Los comicios electorales que se avecinan en Ecuador el próximo 7 de febrero están siendo signados por una constante vulneración de los derechos democráticos y participativos, lo cual pone en riesgo la transparencia de los mismos. La continua pugna entre Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y Consejo Nacional Electoral (CNE), organismos del control electoral, a tan solo pocas semanas de las elecciones en el país, nos coloca a los electores y electoras en un estado de incertidumbre ante el desconocimiento de cuál organismo tiene verdaderamente la responsabilidad ante las vulneraciones, prohibiciones y atropellos. Por ello hoy más que nunca es necesaria la presencia de observadores nacionales e internacionales antes, durante y después de los comicios, para evitar que se cometa un fraude y se irrespete la decisión popular, sea cual sea esta.
Conflicto entre TCE y CNE
Entre el TCE y CNE se ha generado un verdadero conflicto de competencias, ambos organismos se acusan entre sí de intromisión en las decisiones tomadas relacionadas con los derechos de participación electoral. En un período electoral quien organiza las elecciones es el CNE en materia administrativa, y le corresponde a los jueces del TCE resolver los asuntos litigiosos de los candidatos y candidatas. Pero pareciera que esta norma organizativa no está clara dentro de ambas instituciones. El TCE ha culpado al CNE de una falta de agilidad en los procesos, el CNE ha señalado que la falta de acuerdos entre las instituciones no permite que se cumplan los tiempos previstos, lo cual retrasa los procesos. Este ha sido un enfrentamiento entre las principales organizaciones encargadas del proceso electoral, que en definitiva pone en riesgo la realización de los comicios.
La anacronía del sistema electoral estadounidense
Los hechos acontecidos últimamente en Estados Unidos evidenciaron lo anacrónico de su sistema electoral y lo poco confiable de sus formas democráticas, así como la disfuncionalidad de sus instituciones, cuya misión debería ser la de garantizar el respeto a la “voluntad del pueblo soberano”. Al parecer, “las democracias no sometidas” son preocupación de los controladores del poder económico mundial, del gran capital transnacional, actor oculto que gesta esas nefastas nuevas formas de colonialismo que pasan por la desestabilización democrática.
Como en la actualidad los golpes de Estado militares tradicionales ya son condenados mundialmente, se han creado “nuevas formas de atentar contra las democracias legítimas”, como los golpes legislativos dados en Uruguay y El Salvador, así como también posteriormente los golpes de Estado desde la instrumentalización política de la justicia como lo sucedido en Brasil. Los pueblos de América Latina asistimos con estupor e indignación a esa “otra forma de golpe de Estado” dado en Bolivia, mucho más complejo como inesperado, pues fue desencadenado desde la Organización de Estados Americanos (OEA) de Almagro, ante lo que las Naciones Unidas resultó ser un organismo tan inútil, como incompetente.
Ecuador no debe seguir un ejemplo foraneo
Los malos ejemplos se extienden en dimensiones y expresiones de absoluta inadmisibilidad, en este contexto ese es el caso de Ecuador. En nuestro país se ha “hecho de todo” para impedir la participación electoral del mayor actor social y político contemporáneo, ahora representado en la Unión por la Esperanza (UNES), propuesta progresista liderada por Andrés Arauz y Carlos Rabascal, candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de Ecuador respectivamente. Es por esta razón que a los ciudadanos y ciudadanas no nos queda otra posibilidad que no sea rechazar de manera contundente las acciones de diversos sectores y actores políticos que en mal uso de los mecanismos democráticos han desencadenado en Ecuador “la mayor ola de hechos obstruccionistas del proceso democrático”, y los cuales están direccionados hacia un solo objetivo: coartar el pleno ejercicio del derecho a elegir y a ser elegido de los ecuatorianos e impedir consecuentemente el derecho de participación electoral del progresismo ecuatoriano.
De igual manera, alertamos a la comunidad internacional especializada en procesos electorales, sobre el conjunto de hechos dados y constatados en Ecuador, que caben perfectamente dentro de lo que podría llamarse el “obstruccionismo concertado, repetitivo y sistemático”, iniciado con el desconocimiento reiterado de movimientos políticos en los que convergen fuerzas progresistas, hasta el impedimento del “derecho a participar” de líderes y figuras políticas de amplia aceptación electoral.
En los últimos días hemos sido testigos de los “errores” de impresión de papeletas electorales, la censura de la utilización de la imagen de Rafael Correa en la campaña política de Arauz-Rabascal, mientras tanto son permisivos con funestos personajes involucrados en actos reñidos por la ley, como es el caso de Bucaram; así como también un plan de establecer horarios para el sufragio de acuerdo a las terminaciones de los documentos nacionales de identidad acciones que a todas luces retrasarían el proceso electoral y confunden al electorado. Todos ello nos debe alertar a los ecuatorianos y las ecuatorianas, y sobre todo a la comunidad internacional de que pudieran estar por venir acciones fraudulentas para vulnerar los comicios. Somos un pueblo que tiene derecho a la libre determinación, ello debe respetarse, expresarse y plasmarse el 7 de febrero.
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Marcelo Orellana Defensor y activista por los Derechos Humanos
