Ecuador enfrenta una crisis de seguridad nacional y multifacética grave, marcada por la violencia desenfrenada, la fuga de líderes criminales y una respuesta gubernamental que busca abordar la situación a través de medidas extremas. La efectividad a largo plazo de estas medidas y la capacidad del gobierno para restaurar la paz y el orden son desafíos críticos que enfrenta uno de los países más tranquilos de la Región.
Todos los hechos suscitados ayer se desencadenan con la fuga de una cárcel de alta seguridad, de Adolfo Macías Villamar, alias «Fito,» líder de Los Choneros, y Fabricio Colón Pico, un cabecilla de Los Lobos. La serie de eventos violentos y disturbios en las cárceles y en todo el país, incluida una toma del canal estatal, secuestro de guardias carcelarios, entre otras escenas difundidas por diferentes medios de comunicación y redes sociales desde ayer, marcan la realidad del país.
Cuándo se quiere encontrar un hilo conductor para saber qué o quiénes son los que han instigado este viraje hacia la criminalidad y han provocado una ola de violencia sin precedentes todo apunta a Los Choneros una banda criminal originaria de Ecuador que ha estado involucrada en diversas actividades delictivas, incluyendo el narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado. El nombre «Los Choneros» hace referencia a su lugar de origen, la provincia de Santa Elena, específicamente a la ciudad de Chone, Manabí, al occidente del territorio ecuatoriano.
La banda ha sido conocida por su participación en el tráfico de drogas, estableciendo vínculos con cárteles internacionales como el cartel de Sinaloa y otros de Colombia según apuntan investigaciones. Su presencia se ha extendido a lo largo del país, y han sido protagonistas de conflictos y disputas territoriales con otras bandas criminales, locales, como Los Lobos.
La violencia asociada con Los Choneros se ha manifestado tanto dentro como fuera de las cárceles, contribuyendo significativamente a la crisis de seguridad en Ecuador. Su líder, Adolfo Macías Villamar, alias «Fito,» ha sido condenado a 34 años de cárcel y hoy prófugo, es uno de los protagonistas responsabilizado por el contexto de la situación de violencia y disturbios actuales en Ecuador.
La fuga de líderes como «Fito» ha exacerbado la situación y ha generado una respuesta urgente por parte del gobierno para abordar la crisis de seguridad. El presidente Daniel Noboa declaró ayer un Estado de Excepción y posteriormente la existencia de un conflicto armado interno. Estas medidas apuntan a una respuesta enérgica del gobierno para hacer frente a las bandas criminales y restaurar el orden ya que la fuga de estos líderes criminales ha llevado a motines y rebeliones en las cárceles, con oficiales secuestrados y amenazas dirigidas al Ejecutivo. Este caos carcelario ha contribuido significativamente a la crisis general de seguridad.
La imposición de un toque de queda y la suspensión de derechos básicos, como la libertad de asociación y la inviolabilidad de domicilio, reflejan la gravedad de la situación y la necesidad percibida de medidas extremas por parte del gobierno.
Pero, a pesar de las medidas adoptadas, la violencia no solo persiste, sino que parece empeorar. Explosiones, saqueos, tiroteos y secuestros continúan, lo que se podría apreciar como una falta de control por parte de las autoridades y dar pie a intervenciones extranjeras. Lo cual resulta muy peligroso para la región.
La declaración de conflicto armado interno y la identificación de diversas organizaciones criminales como terroristas indican un enfoque militarizado para abordar el problema, con la participación activa de las Fuerzas Armadas.
Historia de violencia en cárceles
La estructura delictual carcelaria, en escalada se registra solo desde febrero de 2021. Las causas atribuidas son disputas entre bandas criminales por control territorial y rutas de drogas.
Tanto el gobierno anterior de Lasso y el actual implementan medidas de emergencia sin éxito. La violencia en las cárceles, con antecedentes de masacres y disputas entre bandas criminales, se ha extendido a las calles, afectando la seguridad ciudadana de manera generalizada.
Ecuador vive hoy el periodo más violento de su historia también en el campo político, un informe del Observatorio Ciudadano de Violencia Política dio a conocer en octubre pasado, 88 casos de ataques entre 2022 y 2023, como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio poco antes de las elecciones en agosto pasado.
El 84 por ciento de las agresiones políticas fueron dirigidas a hombres y el 16 por ciento a mujeres, mientras que representantes del movimiento Revolución Ciudadana recibieron el mayor número de ataques (17 por ciento) concluyó el informe.
Mientras que las autoridades atribuyen la violencia a disputas por el control de las cárceles, rutas de distribución de drogas y territorios locales. La situación ha llevado a Ecuador a ser uno de los países más violentos de la región actualmente.
¿Debilidad estatal?
A pesar de las promesas del presidente Noboa de abordar la violencia con el plan Fénix, los actos de este tipo persisten y parecen haberse intensificado durante su mandato.
La toma de un canal de televisión y otros hechos violentos evidencian la percepción de debilidad por parte del Estado, según expertos. La respuesta del gobierno, incluida la declaración de conflicto armado, busca contrarrestar esta sensación en la ciudanía, las medidas han sido apoyadas, dejando de lado por esta coyuntura las diferencias políticas e ideológicas, como lo ha señalado, hasta por el expresidente Rafael Correa.
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Correo del Alba
