Por Correo del Alba
El gobierno transitorio de Jeanine Áñez, quien durante su demagógica campaña como candidata presidencial, a la cual renunció el 17 de este mes y que aprovechó la estadía en el poder para prometer el desembolso de un “Bono contra el Hambre” de 1000 bolivianos (equivalente en dólares a 143.47), que surge en contrapropuesta al aumento del monto del “Bono de Salud” de 500 a 1000 bs, sugerido por el presidenciable del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce. Y con esta promesa ha manipulado la opinión pública nacional en contra de los legisladores opositores, que sostienen que estos bonos se pagarían con recursos obtenidos de créditos internacionales que endeudarán la nación y que el Ejecutivo hasta la fecha continúa sin rendir cuentas de las donaciones recibidas en esta época de pandemia.
El titular de la cartera de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz, dijo que “la Ley del Bono Contra el Hambre es un cheque sin fondos” y que será cancelado cuando tengan el dinero para hacer los pagos. Asimismo, explicó que aún falta elaborar el reglamento de esta Ley, pero se conoce que se hará un único pago, aunque el bono excluiría a trabajadores activos del sector público y privado, con verificación en la Administración de Fondos de Pensiones (AFP), que está destinado exclusivamente a desempleados mayores de edad con residencia en el país, personas con discapacidad, beneficiarias del bono Juana Azurduy y adultos que percibieron la asignación universal.
En las consideraciones establecidas para promulgar el Decreto Supremo 4345, se encuentra el “Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, parágrafo IV: dispone que todo proyecto de ley que implique gastos o inversiones para el Estado deberá establecer la fuente de los recursos, la manera de cubrirlos y la forma de su inversión. Si el proyecto no fue de iniciativa del Órgano Ejecutivo, requerirá de consulta previa a éste”. Sin embargo, Áñez se escuda en el discurso de haber recibido un país quebrado.
El gobierno de Áñez ha desembolsado la cantidad total de 12 millones 986 mil 623 bs, con asignaciones preexistentes desde el gobierno de Evo Morales como son la Renta Dignidad, Juana Azurduy, Familia, entre otros.
