Este 20 de octubre el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobó una resolución presentada por Estados Unidos, Antigua y Barbuda, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Canadá, Costa Rica y por una delegación que representaba al autonombrado Juan Guaidó, en la que atenta nuevamente contra la soberanía y la autodeterminación democrática de los países a ejercer sus leyes y tratar sus asuntos internos, apegados a la constitucionalidad interna. Se aprobó con 26 votos a favor y siete abstenciones.
Dicho documento resuelve en cinco puntos, un intento de marcar la agenda política-electoral que debe “seguir” el gobierno del presidente Daniel Ortega, de cara a las próximas elecciones de noviembre en ese país, amenazando incluso con la Carta Democrática, que es una de las acciones bajo la manga con la cual está institución sugestiona a los gobiernos democráticamente electos que no siguen la línea discursiva emitida desde la Casa Blanca en la actualidad:
- Reiterar su llamado para la liberación inmediata de los candidatos presidenciales y de los presos políticos.
- Expresar su grave preocupación por la circunstancia de que los intentos del Consejo Permanente de comprometer al gobierno de Nicaragua a la celebración de elecciones libres y justas han sido ignorados.
- Tomar nota con alarma del deterioro de la situación de los derechos políticos y derechos humanos en Nicaragua y del empeño del gobierno de Nicaragua de minar el proceso electoral.
- Urgir con vehemencia al gobierno de Nicaragua a poner en práctica sin demora los principios de la Carta Democrática Interamericana, así como de todos los estándares internacionalmente reconocidos, incluidas las reformas electorales acordadas, con vistas a celebrar elecciones libres, justas y transparentes tan pronto como sea posible, bajo observación de la OEA y otra observación internacional creíble.
- Adoptar, si es necesario, otras acciones en conformidad con la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluida una valoración de las elecciones del 7 de noviembre durante el quincuagésimo primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
Posición de Nicaragua
Ante esta arbitrariedad, el gobierno sandinista entregó un extenso documento, de rechazo, citando textualmente los artículos 1 y 2 de la Constitución de Estado, que dicen: Art. 1 “La independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos, atenta contra la vida del pueblo. Es deber de todos los nicaragüenses preservar y defender estos derechos.”
Art. 2 “La soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación. El poder soberano lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto, sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse esta representación”
En esta carta de motivos, Nicaragua denuncia la injerencia y agresión a la que se le quiere someter, violentando y menoscabando las leyes, tal como lo hiciera esta institución en Venezuela y Bolivia, países en los que se sumó a intereses golpistas:
“Hoy se convocan a los distinguidos Delegados de la mayoría de los Estados de Nuestramérica, para conocer y debatir, sobre un conjunto de conjeturas, propuestas, planes y mecanismos, que agreden directamente la soberanía nacional de Nicaragua. Nuestro País, jamás ha aceptado, no acepta, ni aceptará, actos que degraden su Libertad, como Estado Independiente, que ostentamos desde nuestra independencia nacional desde ya más de 200 años.
Esta fija y constante posición de honor Patrio lo hemos hecho en reiteradas ocasiones, ante múltiples sesiones de la OEA, la ONU, el Mnoal, la Celac, entre otros, por cuanto los alcances de nuestra democracia no permiten que Estado alguno, menos organismos como esta OEA, intervengan de forma grosera, inamistosa, Ilegal y Anticonstitucional en nuestros Asuntos internos”.
Asimismo la respuesta a la solicitud de liberación de supuestos presos políticos, el país respondió: “En nuestro país no hay un solo candidato detenido, NI UNO, No hay un solo Inocente procesado, NI UNO, los que están siendo objeto de procesos legales, son agentes extranjeros, identificados plenamente en nóminas de Gobiernos extranjeros, que usando las estructuras de Instituciones privadas, internaron millones de dólares para destruir, matar, quebrar la economía y subvertir el orden Constitucional. Eso en Nicaragua, desde 1979, es delito de lesa humanidad, y se castiga con determinación, pues es la vida del ciudadano común, el principal agredido y atacado y víctima. No son palomas de Basílicas, las que hoy enfrentan el peso de las leyes, son instigadores, asesinos y destructores. Por menos que eso, en muchos de sus Estados, sus Leyes, les aplicarían penas muy graves. Sin mayor presunción, o ley que no sean las llamadas Leyes Patrióticas”.
Esta carta ante el agravio de la OEA, al gobierno de Ortega, fue presentada el mismo 20 de octubre y con ella la decisión de no asistir a este llamado de reunión: “En este marco, y dado nuestras consideraciones de respeto por aquellos Delegados que, si entienden que los pueblos de Nuestramérica merecen ser tratados con integridad y respeto, NO participamos de esta sesión, pues una sola expresión de agravio a nuestra soberanía, no merece ser oída”.
