Por Yoselina Guevara López
Siendo casi la medianoche del martes 18 de agosto de 2020 el presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, dimitió de sus funciones a través de un discurso televisado a nivel nacional, mostrando signos de cansancio y llevando una mascarilla protectora quirúrgica. En su alocución explicó que no tenía más remedio que someterse a la voluntad de las Fuerzas Armadas para evitar que se derramara sangre como consecuencia del alzamiento militar que estaban viviendo. El jefe de Estado, de 75 años de edad, expresó: «Los enemigos de nuestro gobierno parecen haber ganado, aunque en realidad es la totalidad de Malí quien está perdiendo».
La renuncia de Boubacar Keita y el gobierno dirigido por el primer ministro, Boubou Cissé, fue forzada por una Junta Militar comandada oficialmente por el coronel de Fuerzas Especiales, Assimi Goita, la cual tomó el poder en Bamako. Esta es la segunda vez en ocho años que los militares de la base Militar de Kati derrocan el poder político del país; acusan al presidente de corrupción, incapacidad para combatir a los insurgentes yihadistas, y de la crisis económica agravada por la pandemia del Covid-19. Por su parte, Keita había sido encarcelado, pero noticias del día de hoy indican que el Comité Nacional para la salvación del pueblo, nombre elegido por la Junta Militar, lo habrían liberado, comprometiéndose a continuar la lucha contra los insurgentes en el Sahel, junto con los aliados internacionales (Francia y Estados Unidos ,) y devolver el poder al pueblo mediante elecciones que se celebrarían en tres años. Es decir, establecen un gobierno de transición con una duración trienal, tiempo que el coronel Assimi Goita y sus compañeros de armas han decidido conveniente para restablecer en Malí el orden y la gobernanza, tanto a nivel político como de seguridad, antes de entregar el poder a los civiles.
Consecuencias para los países vecinos
El golpe de Estado en Malí puede acarrear consecuencias devastadoras para los países vecinos, sobre todo para Níger, Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso; naciones que han estado enfrentando ataques del ejército yihadista durante años. En 2015 se había logrado firmar un acuerdo parcial de paz entre el gobierno del derrocado presidente Keita y los grupos armados, el cual está ahora amenazado por un yihadismo en constante recomposición y una Junta Militar que hasta ahora no ha expresado cuáles son sus verdaderas intenciones con respecto a las fuerzas subversivas.
«La renuncia de Boubacar Keita y el gobierno dirigido por el primer ministro, Boubou Cissé, fue forzada por una Junta Militar comandada oficialmente por el coronel de Fuerzas Especiales, Assimi Goita, la cual tomó el poder en Bamako»
El abanico de posibilidades es extenso y el nuevo gobierno militar podría tratar de congraciarse con el resto de la comunidad internacional prefiriendo la solución armada para el dominio del territorio, lo cual representaría un verdadero conflicto armado. Hasta ahora la Junta Militar intenta ganarse el beneplácito de la comunidad internacional. Se debe tomar también en cuenta que los grupos terroristas han ganado terreno y ejercen su influencia en importantes porciones del territorio de Malí. Desde 2015 los yihaidistas anunciaron una estrategia que palmo a palmo han llevado a cabo: conquistar el centro de Malí e ir a los países vecinos (Burkina Faso, Níger).
Por otra parte, es un hecho notorio que en la región del Sahel, esa franja del África subsahariana, tropas de soldados estadounidenses y franceses se encuentran enfrentando a los grupos yihadistas en una búsqueda de asumir el control territorial, pero cuyas verdaderas intenciones se hayan en el abierto interés económico de las potencias extranjeras de apropiarse de los recursos económicos, sobre todo minerales que posee Malí. En los dos últimos años, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha asignado 323 millones de dólares para el entrenamiento de las fuerzas de seguridad y otras formas de asistencia a los llamados «países del G5»: Malí, Burkina Faso, Níger, el Chad y Mauritania. Igualmente, Francia se ha convertido en el Estado extranjero con mayor presencia militar en la región, con alrededor de cinco mil soldados, así como varias bases militares desde las que se gestionan sofisticados aviones teledirigidos.
