El 10 de febrero pasado, se realizó una audiencia virtual con la expresidenta autonombrada, Jeanine Áñez, sindicada por sedición y terrorismo por el caso golpe de Estado de noviembre 2019, en el que fue destituido, vía renuncia obligada, del poder el presidente Evo Morales, en la cual el Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz, dejó sin efecto la fecha de inicio del juicio oral contra ella y ocho implicados más; la audiencia había sido pautada en enero de 2022 por el juez técnico suplente Iván Perales.
Áñez, ante la medida de retraso de la audiencia, informó que entraría en una huelga de hambre ya que se declara inocente de los cargos en su contra.
A la par de esta situación, dos excomandantes de las Fuerzas Armadas, solicitaron por escrito ante el Ministerio Público (MP), que se abreviara el caso, por lo cual el ministro de Justicia Iván Lima considera “que admitieron culpabilidad”, dejando un panorama sombrío en el aspecto jurídico-legal a la situación que enfrentan el resto de los implicados y la expresidenta, ya que echa por tierra cualquier defensa, que puedan alegar los militares, de no tener responsabilidad en estos acontecimientos.
Se trata de, Palmiro Jarjury, exvicealmirante de la Armada Boliviana, que le colocó los símbolos patrios a la auto juramentada Áñez, y Gonzalo Terceros, exgeneral de la Fuerza Aérea Boliviana (FBA), que no solo facilitó el acceso para la instalación de la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que avaló la ilegal asunción de Áñez, sino que aparece como firmante de la carta en la que se agradece al exembajador argentino por el envío de armas de guerra a territorio boliviano para reprimir a los manifestantes antigolpistas y que probablemente se utilizaron durante las masacres de Sacaba y Senkata.
Áñez, mantiene su discurso de haber realizado una sucesión constitucional, sin embargo, las pruebas presentadas por el Ministerio Público estiman lo contrario al planteamiento sostenido por la defensa. Por su parte, la defensa del exjefe del Alto Mando Militar Williams Kaliman, dice que los militares salieron a las calles no a reprimir ni crear caos, y que no se sometieron a las órdenes de Áñez, sino que trataron de resguardar el orden público ante el vacío de poder que generó la renuncia de Evo Morales, tratando de suavizar su participación en este golpe de Estado que puso en jaque la democracia boliviana desde 2019.
