China, Perú y la seguridad nacional de Estados Unidos

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En el marco de los reacomodos geopolíticos mundiales, la orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 4 de febrero, de derribar un globo chino de espionaje o vigilancia –definido de naturaleza civil y con fines de investigación, principalmente meteorológicos por Pekín−, podría iniciar una nueva fase de la guerra difusa o sin restricciones de Washington contra el coloso asiático, con repercusiones hemisféricas. Según el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, el vuelo del aerostato respondía a un intento de China de monitorear instalaciones estratégicas en suelo continental de Estados Unidos, en particular, la base aérea Malmstrom, en Montana, que alberga uno de los tres campos de silos de misiles nucleares intercontinentales Minuteman III.

En momentos en que las disputas del poder entre las grandes potencias no están lejos de conducir a un holocausto general en el que nadie gane porque todos pierden, Estados Unidos  ha definido a China y Rusia como las principales amenazas a su seguridad nacional. De allí que, en su guerra soterrada contra ambas potencias, Estados Unidos despliegue un intenso trabajo de inteligencia, planeación estratégica, diplomacia de guerra, intervención encubierta y creación de condiciones para mantener su superioridad militar en declive, frente a dos adversarios que cuentan con capacidades económicas, castrenses y tecnológicas equiparables, y con presencia y fuerza de atracción tanto regional como global, incluidas América Latina y el Caribe.

En ese marco de competencia intercapitalista −que incluye la apropiación de territorios geoestratégicos con importantes riquezas naturales y la disputa de rutas marítimas de enlace para el comercio mundial− hay que ubicar las declaraciones de la jefa del Comando Sur del Pentágono, generala Laura Richardson, ante miembros del think tank Atlantic Council, el 19 de enero. Richardson reiteró que las tierras raras, el litio de Argentina, Bolivia y Chile (+Perú), los hidrocarburos de Guyana y Venezuela (aun el cobre y el oro de este último país), la región amazónica y el agua dulce de Sudamérica son imprescindibles para la seguridad nacional de Estados Unidos. Aseveró que Washington tenía que empezar su juego, en alusión a la disputa geopolítica con China y Rusia. En 2021, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, había señalado sin ambages que el hemisferio occidental nos pertenece y a nadie más, y estamos para protegerlo de cualquier amenaza.

Es en ese contexto que, con México y sus recursos atenazados por el tratado económico-comercial-energético con Canadá y Estados Unidos (el T-MEC con sus megaproyectos extractivistas); tras la momentánea pérdida de sus dos enclaves ultraconservadores subregionales (Brasil y Colombia), y fracasadas las intentonas golpistas de Luis Fernando Camacho contra el presidente Luis Arce (Bolivia) y de Jair Bolsonaro contra Lula da Silva (Brasil), cobran relieve el golpe de Estado cívico-militar del pasado 7 de diciembre en Perú y la reciente gira del canciller alemán Olaf Scholz, como emisario del Pentágono y la OTAN por Chile, Argentina y Brasil.

Aupados por el secretario de Estado, Antony Blinken, y su brazo operativo en Lima, la embajadora Lisa Kenna [ex agente de la CIA y ex consejera política del Pentágono], y con la cobertura legitimadora del terrorismo mediático local e internacional para lavar el golpe militar-jurídico-parlamentario, la misión de la dictadora Dina Boluarte (graduada de la Academia para Jóvenes Líderes Globales del Foro Económico Mundial de Klaus Schwab), el primer ministro Alberto Otárola y el presidente del Congreso, el general retirado José Williams (señalado de genocida), es alinear al país en la “guerra de los commodities” (materias primas) contra China.

Desde 2011 China es el mayor socio comercial de Perú, con inversiones por 30 mil millones de dólares. Segundo exportador mundial de cobre y con valiosos yacimientos de uranio, gas y litio, en 2019 Perú se incorporó a la Iniciativa de la Franja y la Ruta del presidente Xi Jinping, en cuyo marco figura la construcción del megapuerto de Chancay (de importancia geopolítica para China, ya que busca convertirse en el más importante eje comercial entre Sudamérica y Asia), conectado con el eje multimodal Amazonas (un corredor bioceánico que enlazará el Atlántico brasileño con el Pacífico peruano a través de una red de ferrocarriles con ramificaciones en Bolivia y Argentina), con Brasil como socio clave de la iniciativa.

El derrocamiento y prisión de Pedro Castillo, busca frenar esos megaproyectos, obstaculizar la actualización del tratado de libre comercio entre Perú y China, y beneficiar a grandes corporaciones de Estados Unidos (como Cerro Verde y Southern Copper Corporation) en la renovación de los contratos ley, las concesiones mineras que vencen este año y nuevos contratos que juntos ponen en juego 80 mil millones de dólares (para el saqueo de recursos naturales sin pagar impuestos los próximos 40 años, incluido el despojo de las tierras de los campesinos comuneros). De allí, la militarización, el estado de emergencia con suspensión de garantías y la violenta represión clasista y racista de la dictadura de Boluarte contra la revuelta de masas desde abajo en Lima y todo Perú.

Otro objetivo imperial es convertir a Perú en punto de anclaje geográfico militar desde donde organizar una intervención más extensiva en Sudamérica con fines balcanizadores. Para ello, el Comando Sur ha venido adiestrando y adoctrinando desde hace años a centenares de oficiales de inteligencia, la Policía Nacional, la Marina de Guerra y el Ejército peruanos, y cuenta con una docena de bases castrenses (entre ellas las de Palmapampa, Mazamari, Pucallpa, Lima, Callao y Ayacucho) a las que llegan con regularidad enlaces del Pentágono, fuerzas de operaciones especiales y la DEA. Asimismo, Estados Unidos quiere que Perú se sume a la política de guerra de la OTAN y done armamento ruso (misiles, tanques, aviones, helicópteros) de sus fuerzas armadas a Ucrania, objetivo de la fracasada gira del peón alemán Scholz, por Chile, Argentina y Brasil, al que se opuso también el presidente colombiano, Gustavo Petro, bajo presión de la generala Richardson.

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Carlos Fazio Uruguayo-mexicano, Periodista

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