Por ARGMedios
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó “su más enérgica protesta; así como su alarma ante un grave embate contra su independencia y autonomía ante la decisión del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de abstenerse de avanzar en el proceso de renovación del mandato de su Secretario Ejecutivo”.
En 2016, la CIDH seleccionó a Paulo Abrão, luego de un amplio proceso, para el cargo de Secretario Ejecutivo y quién posteriormente fue designado para el puesto, por el propio Almagro.
Durante la sesión realizada en México del 8 al 9 de enero de 2020, la CIDH decidió por unanimidad renovar el mandato a su Secretario Ejecutivo para el periodo 2020-2024.
El día 15 de agosto de 2020, el Secretario General de la OEA comunicó a la CIDH, sin consulta previa, su determinación de abstenerse “de avanzar en el proceso de nombramiento del Secretario Ejecutivo” de la CIDH; lo que en la práctica se traduce en una negativa a extender el contrato laboral, trámite requerido para dar continuidad administrativa al mandato del Secretario Ejecutivo.
Desde la a Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazaron “todo tipo de interferencia al ejercicio de su mandato y, en particular, a su facultad de elegir, renovar y separar a sus funcionarios de confianza”.
Ante el comunicado emitido por la CIDH, Almagro expresó “que lamentablemente no se ha podido avanzar en el proceso de designación del Secretario Ejecutivo de la CIDH debido a la existencia de decenas de denuncias de carácter funcional que han sido presentadas ante los mecanismos institucionales encargados de garantizar y promover los derechos de las y los funcionarios de la Organización y de procesar en este caso las reiteradas denuncias sobre posibles violaciones de sus derechos”.
Asimismo, afirmó: “Lamentamos que la CIDH, a pesar de estar en conocimiento de decenas de denuncias, en algunos casos por meses, no haya dado traslado de las mismas a la Oficina del Inspector General para su sustanciación, lo cual debió ser realizado en definitiva por la Secretaría General. Esta falta de tramitación es un duro golpe a su credibilidad”.
En el medio de las posturas entre la CIDH y la OEA, la República Argentina marcó su postura sosteniendo que “no comparte las explicaciones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en su decisión de no avanzar en el proceso de renovación del mandato del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, sobre la fecha del vencimiento del mismo”.
Al tiempo que explicó que “al hacerlo, el Secretario General desconoce la propuesta realizada por el pleno de la Comisión el 8 y 9 de enero del corriente año, conforme el Artículo 21 del Estatuto de la CIDH y el Artículo 11 inc.3 del Reglamento de la Comisión”.
Desde Cancillería Argentina argumentaron que “el Estatuto de la CIDH prevé mecanismos para la separación del Secretario Ejecutivo, siempre en consulta con la Comisión e informando los motivos que fundamenten dicha decisión. Queda claro que, de comprobarse algunas de las irregularidades aducidas, deberán tomarse las acciones pertinentes. No corresponde, entonces, que el Secretario General se atribuya potestades de proceder sin las consultas previstas con la CIDH”.
La cartera presidida por Felipe Sola, apuntó contra Almagro: “Resulta lamentable que el Secretario General insista en basar sus acciones en sus propias afirmaciones, en este caso con referencias generales a un informe de acceso restringido. Ello denota falta de transparencia y de compromiso de diálogo con la Comisión sobre situaciones que están previstas para su tratamiento por la normativa propia de la Organización”.
Por último, el comunicado de Cancillería destacó que “la Argentina manifiesta su profunda preocupación frente a una decisión que puede tener consecuencias en la legitimidad y efectividad de las labores de protección y promoción de los derechos humanos en la región del órgano principal de la OEA en la materia e insta a que se tomen todos los recaudados necesarios para garantizar la autonomía y la independencia de CIDH y que la misma no esté sujeta a presiones políticas en una tarea que resulta esencial para los Derechos Humanos en el hemisferio”.
