Pasaran algunos meses para que volviéramos a entrar a la Casa del Pueblo, recorrer sus salones, contemplar sus pinturas y apreciar el aire renovador del Proceso de Cambio que sigue en curso.
Nos esperaba María Nela Prada, ministra de la Presidencia y una mujer siempre comprometida con la labor de Correo del Alba. Nos recibió en su despacho y dio rienda suelta a una entrevista donde no nos guardamos nada, preguntamos lo cómodo e incómodo, lo que las personas desean escuchar en torno al informe de Derechos Humanos publicado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GEIE).
Aquí dejamos un extracto de esta conversación, la que puede verse íntegramente el programa El Taller del 23 de agosto, que puede ser consultado en nuestra página web.
¿Cómo ve la situación del país después de presentado el informe del GEIE?
El informe del GIEI, que fue presentado el 17 de agosto, ha sido recibido como una constatación de lo que el pueblo ya sabía, sentía y había asumido como verdad desde el primer momento en que se producen las masacres, las terribles vulneraciones a los Derechos Humanos en los meses antes del golpe de Estado, durante el golpe y el gobierno de facto.
Es un documento que señala de manera contundente cuatro hechos: primero, que hubo masacres en los casos de Senkata y Sacaba; segundo, que hubo ejecuciones extrajudiciales, sumarias, que son de las más terribles violaciones a los Derechos Humanos, las que se producen en el caso de la masacre de Sacaba, donde hay una manera deliberada y de absoluta intención de matar a la población desarmada que estaba marchando por nuestra democracia, quienes fueron asesinados a sangre fría, incluso por la espalda, bajo unas narrativas que se construyeron para intentar justificar estos terribles asesinatos: que “nos matábamos como salvajes” unos a otros por la espalda para intentar incriminar al gobierno de facto. Otra de las infames mentiras que se caen en el informe.
Un tercer elemento se da en el caso de la masacre de Senkata, con una narrativa también mentirosa que intenta justificar el asesinato a sangre fría de bolivianos, indicando que “salvajes masistas”, terroristas, sediciosos, querían hacer volar la planta de gas de Senkata; pretendieron así justificar el asesinato de 10 personas y el casi centenar de heridos. Al respecto el documento es bastante concluyente en indicar que no hay absolutamente ninguna prueba de aquello y por eso lo califica como masacre. Estas acciones estuvieron, además, amparadas en el Decreto Supremo N° 4078, que es el “decreto de la muerte” que saca el gobierno de facto para dar impunidad a las Fuerzas Armadas, para dar vía libre a la represión del pueblo, mismo que luego, por la presión social interna y una presión internacional, es abrogado, pero cuando ya se habían consumado las masacres de Sacaba y Senkata.
El cuarto hecho que se señala de forma inobjetable es la manera inconstitucional con la que llega Jeanine Áñez al poder. Establece lo que indica la Constitución Política del Estado (CPE) en cuanto a la sucesión presidencial, que ante la renuncia del Presidente y el Vicepresidente la sucesión constitucional es la Presidenta o Presidente del Senado, el Presidente o Presidenta de la Cámara de Diputados, hasta ahí llega. Luego tiene que generarse una recomposición en las cámaras ante la ausencia de sus titulares, para que asuma la presidencia del Estado de manera transitoria, hasta que se convoque a nuevas elecciones.
El informe señala textual: “La señora Áñez se proclama presidenta del Senado y luego, sin el quórum correspondiente, se proclama en la Asamblea presidenta del Estado, para luego dirigirse hacia el Palacio y que la banda presidencial se la coloque un militar y le entregué el bastón de mando”.
Como dijo el presidente Luis Arce el día de la entrega del informe: ¿Si esto no es un golpe Estado y no es una ruptura democrática, qué es? ¿Qué más pruebas se necesitan en Bolivia para decir que hubo una ruptura constitucional?
¿Cuáles son las decisiones que va a tomar el Gobierno? ¿Hay un antes y un después del Informe?
No. No hay un antes y un después de la presentación del Informe, porque desde el primer momento que alcanzamos nuestro gobierno, democráticamente electo con más del 55.1% en las urnas, asumimos un mandato del pueblo boliviano.
En ese sentido, si bien una de las primeras acciones que hicimos como Gobierno fue suscribir el protocolo con el GIEI para que se realicen las investigaciones de lo que pasó de manera independiente, nosotros, paralelamente, habíamos conformado un equipo interministerial, a la cabeza del Ministerio de Justicia, que estaba realizando un trabajo con las víctimas que merecen toda la atención para la reparación que debe entenderse de manera integral, no solamente en el ámbito material, sino moral, psicológico, de reinserción social. Hemos tenido encuentros con las víctimas mucho antes que salga este documento.
Aunque el informe concluye la investigación al 31 de diciembre de 2019, las vulneraciones a los Derechos Humanos han permanecido durante todo el gobierno de facto, y no solamente en cuanto a persecuciones, criminalizaciones o violaciones a la libertad de expresión, sino además en torno a movilizaciones pacíficas del pueblo exigiendo que haya elecciones, las que han sido brutalmente reprimidas, como es el caso de Santa Rosa de la Roca.
