Dos años se cumplieron desde el histórico 18 de octubre del 2019, dos años durante los cuales la vida cotidiana en Chile ha sido más difícil que antes del estallido. Hoy estamos todavía más cerca de la injusticia, de la pobreza, de la precariedad y de la muerte. Al mismo tiempo, hemos tomado consciencia de los horrores y del dolor de millones. Estamos tratando de forjar poder popular para que nunca más suframos lo que hemos sufrido, los y las que seguimos viva(o)s desde el siniestro 11 de septiembre de 1973.
Aquí en Chile estamos acostumbrados a que nada resulte fácil. Así es como a sólo cuatro meses de iniciado el movimiento de protesta general que abarcó las 16 regiones de nuestro largo país, llegó la pandemia por COVID-19 y Sebastián Piñera, fiel a su lema “toda crisis representa una oportunidad” se valió de las medidas sanitarias para blindarse con la ayuda de la derecha, de la centroderecha y de las fuerzas armadas para restringir libertades, reprimir y controlar a la población, especialmente en la región de La Araucanía y en las barriadas pobres de las periferias de Santiago y de otras grandes ciudades como Antofagasta, allí donde viven “Los Nadie”.
Este 18 de octubre, conmemoramos con recogimiento las pérdidas humanas de nuestra rebelión, y al mismo tiempo, celebramos que despertamos, y que por ese despertar y por no haber soltado las calles, se inició un proceso constituyente para alguna(o)s discutible (negociado con el gobierno para rescatarlo del pueblo indignado), sin una Asamblea Constituyente totalmente territorial y soberana como venía pidiendo el PC y otras fuerzas de izquierda hacía más de una década.
Nuestra Convención Constitucional se compone de 155 representantes elegidos directamente por el pueblo, con paridad de género, presencia de territorios y de los pueblos originarios. El proceso podría haber sido mejor, es cierto, pero todo se concertó contra el estallido, comenzando por el presidente Piñera que vio al pueblo como “un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie”. Le ayudó la derecha sólidamente instalada en el poder y una clase parlamentaria de centro izquierda ideológica y económicamente vendida que refirió no comprender los métodos de la protesta social y peor aún, la traicionó apoyando leyes para reprimirla, como las leyes anti barricadas, anti capuchas y anti saqueos.
Hoy día, saliendo de más de un año de confinamiento y de un toque de queda que duró más de 18 meses, con resultados deplorables en términos de la pandemia con 37 mil 620 muertos por COVID-19 que llorar, con cientos de miles de empleos menos, con los 35 muertos de la protesta, con miles de heridos, mil 400 presos que esperan aún su debido proceso, con cientos de personas que quedaron con secuelas de por vida. El reciente informe de Amnistía Internacional cita cifras de la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos a marzo de 2021, en más de 8.000 víctimas de violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular.
De ese gran conjunto, se presentaron tres mil 72 querellas entre las cuales mil 300 corresponden a niñas niños y adolescentes. Del total de querellas hay sólo 136 formalizados y apenas 4 sentencias condenatorias. Fiscalía por su parte, ya ha cerrado el 46% de las causas.
Según el mismo informe de Amnistía Internacional “ningún mando estratégico ha sido procesado hasta el momento, y muchos de los mismos funcionarios que habrían cometido violaciones de derechos humanos siguen, a esta fecha, en sus puestos atendiendo el control de las protestas”.
Reportes e Informes de Amnistía Internacional, Human Watch Rights, Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), ONU, Observatorio de Canadá, de la Unión Europea, son coincidentes en mostrar el uso masivo de la fuerza y la violencia de estado. En abril del 2021 Piñera fue denunciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de Lesa Humanidad.
Mientras escribo, en el canal de televisión La Red, 7 mujeres víctimas de la violencia policial están presentando sus dramas, sus secuelas sus duelos de compañeros e hijos muertos, otros con secuelas graves o con pérdida de visión. Cada una pide: “verdad, libertad, justicia, reparación y garantía de no repetición”. Señalan en sus historias que no ha habido justicia, acusan investigaciones lentas, pactos de silencio, cierres de expedientes. Dicen que la pandemia sirvió como excusa. En los hechos, las víctimas no han recibido apoyo ni ayuda alguna. Se han financiado los tratamientos médicos y las múltiples cirugías en base a rifas, a colectas solidarias a platos únicos, haciendo realidad el slogan que surgió desde el drama compartido “sólo el pueblo ayuda al pueblo”.
Pero la solidaridad tiene un límite en medio de tanta adversidad donde prima el desamparo, la inequidad y la falta de respeto por derechos básicos. En el contexto chileno hay más depresión, ansiedad, frecuente “desasosiego” según los especialistas, así como altas tasas de suicidio incluyendo las y los niña(o)s. La salud mental es un problema antiguo que se ha ido agravando y representa uno de los grandes desafíos en salud para el próximo gobierno.
