Hasta finales del siglo XX, en el plácido valle de Cochabamba en Bolivia, los campesinos del área rural se dedicaban ancestralmente a la agricultura, sacando agua para sus dispersos terrenos desde arroyos, pozos, canales de aguas naturales y hasta de acequias mejoradas, en una región donde hasta el día de hoy el agua sigue siendo un escaso recurso.
En el año 2000 gobernaba el general Hugo Banzer, quien se venía reuniendo con el Banco Mundial (BM) desde hacía algún tiempo, aceptando las políticas draconianas hacia países pobres con sus nefastas consecuencias, privatizando servicios públicos y presionando para que el Estado entregara sus obligaciones a consultores extranjeros.
Sin una participación social real, ni acceso público a la información y donde no existía transparencia alguna, los campesinos y los habitantes de la ciudad de Cochabamba se enteraron que Banzer y el BM, junto a la multinacional Bechtel, habían firmado un contrato para privatizar el servicio de suministro de agua en la ciudad de Cochabamba, adjudicando el recurso al consorcio empresarial Aguas del Tunari, donde participaban empresas transnacionales.
Para “garantizar” la legalidad de la privatización a través de este contrato Banzer decretó la Ley N° 2029, la cual contuvo un conjunto de reglas que señalaron el camino hacia la privatización. Pero lo que hizo explotar a la población rural fue el Artículo 76, que cita: “A partir de la promulgación de la presente Ley, no se permitirá la perforación de pozos ni otras formas de captación de agua sin la debida Concesión o Licencia otorgada por la Superintendencia competente del SIRENARE. De existir una red de alcantarillado sanitario, el Concesionario estará obligado a conectarse al alcantarillado sanitario, debiendo cumplir la normativa vigente relativa a la calidad de las descargas al alcantarillado sanitario».
En la práctica, esto significaba que Aguas del Tunari podía cobrar por el agua que los vecinos obtuvieran de sus pozos, del río o incluso recogieran de la lluvia, y que si estos no pagaban estaba autorizada a desahuciarles y quedarse con sus casas.
Es así como en febrero de 2000 estalló la Guerra del Agua, en abierta y combativa protesta a la privatización del abastecimiento de agua potable municipal. La elevación de las tarifas alcanzaron desde el 100% hasta el 300%, lo que provocó reacciones y movilizaciones masivas de ambos sectores.
En las zonas urbanas las protestas se desataron por los aumentos excesivos percibidos en las tarifas del agua. En las comunidades rurales existía una preocupación generalizada por los efectos de la nueva ley sobre los derechos tradicionales y el acceso al agua para riego y usos domésticos.
Los daños sociales fueron muchos y, a pesar de la ley marcial y el estado de sitio, se bloquearon los caminos, con fuertes enfrentamientos durante tres meses, dejando varios heridos y detenidos. A pesar de la desventaja tanto de los grupos rurales como urbanos frente a la Policía, lograron hacer retroceder a las fuerzas de represión bajo el grito de “El agua es de todos” y “No pueden privatizar la lluvia”. Los llamados “guerreros del agua”, liderados por el dirigente Óscar Olivera, un activista sindical de bastante tiempo, junto a otros dirigentes, con quien luego fue presidente de Bolivia, Evo Morales, hicieron sentir su indignación contra la dominación extranjera, rebelándose contra una larga historia de corrupción política y dominación foránea en el país, el que se estaba entregando subrepticiamente a los poderes económicos mundiales.
La Guerra del Agua ganó adeptos en todo el país y el Gobierno se tambaleaba. Banzer no tuvo más remedio que cancelar el contrato con Aguas del Tunari y modificar más de 30 artículos de la Ley N° 2029, además de sufrir el retiro de la empresa extranjera y la renuncia del Superintendente de Aguas.
En cuanto a los servicios rurales, no se implementaron incrementos en los servicios de agua para uso agropecuario y de agua potable.
Al finalizar la Guerra del Agua, la empresa Aguas del Tunari presentó una demanda contra el Estado boliviano pidiendo una compensación de 25 millones de dólares. El caso fue escuchado en Washington D.C., en un tribunal de arbitraje dirigido por el BM… pero finalmente Aguas del Tunari retiró la demanda.
El déficit de agua en Cochabamba continúa actualmente, pudiera ser captada en regiones alejadas, pero el tratamiento y transporte se vuelven muy caros. Es ahora cuando los comités de agua deben fortalecer su lucha iniciada con la Guerra del Agua para que el Estado y los organismos departamentales logren dar solución al problema de fondo y principal objetivo: ¡Agua para Cochabamba!
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Edgar Michel Durán Ingeniero hidráulico boliviano
