de personas aproximadamente, ensanchándose sobre la base de un sistema de pensiones regido por un valor equivalente al salario mínimo oficial. La nómina pública en Venezuela se paga con cargo a las exportaciones petroleras.
En 2008, con el presidente Chávez a la cabeza del Estado, el salario mínimo alcanzaba los 372 dólares más un Bono de Alimentación con el que llegaba a 557 dólares, el más alto de América Latina en ese momento. En 2015 comenzaron las medidas de bloqueo y en 2017 estas se formalizaron restringiendo totalmente las exportaciones venezolanas, a tal punto que para el año 2020 ingresaron solo 400 millones de dólares, es decir que el país perdió el 99% de sus ingresos en divisas comparadas con las que entraban en 2014, en el que percibió 56 mil millones de dólares. A inicios de 2022 el salario mínimo era de 30 dólares al tipo cambio oficial; a finales del mismo año se ubicaba en 5.5 dólares, o sea, el 18% del valor que tenía 11 meses antes. La inflación llegó al 234% el pasado año.
Aquel es un problema latente que se debe resolver en el marco del “Plan de la Patria”, ya sea buscando mecanismos de indexación al dólar o al petro o reduciendo gradualmente la nómina pública en un proceso de racionalización que permita su sostenibilidad en el tiempo.
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Ramiro Lizondo Díaz Boliviano, economista