En lo económico, las ayudas llegaron con un año de retraso y durante el 2020 las personas pobres recibieron migajas en bonos. Como medida paliativa a la pobreza y al hambre, millones de trabajadores y pensionados han retirado el 30% de sus fondos previsionales los que han sido utilizados en su mayoría para: pagar deudas, comprar productos de primera necesidad incluyendo alimentos.
Paralelamente, la riqueza del Presidente aumentó exponencialmente y también las ganancias de los grandes grupos económicos que lideran el mercado mientras que la inflación aumenta sin cesar afectando a la clase más pobre en alimentos y servicios básicos.
En estos dos años hemos visto mucho horror seguido de mucho negacionismo por parte de las fuerzas armadas responsables de las violaciones de los derechos humanos y de los agentes políticos y representantes del gobierno. El desprecio que tiene la derecha hacia el pueblo pobrese ha expresado sin pudor tratando de delincuentes a manifestantes, de no tener voluntad de trabajo a los grupos más asistidos, de populismo las medidas humanitarias solicitadas para inmigrantes venezolanos expulsados, en vistas de que fueron invitados por el mismo Piñera a venir a Chile con visa especial.
Hay quienes postulan que, todo este contexto es propicio para incubar un segundo estallido.
Para Jorge Baradit, escritor y convencional constituyente electo, hay 4 condiciones que deberían cumplirse para evitar un segundo estallido social:
- Una nueva Constitución política
- Un paquete de medidas sociales para resolución inmediata de la crisis socioeconómica
- Justicia, verdad reparación y garantía de no repetición a las víctimas de los violadores de derechos humanos.
- Salida de Piñera de la presidencia.
De las cuatro condiciones sólo se está cumpliendo la primera y es alcanzable a mediano plazo, urge cumplir las otras. Por el momento, Piñera se enfrenta a una nueva acusación constitucional por el asunto Minera Dominga revelado en los Pandora Papers. Se le acusa políticamente de haber infringido la Constitución en relación al principio de probidad y de haber dañado gravemente el honor de la Nación. Esta vez será difícil que el parlamento lo salve.
Viviendo entre grandes sismos, el pueblo de Chile es resiliente y ahora está construyendo poder popular lo que mantiene a una mayoría chilena despierta, atenta, vigilante, opinante y reactiva, cada vez más organizada y conectada. Aunque la capacidad de convocatoria a las manifestaciones ha decaído, se está recuperando. Creo que estamos verificando que un pueblo que lucha contra su opresión para frenar sus sufrimientos es un pueblo respetable y un pueblo digno. Creo que somos millones quienes queremos aportar y luchar de mil maneras “hasta que la dignidad se haga costumbre” como dice el slogan que acompañó el estallido que conmemoramos hoy.
Este artículo de opinión concluye agradeciendo a nuestra juventud estudiante, la mayoría de los colegios, institutos y universidades públicas que vienen luchando hace más de 15 años por el derecho a una educación gratuita, de acceso universal y de calidad. Sus demandas se extendieron en el tiempo hacia las demandas de sus mayores. Su lucha ha sido sin miedo, auténtica, honesta, organizada y solidaria.
El estudiantado en Chile representa nuestro mejor patrimonio social y político. Pocas juventudes en el mundo son tan comprometidas con el contexto de su país, y por ello, merecen un reconocimiento especial en el actual proceso de cambio y sus logros.
Referencias
- A dos Años Del Estallido Social Informe de Amnistía Internacional
- https://coronavirus.jhu.edu/region/chile
- Salud Mental en Chile: ¿Quién Dijo Yo? Mauricio Gómez Chamorro. Le Monde Diplomatique, agosto 2021 página 11 https://www.lemondediplomatique.cl/2021/08/
- Aceituno Morales, R., Miranda Hiriart, G., & Jiménez Molina (2012). Experiencias del desasosiego: salud mental y malestar en Chile. Anales de la Universidad de Chile, (3), Pág. 87-102. doi:10.5354/0717-8883.2012.21730 https://ultimadecada.uchile.cl/index.php/ANUC/article/view/21730
- https://www.ccs.cl/2021/05/19/compra-de-alimentos-pago-servicios-basicos-y-deudas-entre-principales-destinos-tercer-retiro-fondos-previsionales/
- Reportaje presentado en el Programa Mentiras Verdaderas del 18 de octubre 2021. Canal De Televisión La Red. https://www.lared.cl/2021/programas/pc-mentiras/mentiras-verdaderas-conmemoracion-del-18-de-octubre-programa-del-lunes-18-de-octubre-de-2021
- https://www.ciperchile.cl/2021/10/03/pandora-papers-familias-pinera-y-delano-sellaron-millonaria-compraventa-de-minera-dominga-en-islas-virgenes-britanicas/
- https://interferencia.cl/articulos/invitados-por-pinera-y-ahora-expulsados-hablan-venezolanos-residentes-sobre-la-crisis
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Paulina López Orellana Académica, chilena, investigadora, Dra. en Salud Pública.
