Por Álex Ibarra
Sobre la excesiva militarización en el territorio mapuche se viene denunciado desde hace años por distintas organizaciones que ven intervenida su vida cotidiana, pero que además ven los atropellos a sus derechos humanos fundamentales.
De las distintas operaciones realizadas por las fuerzas de orden y armadas el asesinato de Camilo Catrillanca fue el que más trascendió la opinión pública que manifestó su repudio al Gobierno de Sebastián Piñera, alegando sanciones por la responsabilidad del ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick. que no tuvieron efecto real, ya que el este político emblemático de la ultra derecha chilena sigue ocupando dicho cargo.
Distintos investigadores han afirmado que la actual ocupación del Estado chileno en Wallmapu está en una fase de ataque orientada a la contrainsurgencia, de ahí la presencia de la internación de fuerzas de orden y militarizadas especializadas en el llamado “servicio de inteligencia”. Antes fue el famoso Comando Jungla, responsables de la muerte de Camilo Catrillanca. Hoy resulta sospechoso el nombramiento del “estado de excepción”, que otorga atribuciones especiales a los militares por sobre el poder civil. El General Rodrigo Pino, oficial a cargo, posee vínculos con las fuerzas israelíes, que como bien se sabe vienen desarrollando un trabajo de inteligencia por varios años en el Cono Sur, apareciendo comprometidos con lo que se avizora como un “nuevo Plan Cóndor”.
Los gobiernos de derecha del lado argentino y chileno han sido responsables de distintos crímenes en territorio mapuche y hoy cuentan con una situación política privilegiada para utilizar todos los recursos del Estado en la represión al pueblo Mapuche –la principal fuerza de resistencia frente al capitalismo salvaje– y la protección de las principales empresas forestales como de sus fieles aliados latifundistas.
Las intervenciones de inteligencia de estos autollamados gobiernos “democráticos” suelen hacerse bajo la figura de colaboración hacia la población que requiere siempre de ayuda humanitaria. Este seudo argumento es el que confunde a la población a través de los coludidos medios de desinformación. El ataque articulado de la derecha más dura es evidente.
Otra evidencia de la contrainsurgencia es la estrategia de dividir o de mostrar divididos a los grupos que luchan contra el capital. Hoy los medios muestran que los mapuches no están siendo víctimas de los militares o del Estado. Los comuneros Jorge Marimán Loncomilla y Matías Cariqueo Loncomilla aparecen asesinados por un campesino. Estas estrategias han sido empleadas por años por los servicios de inteligencia militar, recordemos el crimen del Che Guevara. De ahí que el líder de la Cordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul, pida a las fuerzas de resistencia no creer estos afanes estratégicos que buscan la división.
Como se puede ver, la intervención en el Wallmapu viene en aumento, el gobierno de derecha está decidido a utilizar todos los recursos del Estado para la represión en busca de la defensa del capital y del exterminio de personas que adhieran la lucha anticapital (estudiantes, ambientalistas, periodistas y sobre todo movimientos indigenistas). El Gobierno se sigue tiñendo las manos con sangre y su desfachatez aparece en su decidido intento de apaciguar los ánimos libertarios de la principal fuerza de resistencia con la que se enfrenta el Estado chileno.
El humo de los incendios de las plantaciones de pino que han ido terminando con el bosque chileno, sirve de velo para seguir cubriendo los siglos de ignominia. Los líderes del pueblo mapuche han aprendido a sortear estas campañas falsas que buscan justificar la represión del Estado. Sus convicciones son profundas en busca de la recuperación de territorio y en el reconocimiento de su autonomía, ambas cuestiones que afectan directamente al capital. El Estado chileno actual gobernado por la derecha neoliberal y pinochetista es de gatillo fácil. Las estrategias de genocidio no pueden ser avaladas por la ciudadanía, no es un asunto meramente político, hay la demanda de un imperativo ético. No se puede justificar las intervenciones del Estado despótico que atentan contra las personas humanas. Debemos estar alerta a los atropellos que sufren nuestros hermanos mapuche.
Si la Araucanía de la empresas forestales está en llamas, basta con declarar la zona de emergencia, el “estado de excepción” que se acaba de establecer por 30 días puede costar más encarcelamientos, torturas y asesinatos que los que hemos presenciado en el último tiempo. Pero, ya sabemos la derecha articulada a lo largo de América Latina viene con todo y pretende terminar con todos los derechos sociales que vinieron después de las dictaduras, aunque éstos hayan sido escuálidos. La derecha sabe que le costará muchos años volver a contar con esta situación política de ventaja con la que cuenta, por eso su apresuramiento lejos de todo pudor.
La “conciencia nacional” que se llena la boca con la palabra democracia no puede seguir justificando las muertes. La ecuación es clara: a mayor militarización más muerte. Los defensores del capital no conocen estrategia más efectiva que la represión, su sistema de valoración clasista no reconoce la dignidad de la clase subalterna, que siempre es concebida como materia prima utilizable para la generación de riquezas. Sólo podemos esperar una transformación política justa abandonando el cruel neoliberalismo, por muy entretenidos que estemos en la lógica del consumo, estamos siendo parte de la explotación sin mesura. No hay proceso de transformación política sin un previo momento de concientización de la realidad.
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Alex Ibarra Filósofo, miembro del Colectivo de Pensamiento Crítico «palabra encapuchada».
