El sábado 1 de mayo en El Salvador, en un acto marcado por el autoritarismo, se destituyeron a nueve magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general Raúl Ernesto Melara, durante la celebración de la primera sesión de la Asamblea Legislativa, con mayoría del partido de gobierno Nuevas Ideas.
No cabe duda que detrás de esta decisión se encuentra el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, en una búsqueda de concentrar los poderes del Estado en sus manos. Apenas unos minutos después de la votación, los jueces respondieron con una sentencia que declaraba inconstitucional la votación de la Asamblea, lo que ha puesto en marcha un enfrentamiento entre los máximos poderes del país.
Para la sala constitucional, los magistrados destituidos fueron electos a través de un procedimiento señalado en la Carta Magna, por lo cual representan un poder. Asimismo, fueron investidos de su autoridad con un decreto que les confirió un mandato de rango constitucional, cuyas atribuciones y tiempos no son determinados ni por el Ejecutivo ni por el Legislativo.
Bukele, elegido en 2019 para un mandato de cinco años, había tenido dificultades para conseguir la aprobación de programas en un parlamento dominado por dos partidos de la oposición, el derechista Arena y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Pero el rotundo triunfo del oficialismo en las últimas elecciones legislativas, por un margen sin precedentes desde el final de la guerra que azotó al país hace casi tres décadas, ya ha multiplicado los poderes del mandatario, el cual mediante del Parlamento y su partido, Nuevas Ideas, puede promover decisiones como la del sábado sin necesidad de negociaciones.
Los aliados de Bukele ocupan ahora 61 de los 84 escaños del Parlamento; en otras palabras, el Presidente puede deshacerse de los poderes compensatorios que caracterizan a una democracia, simplemente por estar en desacuerdo con sus resoluciones. Este fue precisamente el motivo que profundizó el enfrentamiento con el poder judicial; de hecho la sala constitucional destituida había declarado inconstitucional la normativa del Ejecutivo para la contención de la pandemia. Varias medidas de emergencia propuestas por Bukele para gestionar la crisis a raíz del coronavirus, habían sido derogadas por la sala constitucional por considerar que violaban los derechos fundamentales de la población. En cuanto a la destitución del fiscal general Raúl Melara, se atribuyó a sus presuntos vínculos con el partido Arena.
Reacciones dentro y fuera
Los partidos de la oposición denunciaron la medida como un «golpe». Anabel Belloso, legisladora opositora del FMLN calificó la votación como una intromisión antidemocrática en el poder judicial. «Estamos en contra de este golpe», escribió en un post en Twitter.
Diferentes organizaciones y movimientos sociales, como la Asociación Nacional de Veteranos y Veteranas de Guerra Comandante Schafik Hándal, también se han pronunciado manifestando que lo que ocurrió el 1 de mayo fue la instalación de una “dictadura con características diferentes, pero con la misma base de siempre, de la presencia e intervención de la Fuerzas Armadas de El Salvador y de la Policía Nacional Civil PNC, con el apoyo y participación de una parte de la nueva y vieja oligarquía conducida por el clan Bukele con el objetivo de tener la hegemonía del control en el Estado para saquear y favorecer sus ambiciones voraces de clase explotadora”.
Desde Washington tampoco apoyan esta decisión que tiene todas las características de arbitrariedad. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo que la Casa Blanca tiene una “profunda preocupación” por la democracia en El Salvador tras la votación para destituir a los jueces. A última hora del domingo Harris tuiteó: «Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia saludable , y para una economía fuerte».
Por su parte, el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llamó a Bukele este domingo para expresarle su preocupación por lo ocurrido. En un mensaje de Twitter expresó: “Hoy he hablado con el presidente salvadoreño para expresarle mi preocupación por la decisión de destituir al máximo tribunal de El Salvador y al fiscal general Melara. La acción de un gobierno democrático debe ser respetar la separación de poderes por el bien de todos los salvadoreños”.
Además Juan González, enviado de Biden para el Hemisferio Occidental, también transmitió su malestar el sábado por la noche con una frase lapidaria: “Esto no se hace”.
Pero extrañamente están reaccionando organismos que siguen la línea imperial y que han apoyado a golpes de Estado en la Región, como a Organización de Estados Americanos (OEA), que instó a respetar la separación de poderes. En un comunicado, el bloque de 35 miembros dijo que “rechaza la destitución” de los jueces y el fiscal general “así como las acciones del Poder Ejecutivo que guiaron estas decisiones”.
Finalmente, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch, dijo igualmente que Bukele “busca concentrar todo el poder en sus manos”.
