El escándalo de fines de año en la Argentina, específicamente el 27 de diciembre de 2021, tuvo que ver con la aparición de unos vídeos de 2017, presentados por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, donde se pueden ver a exfuncionarios de la gestión de la entonces gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, la macrista María Eugenia Vidal. La filmación muestra que se reunieron con algunos empresarios para realizar una estrategia de persecución, creación de pruebas, levantamiento de cargos y expedientes judiciales, a través del uso de servicios secretos, contra dirigentes sindicales, adversos al régimen de esta exmandataria en La Plata.
En el documento de denuncia, que formuló Caamaño, se explica las facultades designadas a su cargo de interventora y “haber tomado conocimiento de la presunta comisión de un delito de acción pública”.
En 2017 hubo diferentes acusaciones de los trabajadores del área de la construcción en contra de las autoridades, por lo cual es justificada “aparentemente” la creación de esa policía.
Una raya más para el macrismo
Este es uno de los tantos escándalos que se han destapado alrededor del macrismo y cuyos desenlaces ponen en evidencia la forma de actuar de la derecha a la hora de hacer gestión en instituciones públicas o en el manejo del poder, esa “herencia siniestra” dejada por las dictaduras y los aparatos represores usados por esos regímenes, que al parecer lo demuestran estas acciones siguen incrustadas en los genes de la derecha.
Los vídeos fueron liberados por la AFI, como parte de la acusación en contra de estos exfuncionarios macristas de la gestión Vidal, por presunto delito de “acción pública y denuncia penal” contra el Pata Medina.
Los implicados directos en el caso “Gestapo”, según la denuncia interpuesta por Caamaño, dice textual: “Que en fecha 23 de diciembre de 2021 una de las áreas de este Organismo, en el marco de tareas de organización y mantenimiento de insumos informáticos en uso, informó el hallazgo de sendos archivos audiovisuales en los que se observa en principio, que el día 15 de junio de 2017 se mantuvo una reunión en la que participaron”, el exministro del trabajo bonaerense Marcelo Villegas, es el articulador, sus palabras le dieron nombre a esta investigación “si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría” (textual del vídeo expuesto); Adrián Grassi Exsubsecretario de Justicia; Julio Garró, exdiputado provincial y actual intendente de La Plata; Roberto Gigante exministro de Infraestructura; Juan Pablo Allan, senador provincial; Marcelo Jaworski, directos de Copetro una empresa que realiza productos derivados de carbón y petróleo que tiene varias denuncias por contaminación; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata; Fabian Cusini, presidente de Agrineco, constructor y organizador inmobiliario; Jorge del Río, vicepresidente de una Pymes de Construcción de la Provincia de Buenos Aires.
El subcomisario Hernán Casassa aseguró que la exdiputada Elisa Carrió, conocía el caso de cerca, pues se le hacía llegar el material de las investigaciones ilegales que hacía esta, ahora, denominada Gestapo: “una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de Carrió. Y Carrió metía la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar” (Página12).
“En algunas oportunidades, la exdiputada argumentaba que había recibido un sobre anónimo, en otras ocasiones presentaba los datos como si ella hubiera hecho la investigación. Lo que asegura Casassa es que todo lo ponían en marcha María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Federico Salvai y Julio Conte Grand, compartiendo la mesa con los enviados de la exSide” (Página12).
VIDEO │ Marcelo Villegas con empresarios sobre embestida a gremios
La “Custodia Protectora” de Cambiemos
Al mejor estilo hitleriano se usó esta especie de policía, que al igual que la Gestapo original (brazo ejecutor de acciones represoras contra oponentes políticos, para combatir actividades que contravinieran los intereses del partido nazi, eliminaban la oposición). En el caso argentino, el resultado de estas reuniones conspirativas, dio sus frutos ya que fue detenido el exlíder gremialista de la Unión de Obreros de la Construcción Argentina (Uocra), Juan Pablo Medina conocido como el “Pata Medina”, que representaba una piedra en el zapato macrista al defender los derechos de los trabajadores, en ese momento fue acusado de supuesta extorsión contra el Estado, detenido el 26 de septiembre de 2017, al día siguiente el expresidente Macri desde la residencia presidencial habló sobre esta detención, catalogando de “mafioso” al sindicalista.
Copiando la “Custodia Protectora” hitleriana, el macrismo y Cambiemos, se encargó, con la justicia, de aplicar a Medina una condena de casi tres años de prisión preventiva, salió para cumplir prisión domiciliaria el 18 de febrero de 2020.
Marcelo Villegas en la red social Twitter publicó el 11 de octubre de 2017, un mes después de ser apresado Medina: “Agradezco el compromiso de todos, @JulioGarro, @jpabloallan, @RobertGigante, al comité normalizador de la #UOCRA y a mi equipo de trabajo”.
Este comité normalizador estuvo dirigido por Carlos Vergara, interventor que estuvo implicado, presuntamente, en la muerte del gremial César Navarro, por lo que se presentó una denuncia (LíneaSindical). Tenía como fin “desarrollar las obras públicas y privadas de la región (…) por lo cual, era necesario salvaguardar los derechos de los trabajadores” tal como se sostuvo en la histórica reunión entre el interventor Vergara, el intendente Garró y empresarios del área.
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Nahir González Correo del Alba