En las últimas semanas medios locales e internacionales han hablado de “la crisis política de Colombia”. Semejante afirmación se basa en el supuesto de que Colombia es un país con un único proyecto político y una sola manera de hacer política. Esta afirmación, típicamente liberal, es refutable desde la confirmación de dos realidades empíricas: si en un país existe una diferencia sustancial entre élite y pueblo, y si está constituido multisocietalmente, es decir, es un país donde coexisten de manera sobrepuesta y desarticulada varios tipos de sociedad. En la actualidad, Colombia cumple las dos condiciones: hay una diferencia abismal entre la élite y el pueblo y coexisten una sociedad moderna industrial, una sociedad señorial-hacendataria y una sociedad de carácter comunitario. En otras palabras, la homogeneidad política presumida para hablar de “la crisis política en Colombia” solo existe en los medios y las mentes liberales que la enuncian como titular principal. Sin embargo, reinterpretando el titular liberal y centrándome en el distanciamiento político clasista que se viene dando en Colombia, sugiero que sí hay una crisis política pero esta corresponde a la de la política elitista local.
Colombia tiene dos proyectos políticos: el proyecto político de la élite y el proyecto político del pueblo. La élite y sus aparatos ideológicos han dominado la política a lo largo de la historia republicana. Pero, el proyecto político del pueblo, es decir, las formas y los deseos de autogobierno, le ha permitido sobrevivir y autoorganizarse subrepticiamente contra la política elitista. Cuando en las sociedades modernas hay una diferencia verificable entre la política de los gobernantes y de los gobernados o entre la de la élite y el pueblo, cada una de estas políticas entiende las cosas a su manera. Cuando la élite habla de justicia, economía, tierra, historia y sociedad lo hace desde sus propias aspiraciones y pensando en sí misma. Si la élite dice que las cosas van bien se sobreentiende que ese “va bien” corresponde al cumplimiento de los intereses y objetivos que se trazó para sí misma. A su vez, cuando las cosas van bien para el pueblo es porque las cosas no están marchando como la élite espera que funcionen, por cuanto los réditos políticos son para el pueblo y no para ella.
En países desiguales lo bueno para el pueblo no cae bien a la élite y lo benéfico para la élite afecta al pueblo. Desde esta realidad palpable, el bien y el mal, lo bueno y lo malo, no son universales abstractos que funcionan mecánicamente en cada sujeto y se entienden unívocamente en todo el país, sino que son conceptos que se definen atendiendo al marco político del que es partícipe cada persona y colectivo.
Para afianzar su propuesta política las élites estigmatizan, desacreditan y violentan las aspiraciones de la política popular. Jorge Eliécer Gaitán, la Unión Patriótica, el proyecto presidencial de Carlos Pizarro y múltiples procesos de autoorganización popular han sido perseguidos y exterminados sin conmiseración alguna por la élite colombiana. Pero el poder elitista no es omnipotente, de serlo no existirían denuncias penales, procesos de autogobierno, subversiones y revoluciones populares. Porque la élite no lo controla todo, pero ejerce bastante poder; solo desde el 6 de agosto de 2022 un proyecto político de carácter popular logró constituirse como gobierno nacional. Desde esa misma fecha la élite ha acrecentado su sentir antipopular.
Como Gustavo Petro y Francia Márquez defienden las propuestas populares de reforma al sistema agrario, laboral, pensional, salud, educación y de servicios públicos, la élite reacciona a través de sus noticieros, periodistas y funcionarios, porque sabe que su ideario y discurso político están en riesgo. Su ataque a las reformas propuestas por el pueblo se debe a que todo lo privatizable de la vida ha sido el fundamento político de su existencia, esto es el mundo como un gran negocio.
Desde el mes pasado esta élite movilizó a su Fiscal General Francisco Barbosa y a sus medios de comunicación montando una campaña de desprestigio contra el gobierno del Pacto Histórico. Ante las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y de miles de víctimas del conflicto que responsabilizan de la guerra contra el pueblo a narcotraficantes, grupos empresariales, hacendados y caciques de los partidos políticos tradicionales, y contra las reformas propuestas por el Gobierno, la camarilla antidemocrática formada por funcionarios y medios ha montado un melodrama cuya intención es ocultar la responsabilidad de sus jefes con la guerra en Colombia, defender los intereses económicos de la élite política que representa y detener las reformas del Gobierno Nacional.
