Por Correo del Alba
Hugo Fazio Rigazzi es un reconocido economista chileno, actualmente director del Centro de Desarrollo Alternativo (Cenda), que en agosto celebró 25 años de su creación. En el ámbito del análisis en economía política, el profesor Fazio no requiere de mayor presentación, su prestigio y trayectoria son reconocidas más allá de las fronteras.
Hemos tenido el privilegio de obtener su testimonio en el marco de las conmemoraciones de los 50 años de la Unidad Popular (UP) en Chile y en estas páginas nos ofrece un análisis acucioso de la economía de esos 1001 días del gobierno de Salvador Allende, quien lo designó como vicepresidente del Banco Central de Chile. De primera mano y protagonistas de los hechos más trascendentes, como la nacionalización del cobre, entregamos la importante mirada del destacado profesor.
¿Qué significado tiene para el pueblo chileno el 4 de septiembre de 1970
Hoy se celebra medio siglo del triunfo en las urnas de Salvador Allende en la elección presidencial de 1970, el cual constituyó un paso fundamental para dar nacimiento al gobierno de la UP, sin duda el más profundo esfuerzo efectuado en el país para resolver las grandes contradicciones existentes en la sociedad chilena por la presencia dominante del capital extranjero y los grandes intereses económicos internos, posibilitando una participación protagónica de las mayorías nacionales.
En lo personal, ¿cómo vivió usted ese día?
Ese día me tocó participar en las actividades propias del proceso electoral y después estar presente en el histórico y emocionante momento en que Salvador Allende habló esa noche desde los balcones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), en plena Alameda, destacando el triunfo y planteando la necesidad de reforzar la cohesión social y política generada para imponer el respeto a la voluntad popular.
Allende no ganó por amplia mayoría, aun así el pueblo celebró en las calles ese 4 de septiembre, ¿cuál era la situación para la UP, más allá de la alegría popular?
En esos tiempos no existía, como ahora, una segunda vuelta entre las dos primeras mayorías de no alcanzarse el 50%. La nominación del presidente electo recaía en ese caso en el Parlamento, en donde la UP no contaba con mayoría por si sola, el cual podía decidir entre los dos candidatos más votados. Fueron semanas muy complejas, incluido el asesinato el 25 de octubre del comandante en jefe del Ejército, el general René Schneider.
Fue un lapso en el cual se buscó a través de diferentes fórmulas no respetar la voluntad popular. Finalmente se suscribió el acuerdo de Garantías Democráticas entre la UP y la Democracia Cristiana (DC), que en lo fundamental buscó recoger los puntos programáticos coincidentes entre los programas presidenciales de Salvador Allende y Radomiro Tomic en materia de libertades públicas, derechos ciudadanos, perfeccionamiento del sistema democrático y garantías en los temas de libertades públicas.
Quisiera destacar una característica central en ese lapso, válida, como demuestran los hechos hasta el presente: cuando se construye una alianza política y social fuerte con un objetivo muy claro y trascendente, en ese momento llevar adelante las transformaciones planteadas en el programa de gobierno de la UP, las posibilidades de éxito son elevadas.
¿Qué rol asumió Usted, como político y economista, en el gobierno de la UP?
Con la formación del gobierno de la UP se produjo un hecho muy importante en mi vida al ser designado por Salvador Allende vicepresidente del Banco Central. Ello constituyó un gran desafío y en mi formación académica haber cursado el más intenso postgrado imaginable.
¿Cuáles fueron las experiencias más trascendentes en el plano económico del Gobierno?
Algunas experiencias relevantes de ese apasionante período, teniendo presente que transcurrió medio siglo y tanto el mundo como Chile son diferentes y, por tanto, tenemos que valorar realidades y experiencias, pero trasladándola a nuestra realidad. Una primera lo constituyó la nacionalización de la gran minería cuprífera. Acontecimiento que me permite insistir en la formulación realizada anteriormente de lo que significa cuando un objetivo trascendente es hecho suyo por un gran movimiento político social.
