Por Víctor Vacaflores Pereira
Hemos asumido, académica y socialmente, que las políticas públicas son el medio, el mecanismo para la materialización de las necesidades y derechos de la población, así como las iniciativas y promesas de las autoridades en ejercicio. Más allá de las personas, consumar decisiones, directrices, norma, ley, organización estatal, presupuesto, participación social y aparato, constituye política de acción de Estado, es decir política pública. Es la manera en cómo el Estado en todas sus formas y niveles debe actuar sistemáticamente.
Se debe pensar y exigir entonces que en materia de empleo se actúe en consecuencia. Las políticas de empleo en tanto decisiones de Estado, buscan desarrollar programas y medidas de disminución del desempleo, equilibrio en el mercado de trabajo, calidad y cantidad de la oferta y la demanda laboral, en su caso, centralidad del trabajo. Como política de Estado, debe ser parte de las políticas económicas y sociales, de la estrategia de desarrollo de un país o del plan de desarrollo como en el caso boliviano, que acá vendrían a ser el Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2006-2011) o el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES, 2006-2010).
El empleo es uno de los indicadores más sensibles y referentes del bienestar de la población. El trabajo es el verdadero creador de las cosas, el verdadero transformador de la vida, de las personas del pasado y será del futuro. Nada está fuera del ámbito creador del esfuerzo humano, sea este físico, intelectual, individual y en especial, colectivo.
Giro del empleo en Bolivia
Constitucionalmente, en el Proceso de Cambio que se inició el 2006 con Evo Morales en la presidencia, el derecho al trabajo adquiere un estatus de responsabilidad estatal que no está colgada ni suelta, solo para dar cumplimiento a la avanzada de la conquista universal de los derechos humanos, en el cual el derecho al trabajo como parte de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es fruto de las grandes movilizaciones del proletariado del mundo y del hecho histórico singular como fue la Revolución rusa. Los artículos 46 al 55 de la Constitución Política del Estado (CPE) tienen sostenibilidad y consistencia ya que son parte de la estructura económica, de la liberación social, de la soberanía e independencia del Estado Plurinacional. No son palabras, no son oraciones vacías. Son parte de un modelo, de un Estado donde el ser humano y sus derechos son la columbra vertebral del sistema constitucional de Bolivia. Donde establecer políticas de empleo no están dejadas a la iniciativa privada y al interés del capital, es un deber del Estado y está sintonizado con la línea del desarrollo productivo, con la planificación, con el control de los recursos naturales, el proceso de industrialización y la redistribución de la riqueza. Es decir, el empleo es parte de un proyecto integral.
Este espíritu ya aparece en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2006-2011, “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para vivir bien”, con el atributo estatal de planificar la economía y por ende la articulación de los factores de la producción, no dejando al libre mercado que lo resuelva todo.
En efecto, los programas y proyectos, la inversión pública y la diversificación productiva de este plan dinamizaron la generación de empleo orientada al empleo trabajo y permanente con un crecimiento promedio programado de 90 mil puestos adicionales de trabajo por año, partiendo con menos de 60 mil el año 2006 para alcanzar cifras superiores a los 100 mil en el año 2008, según el Plan Nacional de Desarrollo. A la par, se implementó la iniciativa privada en un marco de estabilidad económica y una normativa que garantiza la inversión privada para desarrollar emprendimientos de empleo que dieron excelentes utilidades a este sector. He ahí la reducción del desempleo.
Algo más, bajar el nivel de desempleo de 8.1% dejado por el neoliberalismo provocó la materialización de programas y proyectos como los siguientes: Mi Primer Empleo Digno (MPED) Fase Piloto I, para 2.512 beneficiarios; MPED, Fase Piloto II (2009-2011), para 1.172 beneficiarios; Proyecto de Inversión de niños y jóvenes, Fase Expansión (2012-2015), para 1.367 beneficiarios; y el Proyecto de Mejora de la Empleabilidad e Ingresos Laborales para Jóvenes (PMEIL), ampliación del programa (2016-2020), destinado a la inserción laboral de 15.200 jóvenes y que en 2017 fue transferida su ejecución al Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y aún está vigente.
