Es marzo en la ciudad La Paz, se han vivido a fondo los entretelones del antes y después de un nuevo 8-M. En las últimas semanas la agenda noticiosa, para bien o para mal, ha sido copada por temas referidos a las mujeres. ¿Para bien? El Gobierno ha declarado este 2022 como el Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización y ha creado la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio. ¿Para mal? El destape del caso “Richard Choque” –la punta del iceberg–, el calvario de la joven Pamela Rocha a manos de su pareja en Potosí –en el mismísimo Día Internacional de la Mujer–, el aumento diario de feminicidios y otros hechos de violencia de género… la indudable bancarrota del sistema judicial.
Para nadie es una novedad que desde hace unos cuantos años el país ha sido sacudido, en todas las direcciones, por un amplio, diverso, creativo, propositivo, combativo y valiente movimiento feminista, repleto de colectivas y colectivos capaces de convocar en sus movilizaciones a decenas de miles de personas. Horizontes ideológicos radicales cuál más cuál menos… prácticamente todas y todos con una agenda antisistémica pero viable, con una actividad cotidiana sellada por la solidaridad con mujeres víctimas de innumerables abusos, tan inteligentes, dignas y desinteresadas que despiertan a cada paso simpatías y apoyos de la ciudadanía.
Como en Correo del Alba nunca hemos estado ajenos a movimientos y demandas de esta naturaleza, nos acercamos a la Articulación de Mujeres y Feministas Pluridiversas de La Paz y El Alto, y a través de ella pudimos entrevistarnos con tres mujeres que nos dieron su testimonio acerca del tortuoso peregrinaje en busca de justicia. A petición de ellas mismas, empleamos seudónimos para el caso de las víctimas; los nombres restantes sí se corresponden con la realidad.
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Laura tiene aproximadamente 35 años, es madre de dos niñas y un niño, abusados sexualmente durante años por el padre biológico, Sandro Zenteno, y el abuelo paterno. “Los denuncio el año 2016, por violación de infantes; ya llevamos casi siete años de impunidad y dejadez por parte de la Defensoría de la Niñez, que son quienes tienen que proteger a los niños en nuestro país –según dicen–”, nos relata de entrada.
Enseguida nos explica el confuso periplo que debió enfrentar para defender a sus hijas e hijo: entablar una denuncia en la Defensoría de la Niñez de la Zona Sur de La Paz, redirigirse a una división especializada en casos de violación, para posteriormente ser derivada a la ONG Misión Internacional, que la patrocinó por un año. “Me patrocinan en el área legal un año, y más que todo con terapias porque las chicas sufrían cutting, se cortaban, una se electrocutó e intentó varias veces suicidarse”, apunta Laura.
Luego del retiro del patrocinio de Misión Internacional, Laura se arrima hasta la Defensoría de la Niñez para consultar por el avance de la denuncia. No ha pasado nada, no hay documentación ni elemento alguno que indique que el proceso no ha caído en el olvido: “Me decían ‘vuelve mañana’, ‘vuelve pasado mañana’, ‘no nos llamó’, ‘¿por qué no va a una ONG?’”, comenta. ¿Está el sistema diseñado para cansar a las víctimas?
El año 2019 Laura recibe el golpe de gracia, su denuncia es rechazada, nos explica: “Había cámaras forenses y pruebas suficientes para imputarlos, habían pasado tres años y no había imputación por mi caso, y es cuando sale el rechazo”. Desde entonces un aluvión de acontecimientos: el caso se hace público, dos hijas son internadas en el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios en Irpavi, la Defensoría del Pueblo acciona contra la Defensoría de la Niñez, la presión mediática hace que la Fiscalía aprese preventivamente al padre de las niñas en el penal de San Pedro. Nos dice Laura: “Sabemos que 10 mil dólares cobran los jueces para soltar al homicida y cinco mil dólares para soltar al violador”. Por eso avanzaba tan lentamente su caso.
