El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce Catacora, en consonancia con el Decreto Supremo N° 4650, que declara el año 2022 como el de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres en el país, promulgará la Ley de Protección a Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación, que servirá no solo para hacer seguimiento de los casos de este tipo, sino como parte de la reestructuración judicial y de justicia que el gobierno ha impulsado, luego de detectarse irregularidades cometidas en casos de violaciones, asesinatos y otros, en los que la justicia actuó impunemente, dejando en libertad o en condiciones favorables a los victimarios, quedando en desventaja y desprotección las víctimas y sus familiares.
La información fue proporcionada por el ministro de Justicia Iván Lima, quien explicó que tal decisión surge luego de que se creara la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, en el que se logra constatar que efectivamente existía una red de “malos operadores de justicia” por lo cual existe la necesidad de responder a las víctimas y sancionar a los agresores. Lo novedoso es que los delincuentes y los que cometan actos de corrupción favoreciendo a los victimarios, enfrentarán condenas de hasta 20 años de privación de libertad.
Lima dijo: “El juez que vaya en contra de las víctimas, que no cumpla con su juramento de defensa de la Constitución y del pueblo boliviano, tendrá que saber que vamos a actuar con firmeza”.