La nacionalización del cobre fue una transformación que estuvo presente durante décadas en dos proyectos de ley. Uno presentado por Salvador Allende y otro por los senadores comunistas Elías Lafertte y Salvador Ocampo. Durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se había aprobado lo que se denominó la “chilenización” del cobre, que básicamente no modificaba el dominio y el control de las transnacionales estadounidenses en el sector. Durante el período de su promulgación, siendo yo subdirector del periódico El Siglo, mantuvimos una gran campaña contra su aprobación, afirmando que el país requería de la nacionalización. Con el triunfo de Allende, la exigencia de concretar la nacionalización del cobre pasó a ser tan fuerte que se hizo muy difícil oponerse. Tanto fue así que en el Congreso se aprobó por unanimidad y no, desde luego, porque todos estuviesen a favor. Un hecho en la misma dirección se produjo en julio pasado con la aprobación de la reforma constitucional para retirar el 10% de los fondos de pensiones. Muchos parlamentarios de Chile Vamos se fueron sumando a votar por su promulgación. Todas las encuestas de opinión pública consignaban que contaba con un apoyo de 80% o más.
«Cuando se construye una alianza política y social fuerte con un objetivo muy claro y trascendente, en ese momento llevar adelante las transformaciones planteadas en el programa de gobierno de la UP, las posibilidades de éxito son elevadas»
¿Cómo se concretó la nacionalización, es decir, pasar a constituirse en una ley?
La ley de nacionalización creó un Tribunal Constitucional del Cobre para conocer las apelaciones de las compañías estadounidenses, en el cual me tocó participar durante todo su funcionamiento, ya que el titular designado, el presidente del Banco me delegó esa responsabilidad. Fue un tribunal en cuya composición estaban presentes miembros de la Corte Suprema y de Apelaciones de Santiago y ejecutivos de instancias estatales, entre ellos el director del Servicio de Impuestos Internos, el vicepresidente de la Corporación de Fomento y el presidente del Banco Central.
La explotación de los minerales del cobre por las transnacionales estadounidenses desde que pasaron a controlarlas fue aberrante. “El capital invertido inicialmente por las empresas norteamericanas –explicó en sus Memorias Orlando Millas, que fuese ministro de Hacienda y Economía de Salvador Allende– fue de solo US$30 millones y después no volvieron a aportar ni un centavo, limitándose a reinvertir, pero, además, ganando y retirando más de US$4.000 millones, monto equivalente entonces a la deuda externa chilena. O sea –subrayó Millas– los consorcios norteamericanos del cobre sacaron ganancias por más de 130 veces lo que habían invertido”. Con justa razón estas utilidades excesivas fueron descontadas en el proceso de nacionalización.
¿Se pagaron o no indemnizaciones a las empresas extranjeras mineras que explotaban el cobre en Chile?
El Tribunal Constitucional ratificó que todo el proceso se había efectuado con estricto apego a la ley. No había dónde perderse en la votación que se efectuó para pronunciarse sobre las apelaciones presentadas por las transnacionales, que tuvieron la posibilidad de exponerlas sin ninguna limitación. Las ganancias excesivas eran muy superiores a los montos de las indemnizaciones calculadas por el Contralor General de la República. Una sola apelación, la que corresponde actualmente al riquísimo yacimiento de Andina, que constituye un todo único con Los Bronces –explotada actualmente por la Anglo American–, siendo Codelco un accionista minoritario, se aprobó por mayoría de votos. Yo voté en contra, indemnizarla tampoco se justificaba. Luego del golpe de Estado, Pinochet cometió la aberración de hacerlo con las transnacionales cuyos alegatos fueron desestimados. En realidad, no constituyó una indemnización, sino un incremento de la expoliación a la que habían sometido al país.
¿Por qué se denominó a la nacionalización del cobre el Día de la Dignidad Nacional?