Estos programas y proyectos de incentivos a unidades económicas para ampliar formación, intermediación e inserción laboral, permitió al Gobierno reforzar la política de empleo contenida en el PND y su evolución a la baja del nivel de desocupación.
Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020 (PDES)
Plan virtuoso porque fue concebido, organizado, consensuado y redactado por los técnicos y profesionales del MPD en equipo con profesionales y autoridades de todos los ministerios, en contraruta a todos los planes del pasado donde la cooperación internacional, ONGs, organismos internacionales camuflados de asesores, terminaron definiendo nuestras aspiraciones de desarrollo, identificando nuestros problemas y los caminos a seguir. ¡Vaya ironía!
El PDES 2016-2020 cuenta con una inversión pública programada de más de 40 mil millones de dólares para los cinco años y es el más osado en la historia de la planificación en Bolivia, con desarrollo de derechos para todos y en especial para la gran población excluida de los beneficios de la riqueza nacional, en salud, educación, vivienda, servicios, complejos productivos, complejos industriales, carreteras, desarrollo minero, agropecuario y bases estructurales para Vivir Bien; conllevará el fomento de más de 600 mil fuentes laborales de los 812 mil estimados, si se ejecuta como está diseñado en el proceso de elaboración del Plan Integral de Empleo de Bolivia.
En términos explícitos, formales y oficiales, la política de empleo del actual Gobierno de la revolución democrática y cultural, están plasmados en el PDES 2016-2020.
El Plan de Empleo Inmediato (PEI)
La sensibilidad del presidente Evo Morales, que alarmado por el crecimiento del desempleo en 2013 (4%), pese que ese mismo año el país logró un 6.1% de crecimiento del PIB y se ampliara el desempleo hasta el 2016, aún en plena implementación del PDES 2016-2020, lanzó en mayo de 2017 una iniciativa de empleo inmediato en la idea de bajar a 3.2%, como en 2012.
El PEI comprende cinco modalidades: 1) Programa de Infraestructura urbana; 2) Programa Protección y Habilitación de áreas productivas; 3) Incentivo a las empresas para la inserción de trabajadores y jóvenes profesionales; 4) Incentivo a la creación de empleo en las contrataciones públicas; 5) Fondo para Capital Semilla.
El Programa de Apoyo al Empleo I y II (PAE)
En el ímpetu de alentar políticas de empleabilidad, se tramitaron dos programas con crédito del BID: el PAE I y el PAE II.
El PAE I, ejecutado entre septiembre de 2012 y abril de 2017, que centró su accionar en incentivos a las unidades económicas pequeñas, medianas y grandes de la producción, servicios y comercio, logró una intermediación laboral de cerca de 20 mil buscadores de empleo, con un resultado de más del 56% de inserción laboral efectiva.
El PAE II se inició en mayo de 2018 y procura la inserción laboral de personas que buscan empleo y acceden al Servicio Público de Empleo (SPE); sean estos con experiencia o sin experiencia laboral; cuyos niveles de educación va desde primaria a maestría; en unidades económicas formales, empresas reconocidas en el marco de la economía plural; en los 9 departamentos y la ciudad de El Alto. A los cuatro años debe alcanzar a 25 mil beneficiarios. Este programa es en la actualidad ejecutado tanto por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) como por el MPD en modalidades distintas.
Otros programas a mencionar son el Plan de Inserción laboral para Personas con Discapacidad (PcD) y el Servicio Público de Empleo (SPE), a los cuales nos referiremos en próximos artículos.
En síntesis, este conjunto de acciones, de iniciativas emprendidas, de presupuestos, de estructura, de coordinación interministerial e interinstitucional, de normas y decisión política, es lo que constituye la política de empleo del Proceso de Cambio.
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Víctor Vacaflores Pereira Economista