Los medios elitistas convierten la difamación construida por ellos en “la peor crisis histórica del país”. Ni los falsos positivos, ni las masacres, ni la política de despojo, ni las/os desaparecidas/os, ni la pobreza, ni la desigualdad, ni los nexos habituales entre algunos de sus miembros, el paramilitarismo y el narcotráfico que involucran a miembros de la élite, son considerados por estos medios como hechos escandalosos. En su agenda mediática tampoco aparecen los logros del nuevo Gobierno: baja inflación, aumento histórico del salario mínimo, mesas de negociación con las bandas criminales y grupos ilegales, precios bajos de la canasta familiar, devaluación del euro y del dólar, estabilidad económica, merma en la tasa de homicidios, el acuerdo de paz entre las bandas criminales que azotaban el Puerto de Buenaventura, la lucha contra el narcotráfico, devolución de tierras a familias desplazadas. Todos estos son temas obviados por la revista Semana, sus aliados locales y extranjeros y sus adeptos/as.
Ante esta arremetida mediática, el pueblo debe ser cauteloso, darse una pausa ante el bombardeo comunicacional, verificar las fuentes, contrastar versiones y comprender que en la actual coyuntura cuando los medios de comunicación internacionales y las redes sociales hablan de “la crisis política en Colombia”, se debe entender que es la política de la élite la que está en crisis, no la del pueblo en vocería del Pacto Histórico.
A su vez, es crucial la manifestación en y más allá de las redes virtuales, tal como lo hizo el miércoles 7 de junio. Luego del melodrama de la élite, protagonizado por una niñera, el Fiscal, la exsecretaria de Gabinete y el lenguaraz exembajador de Colombia en Venezuela, los municipios y ciudades se tomaron las calles para rechazar la cortina de humo y reiterarle a la élite que la paz total, la defensa de la vida y el apoyo a las reformas son las iniciativas históricas que desde el año pasado se exigen como política concreta. El 7 de junio el pueblo confirmó que las calles, los parques, las esquinas y las plazas públicas colmadas de bulla, risa y burla siguen siendo los lugares y las expresiones habituales de la política popular.
En este momento de la vida política colombiana, el juicio de la élite a las iniciativas del Gobierno Nacional no va remitido exclusivamente a Petro y Francia, la campaña difamadora es contra el primer gobierno estatal del pueblo. Y por su sed de poder, la élite no dudará en seguir utilizando el fraude, la persecución, la mentira y todas las herramientas y funcionarios a su alcance que le permita disputarse la primacía política. Testigos envenenados con cianuro, contratación de falsos testigos, policías que por ejercer éticamente su trabajo terminan suicidados en extrañas circunstancias, ataques racistas, interceptaciones ilegales. La élite está desesperada porque sabe que su actuar delictivo y sus verdaderos intereses políticos cada vez son más conocidos públicamente, acrecentando así su desconfianza entre la gente.
Pero la élite no está dispuesta a abandonar la disputa política y por eso no será la primera ni la última vez que denigre, mienta y violente al pueblo. Ante la beligerancia elitista es necesaria la organización social, la elaboración de tejido político y la consolidación de sinergias programáticas populares. Tanto el Gobierno Nacional como los sectores populares deben diseñar un gran plan de medios y consolidar una fuerza común que desde la diversidad propositiva resista, pero sobre todo se oponga radicalmente a la embestida antidemocrática del partido Centro Democrático, la revista Semana y todas y todos sus aliados políticos, económicos y mediáticos.
Contra las dificultades parlamentarias para lograr consensos aprobatorios de las reformas propuestas, el pueblo debe reiterar a sus representantes que la decisión política tomada en 2022 fue por la materialización de los anhelos populares. Las y los representantes no son ruedas sueltas, sino que su deber es actuar en coherencia con la decisión tomada por el pueblo.
La élite está afectada, pero sus errores y contradicciones son insuficientes para que caiga por su propio peso. El cuidado categórico y la consolidación del proyecto político popular exigen la crítica permanente al accionar elitista y la veeduría autocrítica sobre lo que acontece. Es desde ahora, que el pueblo se ha hecho gobierno, que el propio pueblo debe aprovechar la crisis para conocer, conocerse, autocuestionarse e imaginar la vida política de manera disruptiva. Solo así el pueblo podrá consolidarse como sujeto primordial de la historia política en el país.
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Pierre E. Díaz Pomar Colombiano, filósofo