El 11 de julio de 1971, cuando se nacionalizó el cobre, fue denominado por Salvador Allende como el día de la Dignidad Nacional y de la Solidaridad Nacional. De la dignidad porque la nacionalización fue un acto de independencia y de solidaridad, porque el paso dado debería ser utilizado en el bienestar del pueblo. Un paso histórico en esta dirección lo constituyó lo acontecido en esos años en la distribución funcional del ingreso. En las estadísticas del Banco Central la distribución se mide, por un lado, en los excedentes de explotación, que constituye lo percibido como utilidad por el capital y la renta originada en los recursos naturales, y por otro, en las remuneraciones de los trabajadores. Durante el gobierno de la Unidad Popular la participación de estas últimas alcanzó a cerca de un 60%, porcentaje sin precedente en la vida nacional y tampoco posteriormente. Los excedentes de explotación se redujeron a 40%.
Inmediatamente de producido el golpe de Estado ello se modificó drásticamente. La dictadura acordó congelar las remuneraciones nominales en un momento de elevada inflación, de modo que su nivel real descendió bruscamente. En esos años la relación distributiva se revirtió totalmente: 60% los excedentes de explotación y 40% las remuneraciones. Un 20% del producto se sustrajo al factor productivo de trabajo y pasó al bolsillo de los excedentes de explotación. En cifras de hoy, un 20% del producto constituye un traspaso de algo más de US$ 60.000 millones. Esta relación se mantiene prácticamente sin modificar hasta la actualidad, constituye una crítica a los gobiernos existentes desde el término de la dictadura y también, desde luego, a las fuerzas progresistas sociales y políticas que no hemos sido capaces de levantar con fuerza esta exigencia. En los excedentes de explotación se produce a la vez una gran concentración debido a la elevada participación del 1% o 0,01% de la población de mayores ingresos.
En los días recientes, como resultado de una gran convergencia social y política, se produjo transitoriamente un hecho positivo en materia de distribución del ingreso, con la modificación constitucional que permitió retirar el 10% de los fondos de pensiones acumulados en el “ahorro forzoso”, manejado por grandes intereses económicos. ¿Cuál es el origen de este fondo?
En lo fundamental, es consecuencia de las bajas pensiones pagadas, en un elevado porcentaje cancelada con recursos fiscales, y que los excedentes de cotizaciones sin utilizar se incorporan al fondo. Son recursos nunca usados en el pago de pensiones y que nunca lo serían de subsistir el sistema de AFP. Así aconteció durante cuatro décadas.
Estos recursos, que no se habían destinado nunca a cubrir beneficios previsionales, en esta oportunidad en un 10% de su total fue recibido por los cotizantes, fundamentalmente trabajadores. El mal llamado “fondo de pensiones” en realidad financia inversiones empresariales. Únicamente se usan para calcular el reducido aporte de las AFP al pago de pensiones, que actualmente promedian $160.000 per cápita. Por ello. con el 10% entregado se produjo transitoriamente una mejoría distributiva. Si el sistema de AFP sigue funcionando como hasta ahora, rápidamente este traspaso será revertido de no ponerse término a este sistema, lo cual se conseguiría de aprobarse el proyecto de ley que derogue el D.L. 3.500, que le dio origen en los años de dictadura.
Una tercera experiencia a recordar es la estatización del sistema bancario, en el cual también me correspondió participar directamente. En su discurso del día de la nacionalización del cobre, Salvador Allende reiteró la necesidad de alcanzar otras trasformaciones necesarias contenidas en el programa de gobierno: “Hoy culmina una larga lucha de las fuerzas populares para recuperar para Chile el cobre como su riqueza esencial, pero al mismo tiempo, y hay que repetirlo, queremos nosotros terminar con el latifundio, hacer que las riquezas mineras, no solo el cobre, sean de nosotros. Estatizar los bancos y nacionalizar las empresas industriales monopólicas o fundamentales para Chile, estratégicas “.
