El lunes 10 de agosto en nombre de Articulação dos Povos Indigenas do Brasil (APIB), un grupo de abogados encabezados por Luiz Henrique Eloy Terena, presentó ante la Corte Penal Internacional una contundente denuncia contra el actual presidente de Brasil Jair Bolsonaro por genocidio y crímenes de lesa humanidad. La acusación contra el primer mandatario se basa, en que desde que asumió la presidencia, hace casi tres años, ha adoptado una feroz política contra los pueblos originarios que ha transformado “los órganos y las políticas públicas, antes dedicadas a la protección de los pueblos indígenas, en instrumentos de persecución” con la intención de “crear una nación sin pueblos indígenas”. Cabe destacar que la fiscalía de la CPI, ha recibido otras dos denuncias contra Bolsonaro, una presentada por la Comissão Arns, una red de defensores intelectuales de los derechos humanos, y otra firmada por los líderes indígenas Raoni Metuktire y Almir Suruí.
Acusaciones contra Bolsonaro
El abogado Luiz Henrique Eloy Terena, de origen indígena, que representa a casi 900 mil miembros de los pueblos originarios señaló a los medios de comunicación que en la base de las acusaciones hay una serie de investigaciones universitarias, informes técnicos y documentos de líderes y organizaciones indígenas que prueban “una política claramente antiindígena y sistemática, planificada e implementada bajo el liderazgo de Bolsonaro”, en particular durante la pandemia de Covid-19. Además se le acusa de facilitar la apertura de tierras indígenas y áreas protegidas en la Amazonía a la explotación indiscriminada de sus recursos naturales (bosques y minas).En la denuncia se detallan innumerables decisiones, decretos, leyes a través de las cuales Bolsonaro ha permitido el aumento de los incendios y con ellos la deforestación, además de las actividades ilegales de empresas madereras y minería en las tierras indígenas, señalando lo cruel y pernicioso de estas acciones para los habitantes originarios de la Amazonia.
En 2019, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) de Brasil había informado de que la Amazonia había perdido 10 mil 129 km² a causa de la deforestación, un aumento del 34% respecto al año anterior. Además, Bolsonaro es acusado de fomentar los contagios de Covid-19 dentro de las comunidades indígenas, con un saldo de 57 mil infectados y mil 166 muertos sobre una población de 900 mil personas, según datos divulgados por la APIB. Los pueblos originarios de Brasil han denunciado que la presencia de mineros y madereros ilegales en las reservas, sin control sanitario de ningún tipo, es uno de los principales factores de propagación del coronavirus en las comunidades. Los pueblos originarios representan el 0,5% de los 212 millones de habitantes de Brasil, pero su tierra cubre el 13% del inmenso territorio del país suramericano y es el segundo pulmón verde del planeta.
Proyecto de ley de explotación de la Amazonia
Por otra parte, la APIB denunció que sobre la mesa de discusión del parlamento brasileño se encuentra un proyecto de ley, impulsado por el poderoso lobby del agronegocio, con el cual se pretende anular las normas actuales sobre la demarcación de las tierras indígenas, facilitando aún más su explotación. El 23 de junio cientos de indígenas se concentraron frente al Congreso brasileño para rechazar este proyecto de ley que podría reducir la plena protección de sus tierras, una propuesta que ya ha provocado enfrentamientos con la policía. El proyecto de ley que se está debatiendo en la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara Baja exigiría a los indígenas que deseen la plena protección de sus territorios que demuestren que vivían en ellos en 1988, año en que se firmó la Constitución de Brasil tras el retorno de la nación a la democracia. Sin embargo, los grupos proindígenas han argumentado que la fecha ignora el hecho de que “muchas tribus han sido desalojadas por la fuerza” de sus tierras ancestrales y, por lo tanto, no tienen forma de demostrar, legalmente, que el territorio les pertenece.
