El juez Jhonny Gómez, dictó este domingo sentencia de treinta meses de cárcel acusada de presunta función del “delito integral de asociación criminal y corrupción” a Yenifer Nohelia Paredes Navarro, cuñada del presidente, Pedro Castillo.
Por la misma causa fue aprehendido el alcalde del distrito de Anguía José Nenil Medina, la decisión fue apelada por la defensa de los acusados y levantó grandes críticas de la oposición hacia el gobierno de Castillo e indignación por parte del sector oficialista que califica de “displicente” a la justicia peruana.
El presidente actualmente está siendo investigado por la Fiscalía, por seis cargos de delitos de corrupción y asociación criminal, entre otras acusaciones, y vinculaba a Paredes, como parte de ese círculo en el que supuestamente se usó tráfico de influencia y sobornos para beneficios propios.
La fuerte campaña de ataques contra el Mandatario, ha afectado incluso en el seno familiar. Días antes se conoció la denuncia de acoso y sometimiento al escarnio público del hijo mayor de Castillo, que no tiene implicación en funciones ministeriales, ni institucionales, por lo cual la Defensoría del Pueblo manifestó su rechazo en Twitter “Ante difusión de información personal del hijo del presidente @PedroCastilloTe, recordamos que toda persona tiene derecho a preservar su intimidad personal y familiar. Su hijo mayor es menor de edad, no es funcionario, y no debe ser sometido a escrutinio público. Rechazamos que sea objeto de ataques políticos. Todo nivel de responsabilidad es estrictamente personal y no debe involucrar a otros integrantes del núcleo familiar”.
Por su parte, la fiscal contra la corrupción Marita Barreto, afirmó mediante una entrevista pública en el programa Punto Final, que “venimos enfrentando conductas obstruccionistas, desde la creación del equipo especial (…) los investigados ostentan un poder económico y pueden manejar como lo están haciendo hoy (…) estamos elaborando un pedido a la Sra. Fiscal de la Nación, para que se lleve a cabo un Consejo de Estado, necesitamos respetar, hacer respetar, que el ministerio Público en ejercicio de su autonomía y de sus funciones contempladas en el artículo 159 de la Constitución, tenga libertad para ejercer su investigación con imparcialidad y objetividad”.
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Correo del Alba
