La sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), solicitada por el Gobierno boliviano se llevó a cabo este miércoles de manera virtual. Teniendo como objetivo presentar un reclamo formal en contra del Secretario General de la entidad, Luis Almagro, ante la reiteración, a través de un comunicado de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia de la OEA, de haber encontrado “irregularidades” en las elecciones de 2019, lo que llevó a la anulación y posterior golpe de Estado en el país. El comunicado de la OEA fue emitido el 9 de agosto pasado, en respuesta al informe de la Universidad de Salamanca, que fue solicitado por el Ministerio Público de Bolivia dentro su trabajo de investigación sobre el caso denominado “fraude electoral” las pericias realizadas por esta casa de estudios esclarecieron que no existió fraude en las elecciones de octubre 2019, descartándose una posible manipulación de datos en ese proceso.
En la sesión, intervinieron el ministro de justicia Iván Lima Maine, el Canciller Rogelio Mayta, el representante boliviano ante este organismo, Héctor Arce y el secretario general Luis Almagro.
El ministro Iván Lima declaró que los Estados miembros de la OEA deben defender la institucionalidad de la organización y no permitir que un secretario general “que ha perdido toda objetividad y no le queda un mínimo de decencia en sus acciones” pueda seguir representando a los países miembros de este organismo. Además, dijo “Hoy pedimos que la Secretaría General de la OEA se abstenga de seguir cometiendo actos de intervencionismo y deje a la justicia boliviana hacer su trabajo. Bolivia rechaza con contundencia cualquier pronunciamiento del Secretario General de la OEA porque Almagro representa el dolor, la muerte y la humillación de los bolivianos”.
Consideró el informe de la OEA como un “documento sesgado” alejado completamente de los principios y valores por los cuales se fundó ese organismo. “Por tal razón, hoy dejamos constancia de estos actos de intervencionismo y solicitamos a los pueblos libres del continente que levantemos nuestra voz ante este nuevo intento de colonialismo y atropello a un Estado miembro”.
Igualmente apuntó que “lo que ha ocurrido con el discurso del fraude en Bolivia, que no ha sido comprobado por ninguna instancia judicial del Estado Plurinacional y por eso ha tenido un sobreseimiento en los Tribunales Departamentales de Justicia, no amerita mayor debate y discusión; no ha existido un fraude en el país y eso lo dice el Órgano Judicial en Bolivia y cualquier injerencia o intervención que pueda hacerse interna o externamente es una grave afrenta a la independencia judicial de mi país, (…) por lo que solo pedimos respeto a nuestro Órgano Judicial”.
Por su parte, el embajador Héctor Arce consideró un atropello el comunicado de la OEA que pone en tela de juicio la pericia que descarta “manipulación dolosa” en las elecciones anuladas de 2019. Asimismo, declaró que el Estado boliviano lleva a cabo, en el marco de su “absoluta soberanía” procesos internos que buscan la verdad y el definitivo esclarecimiento de los hechos de 2019 y cuando se está en la búsqueda de un camino de justicia y verdadera reconciliación “hemos quedado nuevamente sorprendidos al tomar conocimiento de un comunicado emitido por la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia y el cual fue adoptado por el Secretario General de la OEA”.
“Este nuevo e injustificado atropello no es otra cosa que un acto de grosera injerencia en los asuntos internos de Bolivia y se traduce en una nueva afrenta contra mi nación. El comunicado de nueve páginas de extensión fue publicado una vez más de manera unilateral por un órgano de la Secretaría General y no se ajusta a ningún procedimiento ni convenio ni acto alguno con la participación de los Estados miembros de la organización” Y lo que es peor “su contenido es profundamente ofensivo contra la dignidad y el Gobierno del pueblo boliviano” “Contiene expresiones y calificativos inaceptables de parte de una entidad que (…) debe estar al servicio de los Estados y no por sobre los Estados. Por esta razón, Bolivia rechaza y repudia categóricamente este comunicado y por la extrema gravedad de las falsedades que menciona, se ha solicitado este Consejo Permanente extraordinario (…) para hacer prevalecer la verdad”, señaló Arce.
Por su parte el canciller Rogelio Mayta y el ministro Iván Lima señalaron como “intromisión” la actitud de Luisa Almagro en asuntos internos del país y cuestionaron su credibilidad para seguir al frente de la OEA.
A su vez Almagro declaró “No tengo dudas sobre el buen cumplimiento del acuerdo con el Gobierno de Bolivia en 2019” e insistió en que la auditoría electoral de ese año tiene carácter vinculante “Entendemos que este acuerdo (para auditar las elecciones bolivianas) tiene un carácter vinculante, y el término vinculante no da lugar a dos interpretaciones. Hay diferencias con la delegación de Bolivia sobre el acuerdo. Nosotros cumplimos de buena fe”.
Por su parte para objetar a la pericia de la Universidad de Salamanca, interpuso al secretario para el Fortalecimiento de la Democracia, Francisco Guerrero, quien refutó el estudio por ser extemporáneo y según él, no haber sido realizado por personal técnico idóneo. Guerrero dijo que no se puede responsabilizar a Almagro y la OEA de los hechos posteriores al informe preliminar, sino a actores internos en Bolivia.
Al respecto, el canciller Mayta señaló que las intervenciones de Almagro y Guerrero son una nueva muestra de “intromisión” y que no se presentaron argumentos ante las denuncias explicadas por el Gobierno de Bolivia, en cuanto al comunicado del 9 de agosto. También dijo que no rechaza las misiones de observación electoral, sino el caso específico de la misión de 2019, lo que debería llamar la atención y a la preocupación de los Estados miembros de la organización.