I
Las ideas articuladoras del último movimiento popular en impronta en Bolivia giraron alrededor de contraponerse a un decadente “colonialismo” que relegó a la “indiada” a un rol subordinado, a una historia negada y un maltrato humillante que les despojó de la calidad de seres humanos, de tierras y de decidir su propio camino.
Otra idea articuladora en la lucha popular boliviana es lo antineoliberal, que tomó cuerpo desde la derrota material e ideológica del movimiento obrero cuando se legalizó al neoliberalismo con el Decreto Supremo 21.060, en 1986. Así, el otrora importante y poderoso movimiento obrero perdió la capacidad de interpelar al Estado y fue sustituido por un sistema de partidos políticos cuyo único programa y oferta fue el neoliberalismo.
Por último, una tercera idea articuladora se cristalizaba en el antiimperialismo/anticapitalismo que venía de la reminiscencia de la lucha obrera. De la resistencia minera se identificaba al imperialismo norteamericano como enemigo común de lo popular, pues jugaron un papel fundamental en el período las dictaduras militares (1964-1982), y al capitalismo como un enemigo aún abstracto, pero evidenciado en su carácter negador del trabajo.
II
Para comienzos de la década de 2000, bajo la forma movimiento y a la cabeza de campesinos e indígenas, lo popular llevó las contradicciones sociales a su punto más alto cuando las movilizaciones obligaron a la renuncia y huida del entonces presidente Sánchez de Lozada (2003) y el adelantamiento de las elecciones (diciembre 2005) en donde ganó el Movimiento Al Socialismo – Instrumento Político (MAS-IPSP) con Evo Morales como candidato. La movilización popular se transformó en victoria electoral asumiendo la “Agenda de Octubre”, que estipulaba la nacionalización de los hidrocarburos (y no venta de gas a los Estados Unidos vía Chile) y la realización de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.
El gobierno de Evo tuvo una primera etapa de lucha contra el conservadurismo y la derecha proburguesa que concluyó con la aprobación de una nueva Constitución (2009) y, básicamente, con el cumplimiento de la “Agenda de Octubre”; de ahí en adelante (hasta 2019) se desarrolló un período de acomodo y estancamiento. Por un lado, el “poder hacer” del movimiento popular fue subsumido y neutralizado bajo la dinámica y lógica estatales, que seguían siendo básicamente capitalistas, perdiendo no solo la autonomía, sino también su capacidad crítica y autocrítica y convirtiéndose en un espacio de ascenso social, de prebendalismo, desorganización y despolitización, lo que sin duda fue una variable que hizo posible el golpe de Estado en 2019 que cerró esta segunda y larga etapa con la salida de Evo a México a un autoexilio que concluyó en la Argentina.
A este hecho se suman las tesis del “capitalismo andino amazónico” (2006) y la “inclusión de la clase media al Proceso de Cambio” (¡incluso como dirigente y representante del mismo!) (2018) de Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado entre 2006 y 2019, como momentos de reflujo hacia posiciones contrarrevolucionarias o por lo menos socialdemócratas y de concesión con los sectores conservadores que pronto tributaron al posterior golpismo. Asimismo, como producto de estas concesiones, los sectores conservadores de origen casi feudal se diversificaron con una naciente agroburguesía oriental durante la segunda etapa del Proceso de Cambio (2009-2019), esta vez con características propiamente burguesas, aunque conviviendo con la tradición de dependencia estatal. De esta manera, estos sectores conservadores financiaron y lideraron la revuelta en 2019.
Por último, el golpe también contó con el apoyo, tutela y financiamiento del imperialismo norteamericano, que con precisión de relojero supo estimular, guiar y mover las fichas para que el golpe pueda concretarse.
III
El retorno a la democracia en 2020 fue posible gracias a la incapacidad y corrupción del régimen golpista y a la insurgencia popular que se manifestó de forma caótica y desorganizada. La vieja y derrotada dirigencia social resurgió para firmar un acuerdo con el régimen golpista para la “pacificación”, el que la fuerza movilizada terminó aceptando a cambio de nuevas elecciones que no pudieron realizarse sino hasta que fueron arrancadas al golpismo nuevamente por la movilización.
El nuevo gobierno del MAS (2020) ungía como presidente a Arce, pero muy temprano (2021) el vicepresidente Choquehuanca convocaba a una “renovación” y se iniciaba un novísimo período de quiebre y de lucha interna en el MAS. Por un lado, estaban los que defendían el liderazgo histórico de Evo, pero sin autocrítica ni tejiendo un nuevo horizonte común revolucionario; por el otro, surgieron los que levantaron las banderas del presidente Arce como si el cargo lo invistiera de una mágica capa de liderazgo político y social. Tampoco la nombrada “renovación” tiene otra propuesta ni proyecto, menos programa y horizonte histórico. En todo caso, desde el Gobierno se comenzó a buscar hegemonía dentro de las organizaciones y movimientos sociales, generando un ambiente de división y enfrentamiento.
El enfrentamiento interno del MAS ha llegado a niveles insoportables y ha puesto en vilo a cualquier posibilidad de reconstitución del proyecto histórico. Desde el Gobierno se ha saltado a un control de lo judicial como nuevo brazo de lucha a través de mantener inconstitucionalmente a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y que pueden jugar un rol para inhabilitar una posible candidatura de Evo e incluso propiciar el control y la representación legal de la sigla del MAS a favor de los fines al Ejecutivo. Esta situación dio lugar a la movilización del movimiento campesino que se rearticuló en torno del “evismo” en un bloqueo de caminos que duró 16 días. Fue la primera movilización nacional del movimiento campesino luego del golpe de Estado de 2019 y la más importante después de una década. Tras llegar a un acuerdo para elecciones judiciales y el cese de funciones de los magistrados autoprorrogados se levantaron las medidas de presión, cuya reminiscencia de lo popular con el legítimo bloqueo de caminos es innegable. Casi de forma inmediata la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) realizó un Ampliado Nacional, el pasado febrero, donde se desnuda la falta de horizonte común.
En definitiva, el panorama de lo popular en Bolivia no es alentador, aunque es posible que el movimiento campesino pueda reconstruir una nueva agenda política y social articulando a los demás sectores sociales que se encuentran en condiciones de división y desarticulación, pero para esto sería necesario que asuman objetivos estratégicos, identificando a sus enemigos de clase y bajo una nueva bandera revolucionaria. Lo cierto es que aún le queda un capítulo a este 18 brumario boliviano.
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Boris Ríos Brito Boliviano, sociólogo
