Por Correo del Alba
El pasado 28 de julio, a pocos días de haberse aprobado la ley del retiro del 10% de fondos de las AFP, el presidente Sebastián Piñera cambió su gabinete ministerial por segunda vez desde el comienzo de la pandemia y quinta desde que asumió su segundo mandato.
Piñera blindó su gobierno que, según distintas encuestas cuenta apenas con un 12% de aprobación, con el ala más dura pinochetista, ministros que tuvieron triste participación en la dictadura, como el senador Víctor Pérez Varela, quien fue alcalde designado en la región del Biobío por el régimen militar. En respuesta a este nombramiento la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de la región del Maule, víctimas de la dictadura, y de Colonia Dignidad, difundieron un comunicado acusando que Pérez se vinculó al «círculo de amigos y de protección» de esta colonia alemana que fue centro de detención, tortura y desaparición en la dictadura.
Una vez designado en la cartera del Interior, Pérez se trasladó a Temuco, corazón de la Araucanía, no a dialogar, sino a poner en marcha el plan del gobierno de “recuperación de la Araucanía” y frenar “el terrorismo”, lo que se traduce en endurecer la represión a las comunidades mapuche y militarizar el Wallmapu.
Piñera en su cuenta anual amenazó: “La violencia la vamos a combatir con toda la fuerza y el rigor de la ley”. Por su parte, Pérez declaró que en Chile no hay presos políticos, negando su condición a los presos mapuche para, de esa forma, imposibilitar la petición de cambio a arresto domiciliario mientras dure la crisis Covid-19 y el acatamiento de lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De paso aseguró que “existe la evidencia absoluta que estamos aquí frente a grupos con capacidad militar, grupos con financiamiento, con capacidad operativa y logística que están muy decididos a que no exista paz y tranquilidad. Eso es lo que vamos a combatir”.
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El combate se hizo sentir en territorio mapuche la noche del 1 de agosto, “la noche de la vergüenza”, como se ha calificado el accionar de grupos de civiles armados de palos, vociferando insultos racistas. Se cuenta con registro de conversaciones de particulares intentando convencer a Carabineros de hacer abandono de puestos de vigilancia, para ellos proceder a desalojos de los municipios tomados en Curacautín, Traiguén y Victoria, alentar quemas de Chimamul y propinar graves lesiones a comuneros, hombres y mujeres, que ocupaban pacíficamente las instalaciones edilicias en apoyo a la huelga de hambre que por más de 90 días llevan los presos políticos mapuches y el machi Celestino Córdova.
Alrededor de las 21:00 hrs. del 1 de agosto, el lonko Alberto Curamil, reconocido mundialmente como un importante activista ambiental, prevenía a la comunidad mapuche de estas acciones con el siguiente llamado: “Con llamados a carabineros dirigentes de la UDI pedían tomar la situación en sus manos para desalojar a los hermanos y hermanas mapuches que se encontraban en los municipios de forma pacífica”.
En pleno toque de queda, las hordas de civiles, en su mayoría organizadas por la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), irrumpieron de forma violenta en las sedes municipales, gritando consignas racistas como “indios de mierda” y «el que no salta es mapuche”, desalojando y destrozando las infraestructuras, además de quemar dos camionetas de comunarios y un rewe (centro energético vital) mapuche.
Una de las demandas del machi Celestino es poder renovar su rewe y así dar energía a su cuerpo y espíritu, su familia y su pueblo. La destrucción de un rewe para los mapuche es un acto de desprecio y atentado a su cultura.
«La noche de la vergüenza» terminó con 20 detenidos de comunidades mapuche, hombres y mujeres; sin que desde La Moneda se hiciera alusión a las acciones fascistas de estos grupos violentos. Agosto es el mes de la Pachamama, la que ha sido violentada desde el primer día.