En la generalidad de estos objetivos, el Banco Central, por su incidencia en la vida económica nacional, tuvo una función a desempeñar. Pero, en la estatización de la banca le correspondió un papel protagónico directo y ello se daba en un momento que la situación no era la misma de la existente, cuando se produjo la nacionalización del cobre. No era posible una ley, el Parlamento se había trasformado en un reducto militante de la oposición. Tanto era así que se llegó al extremo de aprobar los presupuestos fiscales anuales, pero sin hacerlo con los financiamientos respectivos, obligando al Banco Central a proporcionarle recursos mediante créditos con cargo a sus utilidades que son ingresos fiscales. Ello condujo a incrementar la masa monetaria transformada en un factor inflacionario. ¿Fue justo actuar así? No tengo dudas que sí, no hacerlo significaba paralizar al Gobierno. Menos aún era posible efectuarla a través de una reforma constitucional aprobada por el parlamento.
Sin embargo, la estatización constituía una necesidad imperiosa para llevar adelante el programa de gobierno. La banca no podía seguir siendo controlada y utilizada por intereses minoritarios. En 1969 el 1.3% de los receptores de los préstamos recibía un 45.6% del total. En cambio, el 62% de ellos percibía solo un 8.22%. El acceso al sistema de las pequeñas empresas era simplemente nulo: “Los clanes financieros –escribimos en esos días– no les interesaba tanto las utilidades que les deja el negocio bancario como la fuente de superbeneficios que este le permite generar en otras actividades”.
¿Cómo se llevó adelante el proceso de estatización?
La presencia de bancos extranjeros, a diferencia de lo que acontece actualmente, era muy escasa y no tenía un papel relevante. Hoy, con la excepción del Banco BCI, controlado por el grupo Yarur Rey, todas las mayores instituciones privadas tienen presencia controladora extranjera. El Santander es una filial del banco español del mismo nombre; el Chile tiene mayoría accionaria en partes iguales del estadounidense Citigroup y del grupo Luksic; en los bancos Scotiabank e Itau Corpbanca tienen mayoría accionaria instituciones canadienses y brasileñas, respectivamente. Con las filiales de bancos extranjeros se negoció directamente con sus casas matrices, llegándose a acuerdos de compra por bancos comerciales que habían pasado a tener mayoría accionaria estatal. Hubo un excepción, el Banco Do Brasil, la cual por una decisión del propio Salvador Allende, teniendo en cuenta los lazos latinoamericanistas que buscaba desarrollar y que se expresaba en una poderosa corriente solidaria con el país, no se le consideró.
Con las sociedades anónimas controladas por capitales chilenos se siguió un proceso propio de mecanismos de mercado, se abrieron poderes compradores de acciones, camino sugerido por el destacado economista Pedro Vuskovic, que fuera ministro de Economía en el gobierno de la UP. La concreción del proceso quedó radicada en el Banco Central y las adquisiciones de títulos eran efectuadas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Se dieron situaciones distintas. Hubo unos pocos bancos dispuestos a vender sus acciones desde un comienzo en las condiciones ofertadas; otros que antes de hacerlo entraron a largas negociaciones buscando obtener condiciones más favorables, sin embargo, el peso del Estado en el sector les llevó a buscar acuerdos o porque sabían que eran vulnerables por no cumplir durante largo tiempo con normas tributarias básicas.
«Fueron mil días de una experiencia extraordinaria, sin duda también existieron errores y visiones equivocadas, pero predominó avanzar en el cumplimiento del Programa»
¿Hubo resistencia de parte del sector financiero?
Como era presumible, la mayor resistencia se produjo en el Banco de Chile, el más grande banco comercial privado de ese momento. Se trató de organizar una defensa en términos similares como la que se efectuó en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), controlada por el grupo Matte, con el eslogan: “La Papelera no se vende”. Sin embargo, la situación no era la misma. El banco contaba con un porcentaje apreciable de títulos en poder de pequeños accionistas, los cuales tradicionalmente habían considerado que eran extraordinariamente seguros. El proceso no fue breve, pero la mayoría accionaria del Estado finalmente se logró. Cuando ello se produjo el proceso de estatización prácticamente llegó a su fin. Desde luego la campaña por la estatización contó con el apoyo de la mayoría de los sindicatos del sector. En los bancos estatizados se establecieron canales de participación de los funcionarios, tal como aconteció en el conjunto de las empresas que pasaros a formar parte del Área de Propiedad Social.
