El 2021 será el año en que cumplimos un año en pandemia, pero también será el año en que se publicó el informe más duro a la fecha del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas. Este marca un preocupante límite respecto de las acciones y efectos que tendrá el cambio climático en nuestro planeta, y confirma, sin lugar a dudas, que este es causado por el ser humano y su forma de vida, la cual desde hace unas décadas es mayoritariamente urbana en el planeta.
El ser humano ejercita una influencia creciente sobre el clima y sobre las variaciones de la temperatura terrestre, en particular a través de actividades como la combustión de combustibles fósiles, la desforestación y la crianza de ganado. Estas actividades agregan una enorme cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) a aquellos ya presentes en la atmósfera, incrementando de este modo el efecto invernadero natural, determinando así el fenómeno del calentamiento climático global.
El entorno urbano se ha convertido en el hábitat por excelencia del ser humano y este se ha ido adaptando y modificando históricamente por las diversas fuerzas y demandas de quienes las habitan. El estudio de los factores y consecuencias sobre nuestro entorno construido es la base sobre la cual proyectar los futuros posibles y las acciones necesarias para que ellos se cumplan.
Las ciudades en el mundo han experimentado un crecimiento explosivo, superando ya la población urbana a la rural, pero no por esto se ha convertido en lo anhelado por muchos: un lugar lleno de oportunidades para surgir, mejorar la calidad de vida, un habitar más eficiente y de encuentro con otros. Por eso, el explosivo crecimiento de los asentamientos urbanos –resultante de la creciente población y del aumento en la migración– ha provocado un incremento exponencial de las áreas metropolitanas y mega urbes, especialmente en el mundo desarrollado, y los barrios marginales y periferias vulnerables se están convirtiendo en una de las crisis urbanas centrales.
Así, el desarrollo urbano ha venido marcado por una desigualdad socioeconómica estructural que ha generado diversas problemáticas sociales, ambientales y espaciales que afectan a todos sus habitantes pero no de igual manera, formando polos de desigualdad, lo que convierte a la segregación y vulnerabilidad urbana en uno de los mayores desafíos para que las ciudades puedan enfrentar los efectos de los profundos cambios que vienen.
En efecto, nuestras ciudades no solo albergan más del 56% de la población mundial al día de hoy, sino que en 2050 esa cifra habrá aumentado a seis mil 500 millones de personas, equivalentes a dos tercios de la humanidad. Además ocupan menos del 2% de la superficie de la tierra y son responsables por la mayor parte de las emisiones totales GEI a nivel planetario, entre ellas del 76% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por consumo de energía eléctrica, según cifras de ONU Hábitat. Siendo estas emisiones responsables por la aceleración y profundización de la crisis climática, la cual trae consigo efectos ambientales, sociales y económicos globales. Por ello, no es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios urbanos.
Solo en 2019 los efectos del calentamiento global tuvieron consecuencias sobre la salud, la comida y el hogar de millones de personas en el mundo. Además, puso en riesgo la vida marina y una gran cantidad de ecosistemas, según un informe sobre el Estado del Clima Mundial publicado por la Organización Meteorológica Mundial.
Por otro lado, uno de los efectos más evidente del cambio climático está siendo el aumento de la temperatura del planeta. Los datos indican que las tres últimas décadas han sido progresivamente más cálidas, con los mayores registros de temperatura a partir de 1850 y, si se analizan las reconstrucciones paleoclimáticas en el hemisferio norte, es probable que el periodo comprendido entre 1983 y 2012 haya sido el más cálido en los últimos mil 400 años, como ha indicado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
El año 2019 terminó con una temperatura media mundial de 1.1°C por encima de los niveles preindustriales estimados, y donde podemos proyectar un aumento de 3°C, muy por encima del máximo de 2°C contemplado por los Acuerdos de París sobre cambio climático. Esto trae como consecuencia el acrecentamiento de los incendios forestales, el calentamiento y aumento del nivel del mar, la intensificación de lluvias, sequías, entre otros fenómenos meteorológicos, lo que pone en riesgo el funcionamiento e infraestructura de miles de ciudades alrededor del mundo, afectando la seguridad de su población.
