Colombia se aproxima a conmemorar, el 28 de abril, un año del inicio del gran Paro Nacional contra la Reforma Tributaria y en reclamo de derechos esenciales para la población, conculcados por el gobierno neoliberal de Iván Duque.
Se trató de la más portentosa protesta nacional contra un régimen político en el último medio siglo, incluso superior al combativo Paro Cívico Nacional de 1977 contra el llamado mandato caro de Alfonso López Michelsen.
Entre abril y junio de 2021, como en septiembre del 77, los gobiernos arremetieron contra el pueblo que reclamaba sus derechos. Pero el año pasado la violencia estatal fue de mayor magnitud y dejó más de 80 personas asesinadas por la represión policial y parapolicial, 48 de ellas en Cali y 18 en municipios del Valle del Cauca.
Está demostrado históricamente que Colombia tiene unas élites oligárquicas supra violentas, y que en la coyuntura actual estas sienten cada vez con mayor fuerza que su reinado tambalea y que es inevitable el triunfo de una nueva opción, la del Pacto Histórico y la amplia convergencia alternativa que se abre paso en torno de Gustavo Petro y Francia Márquez a la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, respectivamente.
Esa perspectiva tiene enloquecida a la extrema derecha que desata una nueva guerra sucia, combinando todas las formas de acción: propaganda mentirosa que no duda en incurrir en las más descaradas injurias y calumnias; intentos por desconocer los logros electorales del Pacto Histórico en el Senado y la Cámara; chantajes grotescos a trabajadores y jefes de hogar en entidades públicas y privadas; ventajismo de los organismos institucionales con la contratación estatal y con las maniobras de la Federación Nacional de Municipios en favor de Federico Gutiérrez, y muchos ejemplos más.
Ahora, con la acuciosa y diaria instigación de sus medios más abyectos, tipo RCN y El Tiempo, agregan la fábula de la “financiación rusa” de las protestas de 2021, una narrativa fantasiosa con la que el Gobierno instala una nueva matriz de manipulación para tratar de desacreditar la multitudinaria movilización ciudadana del año anterior y, paralelamente, sembrar la falsa idea de que “agentes extranjeros” intervienen en favor de las opciones de cambio político en Colombia.
Y, para completar, Duque espera trámite de urgencia en el Congreso de la República de un proyecto de ley con el que pretende cercenarle al nuevo presidente, que seguramente será Gustavo Petro, la posibilidad de acceder a la información de Estado en la transición de mando, lo cual es, en primer lugar, el reconocimiento de la inminente derrota de la derecha y del uribismo, y además, de que muy graves comportamientos esconde este Gobierno de corrupción y despotismo.
Todo lo anterior, en medio de un dramático panorama de masacres y asesinatos de líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz y defensores de Derechos Humanos, lo mismo que de la reedición de los falsos positivos.
El caso más grave de esto último ocurrió con la masacre de 11 campesinos en una zona rural del municipio de Puerto Leguizamo, departamento del Putumayo, a manos del Ejército Nacional, que aún hoy siguen siendo presentados como “integrantes de disidencias de las FARC dados de baja”.
La misma historia de los seis mil 402 crímenes de Estado cometidos en el mandato de Álvaro Uribe, repetida en el gobierno de Duque y culmen de la política criminal de un régimen que decidió hacer trizas los Acuerdos de Paz.
Como me dijera el padre de uno de los muchachos asesinados en Cali en la ola de violencia desatada por el gobierno de Duque contra el Paro Nacional de 2021, los represores privados y oficiales se han montado en una película en la que han convertido al pueblo, y especialmente a los jóvenes, en sus enemigos.
“Pueblo, por vuestra victoria, a la carga”
Esa visión paramilitar de la sociedad fue derrotada en Cali y el Valle del Cauca en las elecciones del pasado 13 de marzo, en donde el Pacto alcanzó una histórica votación.
Y será nuevamente derrotada el 29 de mayo por un pueblo que, como el de esta región, se ha convertido en pilar y epicentro de la resistencia antioligárquica de Colombia.
He ahí la razón del desespero de los afiebrados y fanáticos de la extrema derecha que llaman a la confrontación y a desconocer con la violencia el seguro triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez en las presidenciales venideras.
Este mes, cuando se cumplen 74 años del asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán a manos del régimen conservador, con la complicidad de la cúpula liberal de la época (1948), gran parte del país vuelve a hacer suya la consigna del caudillo: “Pueblo, por la restauración moral, a la carga; pueblo, por la derrota de la oligarquía, a la carga; pueblo, por vuestra victoria, a la carga”, ahora con los votos en las urnas, por el cambio en 2022.
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Luis Alfonso Mena Sepúlveda Colombiano, periodista
