Por Correo del Alba
Esta semana fueron finalmente identificados los restos óseos del joven Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 estudiantes de la Escuela de Formación de Maestros Rurales de Ayotzinapa desaparecidos desde la noche del 26 de septiembre de 2014.La información fue suministrada por Omar García Trejo, jefe de la Unidad Especial para el caso de la Fiscalía General de México, quien señaló: “hemos recibido esta noticia con mucho dolor, pero es un paso en la dirección correcta en la búsqueda de verdad y de justicia». Las pericias están siendo llevadas a cabo por el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck (Austria), quienes analizaron los fragmentos óseos del estudiante, los cuales fueron encontrados en la barranca «La Carnicería», ubicada a 800 metros del vertedero de Cocula; los mismos no presentan rastros de calcinación o quema, lo cual demuestra que el joven desaparecido no fue incinerado.
Se desmorona la «verdad histórica» de Peña Nieto
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el Procurador General de la República mexicana, en el momento que sucedieron los hechos esgrimieron lo que calificaron como la “verdad histórica del Caso de Ayotzinapa”. Esta cronología oficial aseveraba que el asesinato y desaparición de los 43 estudiantes obedecía a una venganza perpetuada por el grupo delictivo «Guerreros Unidos», los cuales habían confundido a los normalistas con los integrantes de una banda criminal contraria denominada “Los Rojos”, procediendo a asesinarlos e incinerarlos en un basurero. De acuerdo al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aquella “verdad histórica” no es científicamente posible. Dado que es imposible incinerar mediante una fogata los restos humanos de 43 personas sin dejar rastros; se necesitaría al menos un horno crematorio de grandes dimensiones para realizar tal acción. Los expertos independientes descubrieron en la versión oficial lagunas como la descrita, pues más allá de un solo fragmento de hueso, no hallaron más restos de los estudiantes en el basurero donde supuestamente fueron incinerados. No obstante ello, la manipulación mediática se exacerbó a tal punto que inclusive se escribieron artículos de prensa y libros que apoyaban la tesis de la “verdad histórica”, los que carecían de cualquier tipo de basamento científico o razonamiento lógico. Los autores de los materiales señalados no habían visitado el lugar de los hechos y en algunos casos ni siquiera conocían México. Un claro ejemplo de cómo se activan los poderes mediáticos para encubrir y hacer desaparecer la verdad tras la fachada de una mentira dicha mil veces.
Con la identificación de los restos de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre la investigación toma un nuevo rumbo en el cual estaría implicados al menos 46 exfuncionarios del Estado de Guerrero (México), a quienes la Procuraduría General de la República acusa de desaparición forzada y delincuencia organizada, y contra los cuales el organismo ha emitido órdenes de aprehensión inmediata por su participación directa en el caso de los estudiantes asesinados de Ayotzinapa. El actual fiscal Alejandro Gertz Manero señaló: «Es necesario dejar muy claro que estos delitos no habían sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la Procuraduría General de la República». Con este vuelco de las investigaciones será posible establecer con un alta probabilidad de certeza la verdadera cronología y la forma en cómo sucedieron los hechos.
El vocero del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que apoya legalmente a los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, declaró: «Los familiares dijeron que sólo aceptarían la dolorosa verdad si se apoyaba en pruebas científicas; esta identificación confirma que todavía hay innumerables aspectos por aclarar”.
Terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad
Con base a los recientes hallazgos, la Interpol emitió una orden de captura contra el exfuncionario Tomás Zerón, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; dicha agencia estuvo a cargo de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014. En este sentido, Zerón sería la pieza clave para la acusación contra funcionarios de diferentes niveles del gobierno de Peña Nieto, quienes entorpecieron y distorsionaron las investigaciones sobre la desaparición de los jóvenes . Todo ello implica graves acusaciones que van desde prácticas de tortura, detención arbitraria, siembra de pruebas y violaciones de procedimiento, además de la asociación con organizaciones criminales para que cometieran la desaparición forzada y asesinato de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos. De comprobarse estas imputaciones el propio expresidente Enrique Peña Nieto y sus exfuncionarios pudieran enfrentar la grave acusación de «terrorismo de Estado” y de cometer “crímenes de lesa humanidad”, delitos imprescriptibles de acuerdo al Estatuto de Roma de 1998, por el cual se creó la Corte Penal Internacional.