Por María Alejandra Díaz
El estado intermedio entre guerra y paz montado jurídicamente e institucionalizado a base del Pacto Kellogg-Briand y de la Sociedad de Naciones, rememora los orígenes de la Organización de Naciones Unidas (ONU), convirtiendo la paz en una ficción jurídica. Imponiendo su voluntad, quiénes tienen condiciones de hacerlo, quebrando a los demás con medios militares y extramilitares (coacción económica). Todo en el marco de un derecho común global y cierto estándar constitucional común, dejando de lado la soberanía política de los Estados-Nación.
Así nace la ONU. Centro supranacional real de transferencia del derecho soberano a un orden jurídico internacional global y soporte de la soberanía imperial, cómplice de la guerra más aterradora que se realiza en nombre de la paz, la opresión más terrible en nombre de la libertad y la inhumanidad más atroz solo en nombre de la humanidad (Schmitt), permeando las fronteras y diluyendo la soberanía como expresión de lo político.
«La ONU no nos va a dar lecciones de DD.HH., menos en el marco de nuestro modelo de Estado Social y de Justicia, que no agrede ni ejerce dominio despótico sobre la sociedad civil y los ciudadano»
Es la máxima expresión de la constitucionalización de un poder supranacional conocido como justicia transnacional o delegativa, donde la soberanía es relativa y cede frente a la supuesta validez del derecho internacional trasnacional por encima del Estado-Nación, al más puro estilo hobessiano, como único medio capaz de superar la anarquía que necesariamente producen los Estados soberanos.
Este impasse entre justicia transnacional o soberanía plena fue superado por nuestra Constitución en el artículo 23 y en el criterio reiterado de nuestra Sala Constitucional a partir de la sentencia 1077. La ONU no nos va a dar lecciones de DD.HH., menos en el marco de nuestro modelo de Estado Social y de Justicia, que no agrede ni ejerce dominio despótico sobre la sociedad civil y los ciudadanos, sino más bien, por el contrario, la potencia.
No somos un Estado despótico, sino un Estado consustanciado, potenciador y constituyente, con figuras como los referéndums, que permiten evaluar la gestión de los cargos de elección popular; constituido, no petrificado, sino vivo con una democracia participativa y protagónica en pleno desarrollo.
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María Alejandra Díaz Constituyente venezolana
