Nadie se ha atrevido a afirmar que para el hábil y experimentado presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, su gestión sería un «camino de rosas»; por el contrario, los vaticinios mayores son que sería un milagro que no terminara su mandato como Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil, Manuel Zelaya en Honduras, Evo Morales y Pedro Castillo en Perú o, en el trágico final de los aspirantes a presidentes que el paramilitarismo, el narcotráfico y sus socios de las estructuras de muerte incrustadas en la inteligencia del Estado colombiano le quitaran la vida para frustrar toda posibilidad de cambio democrático y pacífico en ese hermoso país suramericano.
Los hechos iniciales de su periodo de gobierno así lo demuestran, con una alianza política y social variopinto que sorprendentemente unió al viejo liberalismo del expresidente Gaviria con las corrientes etnopolíticas del Pacífico y el Valle del Cauca, expresada en su vicepresidenta afrocolombiana Francia Márquez, a la cual se unieron la martirizados y sobreviviente Unión Patriótica y los Comunes de la disueltas FARC-EP y otros grupos de la vieja insurgencia y de la levantisca juventud colombiana que, con su movilización y resistencia de calle en el año 2019, abrieron camino a la derrota del viejo estamento oligárquico con el triunfo del Pacto Histórico encabezado por Gustavo Petro Urrego, primer presidente de izquierda en la historia del antiguo virreinato de la Nueva Granada, liberado por el Ejército Libertador del General en Jefe Simón Bolívar, en las batallas de Pantano de Vargas y Bogotá contra el sanguinario ejército colonial español.
La apuesta del presidente Petro es, no solo la desmovilización y reinserción de las formaciones insurgentes que aún se mantienen en guerra contra el Estado colombiano sino, mucho más allá, la paz social, política y militar de Colombia para iniciar un nuevo ciclo histórico – cerrando el largo periodo poscolonial de las castas descendientes de los conquistadores – para hacer de Colombia un país de paz, democracia, desarrollo sustentable, bienestar y justicia social para las grandes mayorías, tradicionalmente excluidas de la riqueza y del ejercicio efectivo del poder político en una democracia de guerra interna y represión que en los últimos 70 años asesinó a 250 mil colombianos, desapareció a más de 30 mil personas y extrajo de las zonas de conflicto y del país a más de 10 millones de colombianos y colombianas desplazados internos, refugiados y emigrantes externos.
Está más que probada en las experiencias de negociaciones de paz entre el Estado y las insurgencias que, si no hay cese al fuego, con garantías plenas para las dos partes beligerantes, se pueden producir hechos de guerra graves que impacten negativamente las conversaciones dirigidas a alcanzar una paz duradera. Esa fue la realidad de las tratativas de las FARC-EP. y el M-!9 en el período de Belisario Betancourt, luego las FARC-EP con el presidente Pastrana, después el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las FARC-EP con el presidente Juan Manuel Santos, afectados por acciones militares que, al final no impidieron los resultados buscados, pero los retardaron, teniendo hoy el presidente Petro la obligación histórica de cerrar ese ciclo de muertes y retraso económico y social para Colombia.
Pero, el hecho más delicado y difícil de controlar por parte del gobierno no es la recurrencia de enfrentamientos con frentes de guerra del ELN y los Bloques del Estado Mayor Central – fracción disidente de las FARC-EP y, con la Segunda Marquetalia, sino el trágico goteo de asesinatos de más de 350 desmovilizados de las FARC-EP (hoy convertido en el partido legal con el nombre de «Comunes») desde la firma de los Acuerdos de Paz de 2016 en la Habana, Cuba y los más de 200 dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos y de los pueblos indígenas y afrocolombianos, sin que haya una investigación efectiva para identificar y judicializar tan graves hechos, lo cual se supone asociado al narcoparamilitarismo residual y a las estructuras paralelas de la inteligencias civil y militar del Estado colombiano que siguen con el plan de exterminio de la insurgencia colombiana y los luchadores sociales no combatientes.
Los tres últimos episodios de guerra con el ataque a la policía en Putumayo, el ataque a una unidad militar en patrullaje en el Norte de Santander, la manifestación golpista de más de cinco mil militares retirados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional frente al palacio de Nariño – sede de la Presidencia – y, ahora, la ejecución de las disidencias de las FARC-EP del Estado Mayor Central. EMC, por supuesta infiltración y espionaje en favor de la fuerza pública de tres indígenas combatientes de esa organización guerrillera; a lo cual se le agrega las recientes declaraciones del presidente Petro donde califica al ELN como una organización con discursos políticos de izquierda pero vinculada con el negocio del narcotráfico, han conducido a suspensiones temporales de los Diálogos de Paz, reanudación de las operaciones ofensivas contra las insurgencias y de las órdenes de captura contra sus mandos, lo cual pone en peligro la continuación de este difícil proceso y, con ello, la derrota política de un programa de gobierno que tiene en la Paz Total de Colombia su eje central, la cual transversaliza todas las demás estrategias de reforma política, reorientación de la fuerza militar y policial y solución de los problemas estructurales del campesinado colombiano.
Los ejemplos históricos deben servirle al gobierno y a la insurgencia colombiana para que cesen las marchas y contramarchas en estas difíciles negociaciones de paz, dándole el gobierno de Petro la seguridad a la insurgencia que serán puestos en libertad todos los combatientes, bases sociales y cuadros políticos de las FARC-EP y otras organizaciones insurgentes aún presos en las cárceles colombianas, cumpliendo así los acuerdos de la Habana de 2016, enfrentando con valentía y determinación los Escuadrones de la Muerte que están asesinando a los desmovilizados y defensores de Derechos Humanos, crear zonas de contención y resguardo en favor de las unidades militares insurgentes que eviten los enfrentamientos accidentales o deliberados con unidades de la fuerza pública y, acelerar el proceso de recuperación, compra y reparto de tierras agrícolas para repartirlas a los campesinos despojados y desplazados. Así como abrir el espacio a la actividad política legal a formaciones no combatiente que expresen el pensamiento de quienes aún se mantienen levantados en armas, pero negociando la paz y sacando del centro de la agenda el tema del narcotráfico. Porque este delicado tema solo tendrá solución definitiva con la firma efectiva del nuevo Acuerdo de Paz y su aplicación efectiva con garantías internas e internacionales
Le Duc Tho, el legendario dirigente de la República Democrática de Vietnam y Henry Kissinger, en representación del gobierno de Richard Nixon, de Estados Unidos, en medio de la guerra y con más de un millón de muertos en 10 años, entendieron que solo con el diálogo se podría acordar la paz en los conflictos que no se terminan con la fuerza y, que era posible negociar en medio de los enfrentamientos en el campo de batalla. Colombia necesita la paz y Nuestramerica la reclama. El presidente Petro está obligado a colocarse por encima de las circunstancias para que tan anhelada Paz Total sea pronto una hermosa realidad.
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Yoel Pérez Marcano Venezolano, exembajador en San Vicente y las Granadinas y Belice
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