Por Correo del Alba
Con la aprobación del gobierno de Nayib Bukele y la del ministro de la Defensa, René Merino Monroy, se decidió cerrar los archivos militares que contienen la información del conflicto armado suscitado en El salvador entre 1979 y 1992, argumentando el resguardo de información secreta de interés del Estado. Evidentemente las altas autoridades del Gobierno y Ejército salvadoreño tratan de frenar el proceso penal que enfrentan más de una docena de mandos militares, altos y medios, por crímenes de guerra.
La imposibilidad de acceder a los archivos militares por parte de los defensores de las víctimas ha sido un duro revés para los familiares de los fallecidos, ajusticiados y desaparecidos. Cuyos casos han sido emblemáticos a nivel mundial y los cuales han sido calificados de verdaderos crímenes de lesa humanidad, los mismos incluyen la masacre de los sacerdotes jesuitas en 1989; la masacre de las gradas de Catedral en 1979; la masacre del Sumpul en 1980; el asesinato durante una misa del sacerdote Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980 y la masacre de El Mozote en 1981, entre otras. Esta última ha sido catalogada como la mayor matanza de seres humanos en tiempos modernos en el Hemisferio Occidental, en una operación militar ejecutada entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, por unidades élite del Ejército salvadoreño y en la cual ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños y niñas, campesinos y campesinas indefensos y desarmados.
Archivos militares cerrados
La controversia entre el Gobierno y las familias de las víctimas se reanudó el 21 de septiembre de 2020, cuando el coronel Carlos Vanegas impidió al juez Jorge Guzmán y a varios peritos forenses que cumplieran una sentencia del juzgado municipal de San Francisco Gotera que permitía la inspección de los archivos del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas.
El propósito de la inspección era reunir información para aclarar la masacre perpetrada por el batallón Atlacatl en diciembre de 1981 en El Mozote y los cantones vecinos, pero Vanegas impidió la investigación sin dar ninguna explicación.
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Días después, el presidente Bukele declaró a la prensa que la documentación recogida por el juez Guzmán había desaparecido y acusó a los investigadores de «husmear en los archivos militares con fines políticos». El mandatario señaló: «La mayoría de los archivos han sido destruidos en los últimos 40 años. No sabemos cuándo fueron destruidos. Lo único que tenemos es esto»m indicando cuatro archivos con lo que quedaba de las supuestas purgas.
De acuerdo a datos de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, la guerra civil en El Salvador causó unos 75 mil muertos y desaparecidos, así como graves violaciones de los Derechos Humanos perpetradas por el Ejército y los escuadrones de la muerte.
El tortuoso camino de la justicia
La impunidad inicia en 1992 con la firma de los Acuerdos de Paz, en la Ciudad de México, por el presidente de derecha Alfredo Cristiani, los cuales preveían una Ley de Amnistía. Con dicha ley las autoridades argumentaban que serviría como condición para la paz entre los militares y la guerrilla. Evidentemente la misma fue fuertemente criticada por los familiares de las víctimas, que acusaron a las autoridades de no haber podido enjuiciar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad sucedidos durante el conflicto armado. Sin embargo, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia revocó la Ley de Amnistía en 2016 y ordenó a la Asamblea Legislativa que propusiera otra que cumpliera con los estándares de justicia internacional, reparación a las víctimas y garantías de no repetición de dichos crímenes.
Tras años de demoras, controversias y presiones, el 25 de febrero de 2020 los parlamentarios salvadoreños aprobaron la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que fue vetada tres días después por el presidente Nayib Bukele, que la consideró inconstitucional.
El 13 de marzo, la Cámara llamó a las partes implicadas para defender sus opiniones, pero el brote de la pandemia del Covid-19 obligó a suspender la audiencia, que acababa de ser reprogramada para el 30 de octubre.
Existe una gran expectativa en el pueblo salvadoreño, ya que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha convocado al presidente Bukele, quien aún no ha confirmado si estará presente, mientras que su actitud hacia las víctimas se considera ambivalente.