Para Laura no hay dobles lecturas, las víctimas están desamparadas por el Estado y los victimarios gozan de todo tipo de privilegios, al amparo de magistrados corruptos: “Al Órgano Judicial no le importa… hasta estando en el penal ha influido con el dinero para los jueces y fiscales; no sé cuánto se les ha pagado a estos señores, pero como entenderá yo tengo miedo por mi vida y las de mis hijas e hijo, no le puedo decir ni mi apellido. Y es que acá la persona que denuncia es perseguida y ni siquiera solo por el violador, sino también por los jueces, fiscales y policías, ya no sabes quién te va a matar, a ese punto llegas”.
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Claudia tiene poco más de 20 años, estudia Fisioterapia en una universidad privada de La Paz y, como muchas y muchos jóvenes, a causa de la pandemia en el año 2020 se vio obligada a buscar empleo para obtener ingresos con que ayudar a su familia.
Por recomendaciones de personas cercanas fue contratada por la empresa de limpieza Luxtrox, que ofertaba sus servicios, entre otros, al Banco Central de Bolivia y la Casa Grande del Pueblo.
Una tarde, con excusas de buscar unos implementos para un trabajo de última hora, un colega le pide a Claudia que le acompañe a una oficina en un edificio próximo a la Plaza Murillo; aunque dudosa del pedido asiste a la convocatoria. Allí encuentra a su jefe, Juan Carlos La Rosa, quien pronto la asedia, le obliga a tomar un líquido y la viola. No es la primera víctima.
El peritaje forense confirma la violación y la composición del líquido, nos dice Claudia: “Tenía cocaína en mi sangre… la gente me dice que no es posible que me haya dormido porque eso no te puede hacer desvanecer, pero una abogada me explicó que sí, que si mi organismo es puro obviamente me iba a hacer caer, porque la cocaína es fuerte”.
El peregrinaje de Claudia no es diferente al de otras mujeres, puso una denuncia esa misma noche en dependencias de la Felcc, donde nos cuenta que “dijeron que estaba borracha y demás, pero ni en los análisis forenses salió alcohol en mi sangre”. A las pocas horas, con las pruebas del peritaje y el rápido accionar de la fiscal Isabel Rivas, detuvieron al violador.
En cuestión de días otra vez desapareció la luz divisada al final del túnel. La fiscal fue reemplazada por la jueza Verónica Miranda, quien, en palabras de Claudia, “no hizo absolutamente nada”, y no solo eso, fueron desaparecidas las pruebas que acreditaban la violación: “No estaban las pruebas que habían encontrado esa noche en la reconstrucción del caso, como adormecedores anales, ropa interior de mujer, condones y cosas sexuales. Esa noche me hicieron reconocer todo y lo habían anotado, pero no está en mi cuaderno”.
La pesadilla se acrecienta en octubre del mismo año, la jueza la acusa de declarar incongruencias y mentir. Pese a un vuelco en la causa por un examen de ADN que confirmó el abuso por parte de La Rosa, este solicita a la Fiscalía que le levanten toda medida cautelar, ya que, como afirma Claudia, “estaba en detención domiciliaria, pero no ha cumplido porque me amenazaba, me llamaba, ni siquiera ha cumplido la detención domiciliaria, pero tampoco me creen”. Otra constante: las víctimas deben hacer el trabajo de la Policía.
Claudia nos narra cómo ha sido testigo de la colusión entre abogados y fiscales y delincuentes. Cómo los abogados defensores le pedían dinero a ella para agilizar o no la causa, cómo finalmente vio afectada su situación económica familiar a partir de esta desgracia: “Mi mamá ha sacado préstamos y préstamos, está endeudada hasta el cuello, incluso he dejado la universidad, tuve que congelar porque yo estaba en una universidad privada. He congelado, todo me ha perjudicado y no estoy pudiendo retomar mis clases de fisioterapia por esa razón”.