En el mundo, mil millones de niños, niñas y adolescentes están en “riesgo extremadamente alto” de sufrir los impactos de la crisis climática, según el primer Índice de Riesgo Climático del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Estos efectos se incrementan y multiplican en la interacción, generando aún mayores desafíos en términos de mitigación y de adaptación, poniendo en jaque el desarrollo sostenible y justo.
En América Latina y el Caribe se estima que 169 millones de niños, niñas y adolescentes viven en zonas donde se superponen al menos dos crisis climáticas y ambientales, según Unicef, en función de la exposición de los niños a las perturbaciones climáticas y medioambientales, como los ciclones y las olas de calor, así como su vulnerabilidad a esas perturbaciones según su acceso a los servicios esenciales.
Una preocupante cantidad de personas viven en zonas urbanas expuestas a inundación y, aún más grave, en países como Chile uno de cada cinco equipamientos públicos de carácter estratégico se encuentra ubicado en zonas de riesgo, lo que compromete seriamente su función de prestar auxilio en caso de una emergencia.
Estos datos confirman la realidad y la gravedad del informe del IPCC y advierten a nivel global que ya no tenemos más tiempo para tomar decisiones drásticas de cambio estructural para nuestras ciudades y forma de vida. Por tanto es urgente modificar la normativa, planificación e inversión urbana para la adaptación y resiliencia de las ciudades, cuyo cambio permitirá una mejor integración de los riesgos en la planificación de las ciudades.
Junto con esto, la crisis del Covid-19 ha destacado la necesidad de afrontar un cambio estructural en el modelo productivo, ambiental y social, poniendo en jaque directamente nuestro hábitat urbano. Muchas instituciones internacionales han planteado el desafío de la recuperación económica de la crisis postpandémica no solo con el objetivo de reactivar la economía, sino también con una visión transformadora que modifique las estructuras de un modelo que nos ha llevado a un colapso socio-ambiental. Así la orientación de la recuperación global debería tener tres pilares: 1) Cohesión social; 2) Sostenibilidad ambiental; y 3) Cambio del modelo productivo.
La emergencia sanitaria ha puesto en riesgo a las sociedades a nivel mundial y ha forzado una paralización al ritmo frenético globalizado que llevábamos hasta hace unos meses como parte de nuestra normalidad. Esto nos ha obligado a parar, a encerrarnos y reencontrarnos con lo doméstico. Ha expuesto la fragilidad del sistema de desarrollo del cual dependemos, pero igualmente le ha dado un respiro al planeta y al resto de seres vivos con quien lo compartimos.
En particular, la pandemia del coronavirus ha generado la mayor caída en las emisiones de CO2 de la que se tenga registro en la historia; ninguna guerra o recesión había tenido el impacto tan dramático en las emisiones de CO2 en lo últimos 100 años que sea comparable. Estamos diciendo que esta paralización total, que nos ha sacudido a todos, nos ha mostrado que, de alguna manera, las emisiones que teníamos por normales se pueden frenar y reducir drásticamente, confirmando que podemos hacer algo al respecto.
Pero los avances globales en los procesos de mitigación de los gases de efecto invernadero son aún insuficientes para estabilizar o mitigar las condiciones climáticas, por lo que parece inevitable que ocurran esos cambios durante la próxima década. En este sentido solo un acuerdo global en que todos los países participen con acciones enérgicas e inmediatas sería congruente con la solución al cambio climático.
De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, todo país debe conseguir que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, y hablar de ciudades sustentables implica garantizar el acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los asentamientos marginales. También incluye hacer inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva.
Por lo mismo, una ciudad sostenible tiene como base la equidad urbana, acceso a ella, la oportunidad de goce y la defensa de un estándar común. Donde el Estado debe actuar en su rol de garante y la inversión pública como regulador y manifestación física de los principios urbanos.
Más allá de grandes ciudades, hoy debemos apuntar a construir ciudades dinámicas y ecosistémicas, enfocadas en la convivencia ecológica, en el bienestar humano y en la eficiencia energética y de recursos, lo que se transforma en una oportunidad de redefinir el estándar de lo público y brindar a todos los habitantes urbanos acceso a un ambiente seguro, sano y equitativo.
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Soledad Larraín Arquitecta chilena