“Gran parte de las vulneraciones a los Derechos Humanos y las masacres se generaron contra población indígena originaria campesina”
El Presidente señaló que “la historia convoca a estar a la altura de las circunstancias”. Ante los hechos que confirman que se dio un golpe de Estado y hubo graves violaciones a los Derechos Humanos, ¿cuáles van a ser las medidas a tomar?
En su discurso el hermano Presidente señalaba varias acciones: la abrogación de un decreto presidencial de amnistía que sacamos y que está dentro de las recomendaciones del GIEI; la reparación integral de las víctimas; la generación de un censo de víctimas, entre otras.
Ha hecho igualmente un llamado a instancias judiciales, al Ministerio Público, para que se avance en las investigaciones correspondientes en torno a delitos de lesa humanidad, a las masacres, a las vulneraciones a los Derechos Humanos, a las ejecuciones sumarias que se establezcan, porque el pueblo boliviano está demandando –no porque lo diga un informe–: Memoria, Verdad y Justicia.
Este es un informe más, hay otros como los de la Defensoría del Pueblo, de organismos de Derechos Humanos, algunos internacionales inclusive, que ya señalaban las terribles violaciones a los Derechos Humanos que se habían cometido en nuestro Estado Plurinacional.
El Presidente ha hecho un llamado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para proceder con un juicio de responsabilidades, que debería ser llevado adelante y apoyado por todas las fuerzas políticas.
Hay varias tareas que tenemos que asumir, una de ellas ya la habíamos mencionado, y lo ratifica el informe del GIEI, en relación con un problema estructural que tenemos como Estado, vinculado al racismo. Gran parte de las vulneraciones a los Derechos Humanos y las masacres se generaron contra población indígena originaria campesina, población en situación de alta vulnerabilidad, contra jóvenes únicamente por tener rasgos indígenas.
El golpe de Estado estuvo marcado por la restitución de la República colonial racista, discriminadora, patriarcal y la restitución del modelo neoliberal, que van acompañados y se retroalimentan. El gobierno de facto reprodujo todas las lógicas y las recetas clásicas del neoliberalismo aplicado en la Región: una lógica de saqueo del Estado, de nuestros recursos naturales, beneficios a pequeños grupos de poder económico y político en detrimento de las mayorías.
Pero, vinculado al tema del racismo, el Informe sugiere que se pueda llevar adelante una cumbre plural, para que discutamos como sociedad la colonialidad que nos atraviesa y que hace que se normalicen estas prácticas racistas.
El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz dijo que no reconocía este informe y que se quedaba con el de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), ¿cómo lidiar con ese tipo de declaraciones?
Lo que he señalado en relación con opiniones, no solamente en el caso del presidente Comité Cívico, sino de algunos otro líderes de oposición que se han pronunciado en torno al Informe, es que se pretende dar la espalda a verdades que son irrefutables porque tienen grados de responsabilidad en lo que ha sucedido en el país.
En el caso de Santa Cruz, señala el Informe las terribles distorsiones del derecho a la protesta por parte de instituciones privadas como el Comité Cívico, que no tienen ningún tipo de atribuciones; por ejemplo, impidieron el derecho a circulación, inventando permisos para que la población pueda movilizarse. Atribuyéndose así competencias que son exclusivas de órganos del Estado y vinculados a algunas actuaciones que se crean desde brazos operativos parapoliciales, paramilitares, irregulares, que actúan fundando terror en la población. En la misma línea está la Resistencia Juvenil Cochala, articulada a violencia racista y machista.
Finalmente, se sembró un precedente nacional y regional sobre lo que significan estas violaciones a los Derechos Humanos, ¿cómo llevar adelante una reconciliación si parte de los violadores a los Derechos Humanos ocupan cargos a niveles de poder local?
El hecho de encarar procesos de administración de justicia es complejo, hemos reflexionado no solamente dentro de Bolivia sino de otros países, analizando situaciones donde se han establecido vulneraciones a los Derechos Humanos, masacres y, por supuesto, un informe de estas características es casi único en la Región: el caso de Ayotzinapa es otro de los informes del GIEI, por los 43 estudiantes desaparecidos; y entiendo que hay uno más en Centroamérica, en Nicaragua.
La presentación de este Informe no es que marque el camino de Justicia, somos un país soberano y que ha establecido sus propios mecanismos para llevar adelante procesos donde se haga justicia, pero sí aporta elementos contundentes para las víctimas en el camino de la Memoria, Verdad y Justicia.
En cuanto a las personas vinculadas a responsabilidades dentro del golpe de Estado, que se encuentran en ejercicio de funciones públicas, cabe decir que ningún servidor público está exento de responder ante la Justicia. Sabemos que todas nuestras acciones y actos están siendo analizados y observados por el pueblo y cuando la Justicia nos convoque a responder sobre nuestras acciones tenemos que presentarnos, es lo que corresponde: presentarnos y rendir cuentas ante la Justicia.
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Cris González Directora de Correo del Alba
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