Por Francisco Yofre
El Plan Cóndor, diseñado desde la Escuela de las Américas y aplicado por las dictaduras latinoamericanas en las décadas del 70 y 80, sólo ha cambiado de apariencia. Para el imperialismo, sus objetivos siguen tan vigentes en la actualidad al igual que hace 40 años. Tal vez menos ostensible, quizás menos sanguinaria respecto a la cantidad de masacres, pero sumamente actual respecto a sus actores y sus ideólogos.
Todo dirigente que movilice a sus pueblos y con ello cuestione los intereses de Estados Unidos, tiene que saber que vive bajo amenaza. El reciente caso en Venezuela, el asesinato efectivo de la dirigente hondureña Berta Cáceres y los cientos de asesinatos contra líderes sociales en Colombia son una clara demostración de ello.
El intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro se inscribe en una larga lista de dirigentes que han sufrido ataques contra su vida por parte del país del norte. En la investigación hecha por el Ministerio Público venezolano se han hallado pruebas que acreditan el financiamiento del ataque, tanto en Colombia como en EE.UU. El fiscal Tarek William Saab declaró que Osman Delgado es uno de los financistas que residen en el país que gobierna Donald Trump. El Gobierno bolivariano pidió la extradición de Delgado en virtud de los acuerdos que existen en esta materia entre Washington y Caracas. Los ideólogos del fallido intento de magnicidio ofrecieron a los autores materiales un pago de 50 millones de dólares, así como la residencia en el país norteamericano.
A ese intento de magnicidio, hay que sumarle los 330 asesinatos de líderes sociales que en estos últimos meses han ocurrido en Colombia. Muchos de ellos en manos de las fuerzas paramilitares, fortalecidas después que el ex presidente Juan Manuel Santos incumpliera buena parte de lo acordado con las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC) en el marco de los diálogos de paz. Más aún, se presume que los paramilitares se vean incluso apoyados con la flamante llegada de Iván Duque a la presidencia, que en realidad implica el arribo de Álvaro Uribe al poder.
Tanto en el caso venezolano como en lo que ocurre en Colombia obedecen a una lógica similar: si bien los autores materiales de los homicidios son personas de la misma nacionalidad que la víctima, los autores intelectuales y quienes han formado a los que ejecutan responden a intereses de EE.UU. Es, en definitiva, la misma mecánica que el Plan Cóndor de los años setenta. Así también ha quedado demostrado en el juicio donde se investiga el homicidio de la dirigente campesina e indígena hondureña Berta Cáceres. Ella fue asesinada por expertos en inteligencia militar, vinculados a las fuerzas especiales de su país, que fueron formadas en EE.UU.
Cáceres se oponía a la construcción de una represa hidroeléctrica y supuestamente se encontraba bajo protección del Estado, ya que previamente había recibido amenazas de muerte. El proyecto de la represa era desarrollado por una empresa llamada Desarrollos Energéticos (DESA), cuyo presidente era Roberto Castillo Mejía, un ex oficial de los servicios de inteligencia del ejército. Estados Unidos es el país que brinda un mayor apoyo militar y policial a Honduras. El año pasado esa ayuda fue de 18 millones de dólares. En los últimos años, la asistencia estadounidense se ha centrado en la formación de las fuerzas especiales, que nacieron en la década del ochenta, en el contexto de la “guerra sucia”. Uno de los principales implicados en el asesinato de Berta Cáceres es el teniente Douglas Bustillo. Según consta en el expediente judicial, Bustillo participó en cursos de logística y artillería en la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia. Allí se entrenaron muchos de los militares que luego cometerían brutales violaciones de derechos humanos. Desde que fue derrocado el presidente hondureño Manuel Zelaya en 2009, se han producido casi 130 asesinatos de militantes y activistas del medio ambiente y de la protección a la tierra.
Igualmente mujer era Marielle Franco, una importante referente y concejal de Río de Janeiro asesinada a balazos el pasado 14 de marzo, cuando salía de una reunión en pro de los derechos de las mujeres afrodescendientes.
Ella se oponía férreamente a la intervención militar en esa ciudad brasileña. La investigación casi no tuvo avances hasta hace pocos meses atrás, cuando se conoció la declaración de un testigo. Esa persona aseguró que un ex agente de la policía militar, que actuaría como paramilitar, y un concejal participaron del hecho.
Ninguno de estos casos representa casualidades y mucho menos si se tiene en cuenta el brutal asedio que existe desde hace años contra la República Bolivariana de Venezuela por parte del imperialismo. El ingreso de Colombia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la reciente gira del número uno del Pentágono, James Mattis, por Brasil, Argentina, Chile y Colombia; son una cabal muestra de cuáles son los objetivos de la administración Trump respecto a Nicolás Maduro.
