Por Nahir González
El día de ayer, 16 de abril, a través de un comunicado el Banco Central de Venezuela (BCV) denunció la expropiación ilícita de los recursos de la institución, depositados en Citibank, que ascienden a más de 342 mil millones de dólares, por orden del gobierno estadounidense, para ser transferidos a una cuenta de la Secretaría del Tesoro de este país.
Las medidas injerencistas se vienen aplicando desde 2014, cuando el Capitolio aprobó la Ley 113-278: “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela”, y marzo de 2015, cuando Barack Obama decretó la Orden Ejecutiva 13692 y declaró a la República Bolivariana de Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.
A raíz del “Decreto de Obama” las instituciones venezolanas reciben llamados de atención de bancos extranjeros, de no continuar las transacciones comerciales, debido al bloqueo. En esta línea cierran las cuentas, sin embargo, una figura que se repitió en todos esos países donde la nación caribeña mantenía actividades financieras, fue la requisición de los fondos depositados, pertenecientes al Estado.
Desde julio de 2016, el Citibank cesó funciones con bancos venezolanos, en especial con el BCV. Al año siguiente bloqueó el uso de los fondos para compras de medicinas. A lo que se le sumó la calificación de riego país emitida por JP Morgan (institución financiera que el Gobierno de los Estados Unidos rescató en 2008, tras la crisis de Wall Street).
Esta serie de medidas agresivas contra Venezuela buscan imposibilitar el pago de la deuda externa por falta de flujo efectivo en moneda dólar. La respuesta de Miraflores fue lazar “nueve motores productivos”, con el fin de abrir el mercado financiero a otras monedas en sustitución del dólar, aprovechar las alianzas estratégicas del país, inversión en otras áreas de producción para no depender exclusivamente del petróleo; en ese marco se intentó reforzar la industria nacional, se planteó el motor minero para la exploración y explotación del Arco Minero en alianza con China y Rusia, así como con capital privado canadiense, entre otros.
Las intenciones claras de esta serie de sanciones, aparte de contribuir a la debacle financiera, es ir contra la consolidación de regímenes socialistas en la región, para demostrar que el único proceso efectivo y exitoso es el capitalismo, el suyo, y no una revolución de características sociales, como son Cuba y Venezuela.
A la fecha son más de 100 las medidas coercitivas unilaterales aplicadas al país –con la fachada de estar dirigidas contra altos personeros de Gobierno– que han mermado no solamente la economía nacional, sino atacado a la moneda, al sector salud, educación, desarrollo tecnológico, entre otros tópicos, siendo uno de los más graves el bloqueo a la filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), sancionada en 2019, y que trajo el posterior robo de sus activos en Estados Unidos, como la empresa Citgo, auspiciado por el autonombrado presidente Juan Guaidó y exdiputados a la Asamblea Nacional (AN) en desacato y otros prófugos de la justicia venezolana.
La nueva acción contra los fondos del BCV depositados en Citibank, responde a la crisis económica y social por la que atraviesa Estados Unidos, ante la ineficiencia mostrada por la administración Trump en el manejo sanitario del covid-19, que ha llevado a este país a liderar ampliamente las cifras de contagiados y muertes por causa del virus.
Por lo que la República Bolivariana de Venezuela sostiene que acudirá a todas las instancias legales existentes, para reclamar su derecho ante el despojo de los recursos financieros, amparada en el “Derecho Internacional y del ordenamiento jurídico nacional para proteger y defender los legítimos derechos e intereses del Estado venezolano, que ha sido víctima de este despojo de sus recursos financieras, ejecutado directamente por el Gobierno de Donald Trump en colusión con diputados extremistas de la derecha venezolana, y que sin duda, configuran la comisión de graves delitos de crimen trasnacional organizado”, tal como reza en el comunicado emitido por el BCV, el 16 de abril de 2020.
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Nahir González Analista política
