Por Yoselina Guevara López
El embajador venezolano en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció en el día ayer, ante el Consejo de Seguridad , la fallida incursión de un grupo de mercenarios a su país, mediante la denominada Operación Gedeón, cuya finalidad era derrocar al presidente Nicolás Maduro. En una carta de 13 páginas, enviada al secretario general António Guterres, el canciller venezolano informó detalladamente acerca del procedimiento de la fracasada Operación Gedeón, efectuada entre los días 3 y 4 de mayo, a través de la incursión vía marítima de grupos armados de mercenarios y terroristas, entrenados, financiados y protegidos por los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos. Dicha denuncia señala que «se trata de un crimen de lesa humanidad, ejecutado con circunstancias agravantes, pues usó como ventaja militar la presencia de una mortal pandemia que afecta a toda la humanidad”.
Asimismo, en el mentado informe se indica el hallazgo, en el Río Orinoco, de tres embarcaciones pertenecientes a la Armada colombiana, con un arsenal de armamentos y municiones con las que presumiblemente se preparaban para sostener un ataque armado en gran escala. El documento además prueba la vinculación de un sector de la oposición venezolana con los hechos terroristas.
Implicación de los Estados Unidos
Dentro de la denuncia consignada por Miraflores se incluye un contrato que da muestras del financiamiento de la Operación Gedeón por parte del empresario Roen Kraft, ciudadano estadounidense. Igualmente se confirma la implicación de la empresa norteamericana Silvercorp, de Jordan Goudreau, como propietarios del armamento de guerra empleado. El texto señala que «según el ordenamiento jurídico estadounidense, cualquier empresa que suministre armas para ser llevadas al extranjero debe contar con una autorización emitida previamente por el Departamento de Estado de EE.UU.». Esto confirmaría la vinculación de la administración Trump con la intentona paramilitar, que ha arrojado hasta ahora una cifra de 47 detenidos en Venezuela, incluidos los ciudadanos estadounidense Luke Denman y Airan Berry, exmilitares de las Fuerzas Especiales de su país.
«Dentro de la denuncia consignada por Miraflores se incluye un contrato que da muestras del financiamiento de la Operación Gedeón por parte del empresario Roen Kraft, ciudadano estadounidense»
Consejo de Seguridad de la ONU
El Consejo de Seguridad es el órgano con mayores poderes de la ONU. Y según el artículo 24 de la Carta de las Naciones Unidas es «responsable del mantenimiento de la paz mundial y de la seguridad internacional». También es el único espacio autorizado para imponer sanciones económicas o militares a cualquier Estado.
El Consejo está compuesto por 15 miembros, cinco de los cuales son permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña y Francia) y otros 10 elegidos en la Asamblea General para un período de dos años.
Según el artículo 30 de la Carta, el Consejo de Seguridad tiene el poder de autoorganización y por lo tanto puede adoptar sus propios reglamentos. Estas normas rigen, entre otras cosas, sus reuniones internas, el orden del día, la organización de los procedimientos y el sistema de votación. Del mismo modo, está facultado para actuar con el fin de preservar la paz y la seguridad internacionales, de conformidad con el artículo 24.
Según el artículo 35, cualquier miembro podrá someter al Consejo las controversias o situaciones y el organismo decidirá si hacer o no recomendaciones. Una vez que haya establecido la existencia de una amenaza a la paz, según el artículo 39, el Consejo actuará de conformidad con los artículos 41 y 42 . De manera tal que puede exigir a los Estados miembros que adopten sanciones, las que irían, por ejemplo, desde la interrupción de las relaciones económicas y diplomáticas hasta embargos; en la práctica tales decisiones son vinculantes.
Finalmente, de acuerdo con el artículo 42, el Consejo de Seguridad puede adoptar las acciones (militares) que sean necesarias para mantener o restaurar la paz y la seguridad internacional. Estas pueden llevarse a cabo no solo en casos de amenaza a la paz, sino también en otros de índole humanitarios, como ocurrió con el genocidio de Ruanda en 1994.
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Yoselina Guevara López Corresponsal en Italia
