Cómo el neoliberalismo se apropió del agua y la convirtió en mercancía

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La situación actual del agua en el mundo es consecuencia del accionar del ser humano que ha acelerado no solo el cambio climático y agravado la contaminación, sino también ha usado indiscriminadamente los recursos naturales no renovables, y ha creado las condiciones para un aumento de la frecuencia de los fenómenos climatológicos extremos: por un lado las lluvias y las inundaciones, por otro las fases de sequía y varias ciudades sometidas a un estrés hídrico periódico. La gestión, la disponibilidad y la seguridad del agua están profundamente ligadas a la salud de las personas y del planeta, además de una larga serie de actividades humanas, entre ellas la agricultura.

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 2021 (COP26) de Glasgow, Escocia, uno de los encuentros más importantes para la discusión de los temas ambientales a nivel global, no se establecieron  objetivos ni limitaciones específicas para la distribución y conservación sobre todo del agua dulce, hasta el punto que la palabra “agua” no aparece ni una sola vez en el texto final de la Cumbre. Las únicas metas establecidas por las Naciones Unidas para el agua siguen siendo las relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, en particular el Objetivo 6, que pretende garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.

El cambio climático está agotando los recursos hídricos del planeta en favor de un clima más seco y árido. Los recursos de agua dulce, es decir, ríos, lagos y reservas acuíferas solo representan el 2.5% del agua del planeta, frente al 97.5% del agua salada. Las mayores extracciones de agua a nivel mundial, el 69%, se destinan a la agricultura y se utilizan principalmente para el riego, pero también incluyen el agua destinada a la ganadería y la acuicultura, y un 19% para el sector industrial, incluida la generación de electricidad y energía.

Actualmente cerca de mil 600 millones de personas se enfrentan a la escasez de agua por razones económicas, ya que aunque esté disponible físicamente a veces no existe la infraestructura requerida para acceder a ella. De acuerdo a estudios científicos, para el año 2050 se espera que más de cinco mil millones de personas carezcan de acceso adecuado al agua. Todo esto ha hecho que el neoliberalismo pose sus ojos en el “oro azul”, el agua bajo una antigua fórmula capitalista: “Cuanto menor sea la cantidad del recurso, mayor será el precio”. Esto impulsa el apetito voraz de las multinacionales y los grandes bancos de inversión, quienes conciben el agua como una “mercancía”. Viviendo la era del cambio climático, el único recurso gratuito que no había sido erosionado por el mercado se está convirtiendo en comerciable, de lo cual inevitablemente se deduce que en un futuro no tan lejano solo tendrán acceso al agua quienes puedan permitírselo.

En este sentido, las acciones que está tomando el neoliberalismo se están dirigiendo a llevar a cabo lo que el geógrafo marxista David Harvey ha denominado “acumulación por desposesión”. Para entender este concepto debemos señalar que el autor describe, por una parte, no solo un retorno de un ejercicio violento y arbitrario, ya no hegemónico, del poder por parte de la clase capitalista, sino además el regreso de una lógica de acumulación de capital basada en un tipo de violencia extraeconómica. Es decir, el capitalismo ya no se expande a través de la “dominación por hegemonía”, una expresión netamente gramsciana, sino también, y sobre todo, dado el carácter cada vez más financiero y rentístico del capital, por la “dominación por coacción”. En el caso del agua esto se traduce en la posesión mercantil de los recursos hídricos con el argumento de las enormes inversiones necesarias en infraestructuras, que solo pueden conseguirse con  la participación de empresas privadas que solucionarían los problemas del sector.

De esta manera, la política del agua se convierte en una cuestión de financiamiento, de acceder a una inversión capaz de generar beneficio y, en definitiva, de crear un mercado de los recursos hídricos. Al obtener un financiamiento de este tipo se produce automáticamente un tipo de privatización del agua, que algunas veces no es totalmente visible a los ciudadanos y ciudadanas. Las autoridades locales pierden el control democrático sobre los servicios urbanos,  y en las decisiones estratégicas para el suministro de agua. Así se enriquecen los codiciosos accionistas de los bancos de inversión que ven en el agua el nuevo petróleo.

Esto está sucediendo a diario ante nuestros ojos, con leyes que se vuelven genuflexas a los intereses del capital, con lo cual  el agua, el recurso natural más importante del planeta, deja de ser un bien común para convertirse paulatinamente en el objeto de nuevas disputas futuras.

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Yoselina Guevara López Corresponsal en Italia

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