El juez Marco Antonio Fuerte, dictó medida de privación de libertad preventiva justificada, contra Jesús Murillo Karam, exprocurador, por el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa, México, en 2014.
En el desarrollo de la audiencia cautelar, el juzgado impuso las medidas a fin de evitar posibles fugas del territorio, mientras se determina la investigación de este crimen, que conmocionó a la nación y que recién, ocho años después, los familiares de las víctimas están viendo que la justicia se aplique, viviendo la angustia, la impunidad e incluso la corrupción durante el proceso de investigación del caso.
El pasado jueves 18 de agosto, se develó un informe gubernamental donde se describe la desaparición de los 43 estudiantes como “crimen de Estado” porque la Comisión de la Verdad Histórica, creada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto “ocultó los hechos, se alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia” explicó Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, el informe descartó, además, que los jóvenes sigan con vida “fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, por lo que conmina a continuar la búsqueda de los cuerpos. En la presentación fueron señalados treinta responsables a los cuales se les hará debido proceso tal como acaba de ocurrir con Murillo.
Esta comisión dirigida entonces por Jesús Murillo Karam, indicó como “verdad histórica” que la policía municipal detuvo a una banda delictiva denominada Guerreros Unidos, que ultimaron e incineraron a los estudiantes supuestamente al confundirlos con miembros de la banda de los Rojos, una versión cuestionada por los familiares, que no cesaron la campaña nacional e internacional “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, además por el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI).
Pese a que Murillo Karam, solicitará detención domiciliaria y presentará testigos para sustentar, prometió entrega de pasaporte, uso de localizador, firma de registro diario. Por su parte, el juez consideró que el alto perfil de la investigación, ameritaba la custodia en prisión.