¿Cuál fue el escenario que tuvo que enfrentar la UP con estas transformaciones realizadas?
Un tema imprescindible para entender el escenario en que se actuaba es tener presente la guerra desestabilizadora desencadenada desde el mismo 4 de septiembre directamente por el gobierno de Estados Unidos y grandes intereses económicos de ese país, afectados por las transformaciones de fondo propuestas en el Programa. El presidente estadounidense, Richard Nixon, se propuso, como es conocido, “hacer aullar” la economía chilena a través de mecanismos económicos y muchos extra económicos. Las memorias póstumas de Richard Helms, director de la CIA, lo confirmaron, relatando una reunión efectuada el 15 de septiembre, unos pocos días después de la elección; en una libreta que llevaba a todas las reuniones registró las instrucciones impartidas por Nixon : “Una posibilidad en diez, pero sobre Chile (…) vale la pena el gasto (…) no se preocupe de los riesgos (…) no involucre a la embajada (…) US$ 10 millones ( de esa época) disponibles, más si es necesario (…) trabajo de tiempo completo (…) para reventar la economía (…) un plan de acción en 48 horas”.
Una de las líneas de acción fue debilitar la cotización del cobre en los mercados internacionales. En 1971 y 1972 esta se redujo cuando en los mercados se fortalecía la de la generalidad de los recursos primarios. Cuando en 1973 su precio se elevó, el gobierno de los Estados Unidos inmediatamente anunció que procedería a colocar en el mercado sus reservas estratégicas. Paralelamente, la Kennecott, una de las transnacionales afectadas por la nacionalización inició acciones judiciales en los mercados internacionales para embargar las exportaciones de cobre, lo cual nunca consiguió, pero dificultaba la recepción de divisas del principal rubro de exportación del país.
Cuando se inició el Gobierno las líneas de financiamiento bancario internacional del país eran efectuadas casi absolutamente por empresas estadunidenses, demostración muy clara del alto nivel de dependencia existente. La mayoría de ellas inmediatamente cortaron la relación hacia Chile, con la excepción únicamente de dos bancos comerciales, que la mantuvieron permanentemente, pero resultaba insuficiente. Ya con anterioridad al inicio del Gobierno, como destacó en su primera exposición sobre la Hacienda Pública el ministro de Hacienda Américo Zorrilla, refiriéndose al periodo previo a la toma de posesión del cargo por el presidente Allende, se había producido “fugas de divisas (y) especulaciones de dólares en el mercado negro (…) que significó el enriquecimiento ilícito de un puñado de especuladores que aprovecharon la falta de decisión gubernamental para detener sus acciones ilegales”. Acciones desestabilizadoras que fueron estimuladas a través de las declaraciones alarmistas efectuadas por el ministro de Hacienda del gobierno saliente, Andrés Zaldívar.
Ante el retiro de la mayoría de los bancos estadounidenses debió reconstruirse el tejido del país de relaciones bancarias internacionales, lo cual se logró con la actitud radicalmente diferente de varios bancos europeos occidentales (italianos, franceses y alemanes, entre otros) y filiales de bancos soviéticos en Inglaterra, Francia y Suiza. Hubo, además, una actitud solidaria muy destacada de varios Estados latinoamericanos. Un capítulo especial lo constituyó la negociación de la deuda externa del país con el Club de Paris, constituido por naciones acreedoras. Estoo exigía previamente contar con un informe favorable del Fondo Monetario Internacional (FMI), que debía obtenerse sin renunciar a las políticas independientes en aplicación, cuando la acción del organismo internacional en ese momento era recomendar políticas absolutamente opuestas. Fue una negociación larga pero fructífera, encabezada por el presidente del Banco, el economista socialista Alfonso Inostroza, que rompió los intentos de intensificar la presión sobre el país.
Fueron mil días de una experiencia extraordinaria. Sin duda también existieron errores y visiones equivocadas, pero predominó avanzar en el cumplimiento del Programa.