En estos dos años, actualmente ayudada con abogados y asistencia psicológica por la Articulación de Mujeres, Claudia ha perseguido y persigue una cosa: “Solamente quiero que este señor pague como tiene que pagar, con la justicia, que vaya a prisión, por mí y por todas las chicas a las que les hizo esto y a las que podría hacerle lo mismo, porque muchas señoritas que sé que van a trabajar en esas empresas por esta misma necesidad de estudiar y generar ingresos”.
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La conversación con Romina comienza así: “El año 2018 mi hija me llama a su dormitorio y me dice: ‘Mamá, quiero confesarte algo, me han violado’. Yo me quería volver loca. Luego me dijo que había sido Franklin, el hijo de mi hermana mayor, o sea, su primo hermano”.
Al enterarse de la noticia, Romina, como en los casos anteriores, pronto se vio a sí misma golpeando puertas de oficina en oficina, de la Felcc a la Defensoría de la Niñez, lugar donde se llevó la primera ingrata sorpresa, según nos relata: “Pese a que había peritaje forense, le han puesto en la Defensoría de la Niñez ‘abuso sexual’, cuando ha habido violación. Hasta el día de hoy el caso está como abuso sexual”.
El siguiente golpe de gracia lo sufrió Romina en boca de la propia fiscal Yaneth Usnayo, quien “rechaza el caso, me cita un día a su oficina y me dice: ‘Qué interés económico tiene de por medio con su hermana, dígame si quiere dinero’. Yo le dije: ‘¿Qué le pasa doctora? Lo único que quiero es justicia, que este individuo pague por lo que le ha hecho a mi hija».
Aunque la Defensoría del Pueblo acogió con éxito su caso, y con algo de lentitud, Romina reparó en estos tres años cómo, con las más elementales triquiñuelas –falsos cambios de domicilios, declaratorias de desconocimiento de la víctima–, los abogados del acusado han logrado, mediante presumibles pagos además, que uno tras otros los jueces desestimen la causa. Otro modus operandi reiterado: enroque entre jueces.
En mayo pasado el juez Franz Andrés Zabaleta, con la fiscal María Sara Delgado, procedieron, previa aprehensión del imputado, a dictar la detención por cinco meses en el penal de Patacamaya. A finales de año otro balde de agua fría: “La fiscal María Delgado determina que Franklin tenga detención domiciliaria, sugiere eso para que se terminen todos los actos investigativos y el fiscal Zambrana no dice nada, se queda callado, acepta la sugerencia, que para mí es libertad”.
El alegato de Romina es calcado al de otras víctimas: solo el dinero pudo haber cambiado de ese modo la sentencia, rechazar todas las apelaciones y, de paso, en un acto francamente cruel e inexplicable, obligar a la víctima a prácticamente convivir con el victimario: “Ahora vivo asustada, porque el tipo vive por Chasquipampa y todo el tiempo que voy a esa zona, porque tengo que ir al mercado o mi dentista ahí arriba, lo veo. Mi hija lo ha visto y ahora no quiere salir de la casa, está medicada, le han diagnosticado principio de esquizofrenia”.
Las palabras finales de Romina bien pudieran haber sido pronunciadas, sin distinción de discurso ni de énfasis ni nada por el estilo, tanto por Laura como por Claudia: “¿Dónde está la justicia? ¿La justicia es para los violadores? ¿Para los feminicidas? ¿No hay justicia para nosotras? Se aprovechan porque no contamos con la misma economía que esa gente, no sé de dónde sacarán la plata, pero han hecho todo para estar libres, felices y caminando”.
Al cierre de esta nota, el miércoles 9 de marzo, el Tribunal Primero Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz, dirigido por los jueces José Luis Quiroga e Iván Perales Fonseca, sentenció a Sandro Javier Zenteno Cussi a 20 años de cárcel en San Pedro por violar a sus dos hijas e hijo. En su muro de Facebook la Articulación de Mujeres publicó: “Sabemos que 20 años no son suficientes por todo el daño que ha hecho… ¡Exigimos su traslado a Chonchocoro, porque está demostrado que es un peligro para sus víctimas y la sociedad!”.
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Javier Larraín Parada Jefe editorial
