Por Virginia Montilla
En 2019 fuimos testigos de la efervescencia de diversos movimientos sociales en varios de los países de América del Sur. Chile, Ecuador y Colombia fueron los principales focos de atención mediática. Aunque cada país tiene sus características propias, en general tienen una causa común que es el descontento por las políticas desgastadas que no han atendido los reclamos y verdaderos problemas que padecen la sociedad.
En Ecuador, un país que venía de vivir su mayor nivel de desarrollo económico y social, además de 10 años de estabilidad política, se encontró que un Gobierno que, a pesar de haber ganado con los votos de la izquierda, terminó aplicando medidas neoliberales para acceder a un rescate económico del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Chile, que ha sido la «economía modelo y referencial» del funcionamiento del mercado sobre la política, estalló en una conmoción social, luego que el Presidente Sebastián Piñera decidiera aumentar el valor del pasaje del Metro. Claro está que dicho incremento fue la última gota para derramar el vaso lleno de descontento generado por la gran desigualdad social que la economía chilena creó producto del propio crecimiento económico y su concentración en unos pocos. Tal como expresa el diario alemán DW en su artículo «Las dos caras de la moneda»: «…de acuerdo a los indicadores Gini del Banco Mundial, Chile es uno de los 10 países más desiguales del planeta. La gran revolución social que vive el país ha dejado en evidencia las falencias del sistema político-económico chileno, afectando de golpe la imagen del país en el extranjero».
Varios de los gobiernos suramericanos de corte liberal, dedicaron la mayoría de sus políticas públicas en la creación de ambientes propicios para la inversión nacional e internacional, el desarrollo de una industria, lo cual en ningún momento se objeta como malo. El único problema de esa ecuación es que el Estados debió ser el garante para que existiera un balance en la distribución de la riqueza de la nación y crear las oportunidades necesarias para una mayor inserción social. Es decir, crear las oportunidades para que más personas tuvieran las herramientas que les permitieran acceder al esquema de desarrollo económico (educación, vivienda, salud, trabajo, emprendimiento, acceso a la banca, empleos dignos y salarios justos, entre muchos otros). El papel de intervención del Estado siempre ha sido el debate profundo, de todas las ideologías existentes. No es mi interés en profundizar en este tema, aunque en definitiva es en sí mismo, una de las principales causas del problema.
En estos años, la sociedad se ha sentido presa por un sistema económico impuesto por las grandes empresas. Los jóvenes albergan pocas esperanzas en su desarrollo profesional y laboral, ya que el Estado no les brinda las oportunidades necesarias para el desarrollo de su potencial. Entonces nos encontramos con sociedades con resentimientos acumulados debido a la desconexión de los gobiernos con la realidad que ellas viven. ¿Por qué gran parte de la sociedad chilena no se siente representada por alguna de las tendencias políticas existentes en el país? El comunicador social y semiótico, Marcelo López, argentino radicado en Chile, conocedor de la situación de este país mencionaba en una reciente conferencia sobre la crisis en Chile: “La sociedad binaria se acabó”. Ya las personas no solo piensan en izquierdas o derechas. Son un conjunto de demandas y causas mezcladas que obliga a “refrescar la cultura sociopolítica de Chile”.
El gran “despertar de Chile” que presenciamos en las calles por varios meses, trajo a la luz la profunda crisis de las instituciones democráticas que llevaron a las personas a actuar en lo que, Javier Peréz, político chileno, define la como “Democracia orgánica”. Es decir, la gente juega la democracia fuera de sus instituciones por tener una desconfianza en ellas.
En pleno desarrollo de este gran debate público y en acción (la toma de calle y protestas), este primer trimestre de 2020 nos atrapa la pandemia de Covid-19, obligando a todas las partes (gobierno y pueblo) a entrar en una cuarentena generalizada, que pone en pausa los reclamos.
Como ya es bien conocido, el desarrollo de la pandemia a nivel mundo ha exigido el replanteamiento de todo tipo de agenda, tanto personal como gubernamental, y vemos que en muchos países donde se esperaban realizar eventos electorales, ya están comenzando a replantearse los cronogramas. Por qué menciono este hecho, porque en algunos países las poblaciones esperaban hacer los cambios políticos mediante sufragios y reflejar a través de esa vía el descontento con el gobierno existente. Como en el caso Chile.
