Por Correo del Alba
El jueves 30 de julio, las autoridades suizas (país donde se encuentra la sede principal de la FIFA, en la ciudad de Zúrich) tomaron acciones legales contra el presidente de la Federación, Gianni Infantino, el fiscal general, Michael Lauber, y el primer fiscal del cantón de Haut-Valais, Rinaldo Arnold, acusados del delito de conspirar dentro de la red de FIFAgate (nombre del escándalo deportivo ocurrido en 2015 en la federación, dónde se descubrieron crímenes de corrupción relacionados con numerosos trabajadores claves del organismo, denominándose más tarde como la telaraña de corrupción que continúa operando al día de hoy).
El mes pasado, la autoridad supervisora de la Oficina del Fiscal General (OAG), envió al fiscal especial Stefan Keller para abrir una investigación penal por diversas denuncias contra los tres sujetos. Haciendo seguimiento de la evolución de indicios de conducta criminal, concluyó que «existen elementos constitutivos de un comportamiento objetable», es decir, que a través de distintas pruebas se confirmó la realización de reuniones informales entre las tres partes en los años 2016 y 2017, donde se cree que hubo una colusión por el tráfico de información y sospechas por la alteración de pruebas de la Fiscalía en el caso del FIFAgate, del cual el fiscal Lauber era encargado. Los acusados han sido tachados y degradados, levantándose cargos por abuso de autoridad, violación del secreto de función y obstaculización de la acción penal.
Por su parte, mediante un comunicado público, la FIFA declaró estar «dispuesta a colaborar con la justicia suiza», pese a advertir que «encontrarse con el fiscal general suizo es totalmente legítimo y perfectamente legal», en alusión a las citadas reunión del FIFAgate.
