El presidente boliviano, Luis Arce, realizó un discurso este martes, en la sede del Banco Central, con motivo de la entrega del informe elaborado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI), que estuvieron en Bolivia investigando los hechos violentos ejecutados en 2019, en el marco del golpe de Estado al entonces presidente Evo Morales.
Después de saludar a los encargados del informe, familiares de las víctimas, autoridades gubernamentales e invitados especiales el Presidente declaró:
“Hoy martes 17 de agosto de 2021, como gobierno nacional, ratificamos nuestro compromiso con el cumplimiento de un mandato que recibimos del pueblo boliviano, para recuperar la memoria histórica, sobre las terribles violaciones a los Derechos Humanos que se registraron en nuestro país a finales del año 2019. Establecer la verdad sobre los hechos sucedidos y buscar justicia para reconstruir nuestra sociedad, con democracia intercultural, inclusión y respeto recíproco.
El antecedente del informe, que hoy conocemos, fue la visita presencial que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del 22 al 25 de noviembre de 2019, en la que se identificaron graves violaciones a los Derechos Humanos, de amplio espectro y lamentables consecuencias, producto de esta constatación, recomendó con urgencia, la creación de un mecanismo de investigación nacional independiente y autónomo, a fin de conocer detalladamente los hechos que se registraron entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre 2019.
El 23 de noviembre del año 2020, a los pocos días de asumir nuestro Gobierno, democráticamente electo con el 55,1% del apoyo popular en las urnas, una de las primeras acciones que asumimos fue la firma del protocolo de actuación del GIEI, el cual fue integrado por cinco personas de alto nivel técnico profesional y reconocida trayectoria en la protección de los Derechos Humanos: Juan Méndez, Julian Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert y Patricia Tappatá, asimismo, Jaime Vidal, fungió como Secretario Ejecutivo del Grupo, a todos ellos les agradecemos por el trabajo realizado, que hoy nos dejan mayores elementos para encontrar justicia con un debido Proceso.
El GIEI, como señala el documento, espera que este informe coadyuve en el esclarecimiento de los hechos y al avance en justicia, verdad y reparación de las víctimas, objetivo que, como Gobierno Nacional compartimos plenamente. A lo largo de sus más de 750 páginas que contemplan testimonios y narración de las torturas, vejámenes y crímenes de lesa humanidad, el informe relata de manera desgarradora las vivencias y momentos de sufrimiento de muchos bolivianos y bolivianas, y sobre la base de evidencias contundentes y científicas podemos identificar en su texto con absoluta claridad las graves violaciones de los Derechos Humanos, masacre y ejecuciones extrajudiciales, que sucedieron en golpe de Estado, coordinado y gestado varios meses antes de noviembre de 2019. Con llamados expresos a la desobediencia civil y al desconocimiento de los resultados de las elecciones generales, por parte de algunos dirigentes políticos y cívicos, apuntalados también por la corporación mediática empresarial.
El informe refiere de manera directa la conducta asumida por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, en el establecimiento de prácticas no amparadas por el derecho de protesta, al extremo de suspender derechos, creando situaciones de excepción, que dependen únicamente de decisiones estatales. Una organización privada, no puede limitar y controlar la libre circulación de personas y, mucho menos, emitir permisos de circulación, abrogándose funciones que no le competen. Estas acciones ilegales tuvieron su ejecución, apoyo e implementación en la Unión Juvenil Cruceñista.
Respecto a la ruptura Constitucional, después de 37 años de construcción democrática, el informe establece claramente lo que señala nuestra Constitución Política del Estado con relación a la sucesión presidencial, e indica de manera textual “que en una reunión del 12 de noviembre de 2019 en el Senado, sin el quórum previsto por el reglamento, Jeanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores y luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa Plurinacional del Estado, Áñez, se declaró presidenta interina del Estado, ingresó al Palacio Quemado y un militar le colocó la banda presidencial y le entregó el bastón de mando. ¿Si esto no es un Golpe de Estado, qué más pruebas podemos pedir?
¿Qué pasó después de esta autoproclamación, contraria a la Constitución Política del Estado, las leyes y los reglamentos legislativos? Fue la restitución de la República colonial racista y discriminadora. Y cito textualmente el informe: “los primeros mensajes de celebración de este acontecimiento tuvieron alto contenido religioso y antiindigenista, acompañado de diversos actos de desprecio y repudio hacia la identidad indígena, representada en esos momentos por la wiphala, lo que indignó a las personas que se autoidentifican como población indígena originaria campesina y comunitaria”.
Además, altos dirigentes de la Administración de Áñez, se pronunciaron prometiendo el escarmiento y anunciando una cacería de masistas, a quienes, sin prueba alguna, se sindicaba de sediciosos, terroristas y/o cómplices de terrorismo. En este marco, una de las primeras acciones implementadas por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, fue promulgación del Decreto Supremo 4078, que dio vía libre a las Fuerzas Armadas, para reprimir al pueblo boliviano con total impunidad.
Claramente, había una decisión de matar y cito el informe de manera textual: “Desde su publicación Organismos Internacionales y organizaciones de la sociedad civil, manifestaron su preocupación por el contenido del Decreto, al respecto la CIDH manifestó, que el Decreto pretende eximir de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas, que participa de los operativos para el restablecimiento y estabilidad del orden interno, desconociendo los estándares internacionales de los Derechos Humanos y estimulando a la represión violenta, los alcances de este tipo de Decretos contravienen la obligación de los Estados, de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos”.
Producto de todas las acciones violentas, violatorias más bien de los Derechos Humanos en ese período, 38 hermanos bolivianos, probablemente en el mejor momento de sus vidas recibieron disparos y fueron masacrados.
Otro centenar de personas sufrieron lesiones de consideración, tanto físicas, como psicológicas. El 28 de noviembre de 2019, debido a la presión nacional e internacional, se abroga el Decreto Supremo, pero ya para ese entonces las masacres de Sacaba y Senkata, los dos hechos de represión violenta, sangrienta, con mayor número de fallecidos, como resultado de un operativo conjunto, en que Fuerzas Armadas y Policía boliviana, ya se había consumado el 15 y 19 de noviembre respectivamente.
Hoy en este auditorio del Banco Central de Bolivia, honramos la memoria de todas las víctimas mortales durante este funesto periodo, ya que los culpables nunca lo hicieron a nombre del Estado Plurinacional de Bolivia, les pedimos perdón y acompañamos el dolor de sus familias” El mandatario boliviano, leyó conmovido los 38 nombres de las víctimas de las masacres, todos jóvenes, pidió perdón en nombre del Estado Plurinacional y un minuto de silencio para honrarlos.