Paralela a la presencia occidental, las actividades de los grupos yihadistas se han multiplicado a lo largo de las fronteras con Burkina Faso y el Níger, dos países que han sido objeto de varios atentados en los últimos años. Las zonas gobernadas por los yihadistas han sido obligadas a seguir reglas religiosas muy estrictas, bajo pena de muerte, y muchos sitios históricos y de incalculable valor cultural han sido destruidos. No olvidemos que el yihadismo es un macro fenómeno del fundamentalismo islámico. Una desviación del Islam que promueve la “yihad”, una especie de “guerra santa” contra los que se consideran infieles, en una perspectiva marcadamente brutal y violenta que actúa como base ideológica del terrorismo.
Una crisis acumulada
La crisis política de Malí comenzó en la historia reciente en 2012, cuando los yihadistas tomaron el control de grandes partes del norte del país, en la frontera con Argelia y el Níger. El año anterior se había librado en Libia una guerra civil contra el entonces Presidente Muammar Gaddafi, en la que también habían participado potencias extranjeras, especialmente Francia,Italia y los Estados Unidos. Tras el derrocamiento y asesinato de Gaddafi, centenares de rebeldes malienses armados, que habían luchado junto al líder libio, volvieron a Malí y atacaron las ciudades del norte, asumiendo el control. La inestabilidad del norte de Malí fue la razón más importante del posterior golpe de estado militar, que depuso al entonces presidente de Malí, Amadou Touré. Fue en el subsiguiente vacío de poder que surgió la figura de Keita que para ese momento era un político muy popular. En agosto de 2013, un año y medio después del golpe de Estado, Keita fue elegido presidente por una amplia mayoría, gracias también a la promesa de luchar contra la corrupción. Sin embargo, en los últimos años, la popularidad de Keita descendió en caída libre, al igual que la seguridad en Malí, aún con la presencia e intervención de fuerzas militares occidentales. La incapacidad del Gobierno de Keita para garantizar la seguridad de los ciudadanos malienses parece haber sido la razón principal del último golpe de Estado, acogido en las calles de la capital Bamako con celebraciones y consignas a favor de los militares. Los críticos han acusado a Keita de no haber mejorado la situación económica del país y de no cumplir una de sus promesas electorales más importantes la de “luchar contra la corrupción”.
Elecciones signadas por el fraude
Las últimas elecciones parlamentarias de la Asamblea Nacional, celebradas en marzo de 2020, provocaron una ola de manifestaciones antigubernamentales de decenas de miles de personas acusando al presidente Keita de “fraude”. A finales de abril, el Tribunal Constitucional (TC) anuló los resultados de las elecciones para 31 escaños parlamentarios, lo que permitió al partido de Keita tener la mayoría en el órgano legislativo. Los principales partidos de la oposición se reorganizaron, colaborando con grupos de la sociedad civil, y formaron una nueva alianza llamada «Movimiento del 5 de junio», que comenzó a exigir la dimisión del primer mandatario. El 10 de agosto, nueve nuevos jueces del TC se juramentaron como resultado de la propuesta de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) para resolver la crisis producto de las acusaciones de fraude. Como señaló Nicolas Hacque, periodista de Al Jazeera: “Los nuevos jueces habían sido nombrados por uno de los aliados de Keita”. Esta juramentación amañada parece haber alimentado la idea entre los manifestantes civiles de que el presidente Keita estaba abusando de su poder.
