Este 26 de mayo fue detenido por orden el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el exministro de Gobierno de facto de Bolivia, Arturo Murillo, quien enfrentará cargos que pueden llevar a los 20 años de prisión en ese país, luego de realizarse una exhaustiva investigación entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Sección de Fraude Penal de la División Criminal de ese país. Y desde Bolivia se espera que sea un proceso penal real y que el prófugo de la justicia sea extraditado para cumplir condena por las diversas acusaciones que ya tiene ante el Ministerio Público.
Vale recordar que la experiencia boliviana con Estados Unidos en este tipo de causas no se ha ejercido de la forma más transparente, un ejemplo es el caso del sobreseimiento al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que salió ileso en ese país luego de realizarse un juicio y no se ejecutó tampoco la solicitud de extradición realizada por Bolivia.
La nota emitida por el Departamento de Justicia en comunicado de prensa N° 21-489, expresa literalmente en su contenido las causas de la detención siguiente:
“Exministro de Gobierno de Bolivia, propietario de una empresa con sede en Florida y otros tres acusados de soborno y plan de lavado de dinero.
Dos ciudadanos bolivianos y tres ciudadanos estadounidenses fueron arrestados el 21 y 22 de mayo en Florida y Georgia por cargos penales relacionados con sus supuestos roles en un esquema de soborno y lavado de dinero. El exministro de Gobierno de Bolivia y otro exfuncionario boliviano están acusados de recibir sobornos pagados por una empresa estadounidense e individuos para asegurar un contrato con el gobierno boliviano y luego utilizar el sistema financiero estadounidense para lavar esos sobornos”.
Según documentos judiciales, Arturo Carlos Murillo Prijie, 57 años, Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, 51 años, Luis Berkman, 58 años, Bryan Berkman, 36 años, y Philip Lichtenfeld, 48 años, participaron en el esquema de soborno entre aproximadamente noviembre de 2019 y abril de 2020. Durante ese periodo, Luis Berkman, Bryan Berkman y Lichtenfeld pagaron 602 mil dólares en sobornos a funcionarios del Gobierno boliviano en beneficio de Murillo, titular de la cartera de Gobierno; Méndez, el exjefe de gabinete del Ministerio de Gobierno; y otro boliviano. Los sobornos se pagaron para que la empresa de Bryan Berkman, con sede en Florida, obtuviera y mantuviera negocios del Ministerio de Defensa de Bolivia, específicamente un contrato de aproximadamente 5.6 millones de dólares para proporcionar al Ministerio gas lacrimógeno y otros equipos no letales. Para promover el esquema de soborno, Bryan Berkman, Luis Berkman y Lichtenfeld lavaron los pagos a funcionarios del Gobierno boliviano a través de cuentas bancarias en Florida y Bolivia, y organizaron el pago de 582 mil dólares en efectivo para Marillo y Mender.
Las cinco personas están acusadas de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Si son declarados culpables, se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de Estados Unidos y otros factores legales.
El Secretario de Justicia Auxiliar Interino, Nicholas L. McQuaid, de la División de lo Penal del Departamento de Justicia; el Fiscal Federal Interino para el Distrito Sur de Florida, Juan Antonio González; y el agente especial a cargo, Anthony Salisbury, de la oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HST) en Miami, hicieron el anuncio.
La abogada litigante es Jil Simon y el subdirector Gerald M. Moody Jr., de la Sección de Fraudes de la División Criminal y Asistente.
El fiscal federal Eli S. Rubin de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida está procesando el caso.
El fiscal federal adjunto Marx P. Calderón está manejando el decomiso de activos.
La Sección de Fraude es responsable de investigar y enjuiciar todos los asuntos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Puede encontrar información adicional sobre los esfuerzos de cumplimiento de la FCPA del Departamento de Justicia en www.justice.gov/criminal/frand/fcpa.
Los cargos en la demanda son acusaciones, y «los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad”.
