Nuevamente se pone a prueba el sistema jurídico internacional, nacido del acuerdo Estados Unidos, Rusia y el Reino Unido, vencedores en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), este vuelve a flaquear en su obligada determinación de garantizar la paz, la seguridad internacional y la protección de los derechos humanos, con la sentencia cautelar de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya que ordena al Estado de Israel tomar las medidas «posibles» para prevenir el genocidio en el territorio de Gaza, castigar la incitación al genocidio y permitir la llegada de ayuda humanitaria; dejando para la decisión de fondo sobre la acusación de Genocidio interpuesta por Sudáfrica en contra del Estado de Israel para la sentencia definitiva, en fecha impredecible.
Ciertamente, no es una mala decisión, fundamentada en lo establecido en la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio de 1948 (irónicamente aprobada por el Genocidio judío en la Segunda Guerra Mundial), reconoce la existencia cierta de hechos criminales que hacen presumir la existencia del delito de genocidio en el territorio palestino de la Franja de Gaza, pero no ordena expresamente al Estado acusado el cese de las acciones denunciadas, favoreciendo con ello la continuación -sin límite de tiempo ni de medios- de las acciones de exterminio de toda persona no combatiente dentro del territorio palestino de la Franja de Gaza. Además, se omitió que el territorio forma parte de un Estado reconocido por más de 130 países y que tiene condición de Observador en la ONU.
Al ordenar al -presunto genocida- Estado de Israel que tome las medidas «posibles” sin expresa y taxativamente señalarlas, con el fin de prevenir el genocidio; los Altos Magistrados de la C.I.J. omiten solicitar el auxilio del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como órgano de la ONU garante de la paz y la seguridad internacionales para la aplicación de medidas hacia el Estado de Israel, con el fin de que cumpla sus obligaciones. Se deja en un «limbo» jurídico y político, la materialización en forma y contenido, la sentencia cautelar y con ello, la continuidad de la campaña criminal de desplazamiento forzado, ausencia de asistencia sanitaria y alimentaria en Gaza; lo que hace coincidir tal decisión con el veto de Estados Unidos al proyecto de Resolución de la mayoría calificada del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto al fuego por motivos humanitarios.
La actitud omisiva y carente de firmeza judicial de la CIJ confirma el control hegemónico y antidemocrático que ejerce el “Occidente colectivo” representado por Estados Unidos y sus satélites de Israel, la Unión Europea, Canadá, Australia, Japón y Corea del Sur sobre los organismos internacionales y, en atención a ello, la necesidad impostergable que termine de nacer y se consolide un nuevo «equilibrio mundial» pluricéntrico y multipolar que garantice, con base a las normas vigentes del derecho Internacional, la paz, la seguridad internacional, la protección de los derechos humanos, el desarrollo sustentable y el resguardo del ambiente en nuestro planeta Tierra.
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Yoel Pérez Marcano Venezolano, exembajador en San Vicente y las Granadinas y Belice
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