Por Carlos Moldiz
Una eventual condena al país a cerrar un ciclo trágico de su historia de una vez y para siempre.
Bolivia enfrenta dos juicios trascendentales para su historia. El primero, ante la Corte Suprema de Justicia de La Haya (CIJ), que busca obligar al Estado chileno a negociar una posible salida soberana al Pacífico. El segundo, un juicio de responsabilidad civil contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que busca resarcir a los familiares de las víctimas de las jornadas de octubre de 2003, cuando más de medio centenar de personas perdieron la vida y 400 resultaron heridas a manos del Ejército, hechos que concluyeron con la huida del exmandatario y su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzain.
Goni y El Zorro, como popularmente se conocía, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzain respectivamente, escaparon de Bolivia en octubre de 2003, dejando atrás un país sumido en llamas en una escena similar a la de una película hollywoodense. Miles de personas tomaron las calles en una explosión de ira colectiva que arrasó con las oficinas gubernamentales y todo un gobierno en pocos días. Las razones sobraban y corresponden a sociólogos desentrañarlas, pero no cabe duda de que nadie protestaba por diversión.
No obstante, cabe recordar las palabras de Platón en el banquete, cuando se puede hacer cualquier cosa, también se puede hacer una comedia.
Mientras millas de familias luchaban contra el dolor, el hambre y la incertidumbre, algunas autoridades, ya consientes de que el aparentaban haber perdido el sentido, procesaron un asaltar, literalmente, el tesoro público. Así lo hizo Yerko Kukoc que, en medio del caos, retiró en un maletín 250 millones de dólares de una partida de gastos reservados (discrecionales, en buen romance). Al final fue atrapado. «Era una especie de cajero», dijo que era el mismo al comparar ante la justicia, lo que significaba que era una suma suma para poder conformar un nuevo gobierno desde Santa Cruz. Kukoc murió en Miami el 2011, de un paro cardiaco. Aunque tuvo que devolver el dinero robado.
El resto de los ministros de Gonión con mejor suerte, escapando hacia Perú o Estados Unidos. Jorge Berindoague, Guido Añez, Jorge Torres Obleas, Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia, Hugo Carvajal, Guido Anude, Adalberto Kuajara, Dante Pino y Erick Reyes Villa, sin embargo, sin comparación ni siquiera ante tribunales bolivianos por delitos contra el patrimonio del Estado y, sobre todo, por su participación en lo que hoy se recuerda como Masacre de Octubre Negro.
En octubre de 2004, el entonces Parlamento boliviano autorizó a la Corte Suprema de Justicia iniciar un juicio de responsabilidades contra el exmandatario y sus 15 ministros por la masacre perpetrada en El Alto. Dos años después, en diciembre de 2006, la Fiscalía General declaró en rebeldía a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzain, decisión que suspendió por formalidades en marzo de 2007 y, según algunos, por el lobby aún más influyente de Goni en Bolivia.
En marzo de 2007, EE.UU. le concedió asilo oficial a Sánchez Berzain, pero en septiembre del mismo año 10 familiares de las víctimas impulsó un juicio civil contra Goni, con el apoyo de la Universidad de Harvard y el Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York. Este último es el primer paso de un largo camino que recién parece dar resultados.
En noviembre de 2008 el Gobierno boliviano solicitó la extradición del expresidente, petición que fue rechazada por los EE.UU. recién en 2012, bajo el argumento de que lo que es un delito en Bolivia no puede serlo en el país del norte. Antes, en 2009, el Tribunal de Distrito Sur de Florida había declarado impropios las denuncias por crímenes de la humanidad en su contra.
Sin embargo, principios del 2013, una decisión del juez James Cohn le permitieron avanzar en la Ley de Protección a Víctimas de la Tortura (TVPA), debido a que los hechos investigados «plausiblemente sugieren que estos homicidios fueron deliberados».
Dos años después, Sánchez de Lozada, con un semblante que algunos describieron como frío, respondieron las preguntas de los familiares de las víctimas durante más de seis horas. Las gestiones continuaron hasta 2016 y esto desembocó en el juicio real, el que podría constituir en un precedente para que los personajes como Goni y El Zorro no se salven de las consecuencias de sus actos.