«Cabe una alta posibilidad que se genere en el segundo semestre de este año una segunda ola de protestas, mucho más fuerte, violenta y quizás en más países, cuyas consecuencias podrían establecer escenarios pocos democráticos»
La primera ola de protestas alcanzó la fijación de una consulta para la reforma constitucional, la que estaba pautada para el 26 de abril de 2020, pero fue aplazada para el 26 de agosto de 2020, en principio. Sin embargo, el propio presidente Piñera dijo en una entrevista con CNN que “quizás la recesión económica va a ser tan grande, que esto es un tema que quizás se va a volver a discutir”. Mientras que diversos ministros de Estado han indicado que todo dependerá de la realidad sanitaria del país. Es decir, para este mes de julio está en discusión sí realmente se va o no a realizar el plebiscito constitucional, reagendado ya para el 25 de octubre.
Dos ingredientes más al caldo de cultivo:
Se está comenzando a conocer a ciencia cierta la profundidad de la crisis económica que fue acelerada por la pandemia, a una ya delicada situación que venía experimentado Suramérica. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) prevé una caída del 5.2% en la actividad económica de América del Sur. En su último informe asegura que: “Algunos países de esta subregión se ven muy afectados por la disminución de la actividad en China, por ejemplo Chile, un importante mercado para sus exportaciones de bienes. América del Sur se verá afectado también por la disminución de los precios de los productos básicos”.
Esto, sin duda alguna, generará mayores índices de desempleo y pobreza en la región. Mayores desafíos sociales, de los ya existentes.
Por otro lado, el manejo sanitario de la pandemia en algunos países ha sido errado. Con la llegada de los primeros casos confirmados, los gobiernos comenzaron a debatir la gravedad real del asunto, frente a las consecuencias económicas de someter a toda la población a fuertes cuarentenas, con lo cual reformularon las políticas de contención sanitaria. Los resultados de este mal diagnóstico no se hicieron esperar. Brasil, Chile, Perú y Ecuador han sido los países de la región con mayores casos de muertes y contagio. Solo en Chile, al 19 de junio, se registraron más de cuatro mil muertes, de un total de 231 mil 393 casos registrados, sin perder de vista que su población solo alcanza algo más de 18 millones de habitantes, lo cual lo convierte en uno de los países con la mayor tasa de defunciones según al número de habitantes.
La tarea sigue pendiente
Si retomamos el escenario social y económico en que se encontraba una gran parte de los países de América Latina para finales de 2019, y le agregamos estos dos elementos productos de la pandemia, el sanitario y el económico, que en definitiva van a agravar aún más la ya delicada situación, cabe una alta posibilidad que se genere en el segundo semestre de este año una segunda ola de protestas, mucho más fuerte, violenta y quizás en más países, cuyas consecuencias podrían establecer escenarios pocos democráticos, que creíamos que habían quedado en el pasado (las noches oscuras de las dictaduras militares).
Particularmente lo referente al caso Chile, en marzo, cuando comenzó la pandemia, los temas denunciados por las demandas no habían sido resueltos y prácticamente ni atendidos. A finales de junio, se mantiene como una tarea pendiente, con el escenario económico altamente comprometido y la posibilidad que el referendo no se realice o se posponga.
¿Cuál es la capacidad y voluntad que tiene el Gobierno de Chile para resolver el problema, cuando pareciera que tiene menos maniobra en lo económico con la que contaba en 2019? Es inevitable el aumento del desempleo o de pobreza que comienza a registrarse en el país. Además, ¿cuáles son las capacidades de negociación que tiene el Gobierno cuando, evidentemente, carece de credibilidad? Ya se vio en el mes de octubre de 2019 las fuertes medidas de represión que se registraron contra los manifestantes. Y ahora cuenta con el cumplimiento obligatorio de las cuarentena, lo cual da más poderes de “control social” a las fuerzas policiales.
En su reciente artículo «La Pandemia y el Sistema-Mundo”, Ignacio Ramonet recuerda que luego de finalizado la pandemia de la gripe española, en 1920, las personas se sumergieron en una gran euforia que «acabaría estrellándose, diez años después, contra el crack bursátil de 1929 y la Gran Depresión. En aquel mismo momento, en Italia, una doctrina nueva llegaba al poder. Estaba destinada a tener mucho éxito. Su nombre: el fascismo… ¿Se repetirá la historia?».
Esta referencia histórica no tan lejana, nos recuerda que ante el debilitamiento de las instituciones democráticas, la pérdida de credibilidad y actuación, la «ley y el orden» debe imponerse de alguna u otra forma. En un país, el orden puede ser impuesto por quien tenga el poder de control o la fuerza en armas para someter. El futuro próximo nos dirá quien lo ejerció primero.
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Virginia Montilla Analista política