La Cedeao y la Unión Africana se pronuncian
La Cedeao condenó el derrocamiento del presidente de Malí y de su primer ministro por quienes denominaron expresamente «golpistas militares». También esta institución procedió a suspender a Malí de todos sus órganos de decisión y decidió cerrar las fronteras terrestres y aéreas con Bamako compartidas por los países miembros. Asimismo, la Unión Africana procedió a realizar lo propio inhabilitando a Malí como país miembro “hasta que se restablezca el orden constitucional, informó el Consejo de Paz y Seguridad de la organización”.
Malí y el oro africano
De acuerdo al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe anual de 2019 sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que mide la esperanza de vida al nacer, la tasa de alfabetización y el PIB per cápita, Malí es el sexto país más pobre después de Níger, República Centroafricana, Chad, Sudán del Sur y Burundi. Con un IDH 0,427%, una esperanza de vida al nacer de 58.9 años y un ingreso per cápita promedio de mil 500 dólares anuales.
En un informe especial sobre Malí del 2018 , el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, señaló que el deterioro de las condiciones de seguridad en el país han agravado una situación humanitaria ya desastrosa, aportando los siguientes datos:
-4.3 millones de personas en estado de inseguridad alimentaria.
-Aumento del número de niños con riesgo de malnutrición aguda.
-El crecimiento exacerbado de nuevos desplazados y refugiados.
«Malí no solo posee una riqueza aurífera considerable, allí se encuentran otros recursos aún no explotados pero ya descubiertos, como por ejemplo los gigantescos depósitos de bauxita»
De acuerdo a información suministrada por el “Servicio de Paz” (LVIA), en el centro y el norte de Malí, los funcionarios de los organismos humanitarios son constantemente blanco de ataques terroristas, lo que les lleva cada vez más a suspender su presencia. Igual señalan que la tasa de acceso al agua potable es solo del 28% en la región de Gao, ni siquiera una de cada tres personas tiene acceso al recurso. A nivel nacional, la tasa de malnutrición aguda grave es del 2.6%, es decir, por encima del umbral de emergencia, y la tasa de malnutrición aguda es del 10.7%, lo cual supera ampliamente los límites de alerta.
Paradojalmente Malí es el tercer productor de oro de África, aunque no está certificado entre los 10 primeros del mundo. Como se detalla en un informe de la Federación Mundial de Derechos Humanos, la minería del oro es una de las principales actividades económicas del país y la exportación de mineral ocupa el segundo lugar después del algodón. Según el periodista Fulvio Scaglione, entre 2001 y 2008 se le concedieron al menos 60 licencias de exploración minera a empresas extranjeras. Estas compañías gozan de una libre actuación en territorio maliense y a menudo consiguen obtener la exención del pago de impuestos. Además no existe un vínculo entre la propia economía del Estado y el sector de la minería del oro, ya que todo el mineral extraído se exporta.
Hasta ahora el gobierno dimeso de Malí no había institucionalizado procedimientos legales que permitieran asistir a una actividad de extracción razonada, que tuviera en cuenta los Derechos Humanos de los trabajadores y evitara la destrucción del medio ambiente natural, con el progresivo crecimiento económico y social del país.
Pero Malí no solo posee una riqueza aurífera considerable, allí se encuentran otros recursos aún no explotados pero ya descubiertos, como por ejemplo los gigantescos depósitos de bauxita (más de 400 millones de toneladas), mineral del que se extrae el aluminio, el cual de ser explotado pudiera convertirse en el primer país exportador africano de este recurso. Pero además tiene reservas de “gas natural”, a unas pocas decenas de kilómetros de la capital Bamako, en un campo ya asignado a la empresa francesa Total; y por último, Malí es poseedor unas no despreciables reservas de uranio, presente en excelentes cantidades en el norte del país. De allí el interés de las potencias extranjeras, así como de los yihadistas, de mantener el control de ciertas y amplias extensiones territoriales de este país africano; siendo los únicos perjudicados los habitantes, que continúan siendo víctimas de la feroz rapiña por los amplios recursos naturales que poseen y de las erradas políticas de sus gobernantes.
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Yoselina Guevara López Corresponsal en Italia
