Este domingo 27 de marzo se llevó a cabo el referéndum uruguayo para votar la Ley de Urgente Consideración (LUC), en la cual se consultaba si debían ser derogados o aprobados de 135 de los 476 artículos que contiene. La reñida votación fue aprobada con un total de 49.9% a favor del “No” que mantenía intocable la Ley y 48.8% que pedía “Sí” derogar, apenas veinte mil votos de diferencia en un padrón electoral de 2.5 millones de personas que asistieron a estas elecciones de carácter obligatorio, en el que se le otorga al Presidente, carta abierta para esta Ley modificatoria en los sectores de mayor sensibilidad de la estructura esencial y de funcionamiento de un país.
Dentro de los principales oponentes que impulsaron la consulta estuvo el Frente Amplio, que presentó junto a otras organizaciones políticas y sociales de izquierda, en la Corte Electoral un recurso para activar el referéndum consultivo y que para diciembre de 2021 fue activado ya que cumplía con los requisitos para hacer efectiva esa convocatoria, según estipula la Constitución uruguaya.
La LUC de Lacalle
Esta Ley fue parte de la campaña presidencial del centroderechista Luis Lacalle Pou y el Partido Nacional (PN), tiene que ver con la reformulación del Estado en temas esenciales como seguridad, economía, vivienda, educación, entre otros y la posibilidad de aplicar esos cambios durante el primer año de su mandato.
Parte de la oposición a esta Ley es que ella debe activarse en caso de existir una emergencia nacional y no por razones de diferencia política-ideológica que es el trasfondo que manejó Lacalle, para borrar los vestigios de los gobiernos anteriores a su gestión, pero también romper con las estructuras gremialistas y sindicales que defienden sectores vitales para el crecimiento y la formación, como el educativo que significa una de las medidas más duras y conservadoras que sin duda atacan la estabilidad y los derechos primarios de diversos grupos sociales.
La polémica detrás de los artículos que buscaban derogarse aún se puede ver la comparación en la web resistencia.uy, de los más escandalosos tiene que ver con educación y la “eliminación de la obligatoriedad en inscripción, asistencia y supervisión de aprendizaje por parte de padre, medre o tutores” acá el ejemplo que aparece en esta web citada textualmente:
“(De la obligatoriedad) – Se eliminó: Es obligatoria la educación inicial para los niños y niñas de cuatro y cinco años de edad, la educación primaria y la educación media básica y superior. A tales efectos, se asegurará la extensión del tiempo pedagógico y la actividad curricular a los alumnos de educación primaria y media básica. Los padres, madres, o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje.
Quedó en el texto que: A partir de los cuatro años de edad, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres, o responsables legales de niños, niñas y adolescentes, así como los educandos mayores de edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación, conforme a lo dispuesto por el inciso primero del artículo 70 de la Constitución de la República y las previsiones de la presente ley”. (resistencia.uy)
Una Ley que otorga poderes amplios
Según la Constitución del Uruguay, ante conmociones internas o amenazas y ataques extranjeros, el Estado habilita al presidente de turno con poderes especiales que permiten “suspender transitoriamente ciertas garantías previstas en la Carta Magna”. En este sentido el artículo 168 de la Sección IX “del Poder Ejecutivo” capítulo III, el presidente podrá tomar decisiones sobre las Fuerzas Armadas y su mando superior, ascensos, retirar de trabajos y otorgar pensiones a empleados civiles y militares, despedir empleados que considere ineptos, omitir delitos, podrá además destituir funcionarios diplomáticos y consulares bajo el alegato de afectar el prestigio del país… Facultades para nombrar al Fiscal de la Corte y al resto de fiscales, Procurador del Estado y otros poderes, en fin una Ley que otorga el poder de vetar y sancionar o de poner y disponer a sus anchas en la Administración Pública del Estado.
¿Habrá búsqueda de consenso?
Es difícil predecir el clima político en el que entrará Uruguay luego del referéndum del pasado 27 de marzo, si bien fue una derrota electoral, no es sencillo limitarla a esos términos, hay un país dividido que se opone a estas medidas ultraconservadoras que generan un clima retrógrado y hostil no solo para los militantes de la izquierda sino que con estos “poderes reafirmados” cualquiera que adverse el régimen de Lacalle, corre el riesgo de poner en juego su estabilidad.
El presidente advirtió luego del escrutinio que no confrontaría y que estaba convencido que el país cambiaría, no queda duda que esta es una forma de hacer torcer voluntades a la mala, sin embargo, la resistencia histórica de la izquierda uruguaya ha pasado por momentos mucho más intensos, tendrán que iniciar procesos de diálogo y negociaciones para no dejar que estas retorcidas leyes silencien las voces y los reclamos puntuales y transformen al Uruguay en una sociedad inerte.
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Nahir González Analista política
