¿Hay alguna situación que haya vivido algún país sudamericano comparable a lo que está sucediendo en Ecuador? Por la naturaleza de los grupos de narcotraficantes ecuatorianos –que todas las investigaciones coinciden en que nacieron articulados a los carteles colombianos, reproduciendo sus metodologías criminales–, así como por el paulatino debilitamiento del gobierno civil que comienza a ser rebasado por la delincuencia, se puede hacer una analogía con Colombia entre 1983 a 1988, cuando un grupo de narcotraficantes con centro de operaciones en Medellín y que estaban encabezados por Pablo Escobar desató una narcoguerra urbana para poner fin a la persecución del Estado contra ellos y posibles extradiciones.
Ecuador, durante la década que gobernó Rafael Correa (2007-2017), llegó a tener un envidiable sistema de seguridad ciudadana, destacando sus indicadores en número de robos, percepción pública de la seguridad y nivel de confianza en la Policía. Las mismas autoridades ecuatorianas encargadas del control interno, con justificado orgullo y con base en mediciones estadísticas, informaban por entonces a sus pares continentales que: “Ecuador logró este éxito por el control de armas, la independencia jurídica, la participación de la ciudadanía y la eficiencia policial que llevó a la captura de los criminales más buscados” (Intervención de Gustavo Larrea, ministro de Seguridad Interna y Externa, en la Cumbre Hemisférica de Seguridad y Justicia de la Organización de Estados Americanos, año 2009).
El debilitamiento y el retroceso comenzaron con las administraciones de Lenín Moreno (2107-2021) y de Guillermo Lasso (2021-2023), cuando la crisis económica y el debilitamiento estatal dejaron abiertos los espacios en los que comenzó a florecer el negocio del tráfico de drogas con el arribo de nuevos cárteles como el de Sinaloa (México), con el que se relaciona al jefe criminal más buscado del país, Adolfo Macías (el “Fito”), recientemente fugado de una cárcel en Guayaquil y que dirige a Los Choneros, la banda más letal de la costa pacífica del país. La apertura de nuevas rutas de exportación de drogas, que se originan en la vecina Colombia y tienen por destino Norteamérica, potenció a los grupos criminales. Y conforme el Estado se replegaba y los narcos se consolidaban, aumentó el número de muertes. Según datos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) el año 2021 ocurrieron dos mil 496 muertes violentas, el año 2022 subieron a cuatro mil 859 y el año 2023 llegaron a siete mil 592.
El presidente Daniel Noboa –heredero de una de las mayores fortunas del país, pero carente de experiencia de gobierno– hoy intenta superar la grave situación creada por el desafío de los narcotraficantes al Estado. Anteayer declaró el Estado de Excepción, que fue respondido violentamente por los criminales asaltando una universidad, tres medios de comunicación y dos hospitales, quemando vehículos en la vía pública y desatando una guerra psicológica a través de redes sociales. Hasta el momento se cuentan 13 muertos y decenas de heridos.
Ante tal situación de descontrol, Noboa tuvo que aprobar un decreto de emergencia que otorga facultades extraordinarias, propias de una situación de conflicto bélico interno, a las Fuerzas Armadas, ordenándoles que destruyan a 22 grupos criminales identificados como “organizaciones terroristas” y que se han convertido en objetivos militares. No es un dato menor que el mensaje a la nación de anteanoche, que todos esperaban lo diera el Presidente, terminó haciéndolo el almirante Jaime Vela, comandante en jefe castrense, flanqueado por silenciosas autoridades civiles (la ministra de Gobierno e Interior, Mónica Palencia, y el ministro de Defensa Nacional, Giarcarlo Loffredo) a los que el militar presentó sin darles la palabra.
El expresidente Rafael Correa, las organizaciones indígenas y los sindicatos se han pronunciado públicamente llamando a mantener la serenidad ciudadana y a la unidad nacional para el restablecimiento del orden. Sin embargo, preocupa el impacto de esta militarización de la sociedad en las instituciones de la democracia ecuatoriana.
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Alfredo Rada Vélez Boliviano, exministro de la Presidencia
