Desde el salón Simón Bolívar, en el Palacio de Miraflores en Caracas, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que “con la entrega de este último balance de evidencias, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), hemos completado el ciclo para demostrar el impacto y daño sistemático que ha tenido el bloqueo criminal y las sanciones por parte de Estados Unidos contra la población civil del país”.
El martes 24 de agosto la vicepresidenta, informó que los ataques del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano tienen un objetivo político y es derrotar a un Gobierno no alineado con sus intereses, no sometido a sus mandatos y no extorsionable.
Detalló la autoridad que “estas medidas coercitivas unilaterales han sancionado a 192 personas, 150 empresas (10 del Estado y 140 del sector privado), 69 embarcaciones, 30 buques petroleros y 58 aeronaves; además se han emitido siete órdenes ejecutivas con bloqueo a la industria petrolera, caída drástica y severa de los ingresos en divisas al país, despojo de más de 31 toneladas de oro venezolano en Inglaterra y el cerco de más de siete mil millones de dólares en bancos en el extranjero”.
Aseveró Rodríguez que, debido a las medidas, 15 filiales de la industria farmacéutica cerraron sus actividades en el país en el 2016 como resultado del bloqueo, llevando a Venezuela a ser el quinto país del mundo con más sanciones, situación que ha impactado a todos los programas sociales.
La vicepresidenta aseguró que su país tiene motivos racionales y confesiones con que demostrar los crímenes de lesa humanidad por parte de Estados Unidos, “en abril del 2021 entregamos el informe de la organización auditora del Congreso de Estados Unidos que admite que las medidas coercitivas unilaterales contribuyeron a deteriorar la economía venezolana”.
