Este martes los delegados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), hicieron entrega oficial del informe final que determina los hechos violentos ocurridos entre septiembre y diciembre de 2019 en Bolivia. El acto oficial fue oficiado por el presidente del Estado Plurinacional Luis Arce. En un informe presentado el 15 mayo de 2021, se acordó una pausa a causa de la pandemia y solicitaron presentar el informe final luego del lapso establecido.
Durante la presentación del informe en el auditorio del Banco Central de Bolivia, asistieron de forma virtual: Tania Reneaun Secretaria Ejecutiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Julissa Mantilla Relatora de la CIDH.
En diferentes puntos de la ciudad de La Paz y El Alto están concentrados diferentes organizaciones sociales, que hacen un llamado a respetar la “Memoria, la Verdad y la Justicia”, esperando los resultados que arrojarán esos informes en los que se debe determinar en ese informe técnico si se cometieron crímenes y actos de violencia contra civiles, si hubo masacre, por lo cual tuvieron contacto directo para construir el documento con los familiares de las víctimas, la GIEI debe elaborar un informe técnico que contenga recomendaciones para atención y reparación de los Derechos Humanos, así como una respuesta pertinente a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, así como las medidas que se deben seguir desde el Estado.
Desde que inició la investigación, el GIEI, ha tenido acceso a reuniones con altos representantes del gobierno de Luis Arce, han hablado con víctimas de violencia y familiares de estas, han recibido testimonio directo de estas personas a los cuales se les vulneraron los derechos civiles fundamentales durante esa época trágica para la democracia del país.
El GIEI empezó a recabar la información el 23 de noviembre de 2020 que se instalan en La Paz, su campo de acción estuvo ampliado a localidades de Departamentos de La Paz, Cochabamba Santa Cruz, Sucre y Oruro, con recolección de más de 360 testimonios.
Qué determinó el informe técnico presentado
Patricia Tappatá, fue la encargada de leer y entregar el informe al presidente Luis Arce. Explicó que este informe está “organizado por 8 capítulos y se inicia con la descripción del contexto en que se desarrolló la crisis y la investigación de lo ocurrido. Analizamos no solo los graves eventos que ocasionaron el mayor número de víctimas y alcanzaron mayor difusión e impacto, sino que procuramos incluir todos los hechos de violencia y de vulneración de derechos ocurridos en el marco del conflicto político de entonces. Le sigue una sección donde se detallan cuales derechos fueron vulnerados y se proponen planes de investigación para los delitos identificados, que requieren llevarse a cabo cuanto antes, para superar la percepción de impunidad”.
Afirmó que el Grupo de trabajo “abordó, situaciones estructurales que consideramos determinantes para proteger los DD. HH y proteger la estabilidad democrática, porque están en la base de la violencia social y política que ocurrió y qué motiva este informe. Luego se proponen las líneas centrales para un “Plan de Reparación” a todas las víctimas, en concordancia con el derecho que les asiste y con las normas internacionales de Derechos Humanos”.
La experta aclaró que la línea de trabajo se basó exclusivamente en las víctimas de la violencia “GIEI no ingresó en dilucidar si los problemas en torno al proceso electoral constituyeron: fraude o golpe de Estado, ni tampoco consideró las denuncias recientes, referidas a participación de otros Estados en la provisión de armas que se habrían usado para la represión del conflicto, por considerar que estos tres asuntos, no son parte del mandato que recibimos”.
Asimismo leyó las recomendaciones y conclusiones que son parte del resultado del trabajo, en un resumen leyó:
“En el marco de un conflicto político rodeado de violencia al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares recibieron lesiones de consideración tanto físicas como psicológicas, lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y particulares, en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Policía y las Fuerzas Armadas de modo separado o en operativos conjuntos usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas”.
Uno de los momentos de vital importancia durante el discurso de Patricia Tappatá, tuvo que ver con la declaratoria de “masacre” de la violencia perpetuada en las poblaciones pertenecientes a la ciudad de El Alto, que tras asegurar las fuerzas de seguridad dirigidas en ese entonces por Arturo Murillo, que los pobladores pretendían quemar instalaciones públicas, fueron perseguidos y asesinados con balas: “Por su parte particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados. El GIEI, no duda en calificar a los hechos de Sacaba y Senkata como masacres”.
Continuó las recomendaciones solicitando la atención amplia a los diferentes sectores de la vida política y social de Bolivia que lo requieran, “Es esencial que quienes resultaron víctimas, obtengan justicia, reparación por los daños que le fueron provocados y atención inmediata para sanar heridas, es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento de su calidad de vida, entidad política, mientras que las que se identifican con el adversario, lo son menos o no requieren atención”.
“Las manifestaciones de protesta y las acciones directas de bloqueos en los caminos y la ciudades de Bolivia que escalaron y estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas, no ocurrieron de modo inesperado, fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y de las Instituciones que deben vigilar su cumplimiento. Estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las Instituciones y desconocieron acuerdos esenciales en el ejercicio de la democracia”.
El informe reflejó también parte del odio despertado con discursos violentos que generaron la división y criminalización, así como la discriminación de grupos sociales afectos al gobierno de Evo Morales, pero también a la población indígena campesina de todo el país, “En el marco de la polarización social y política que se profundizaba se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana, las agresiones políticas, fueron peligrosamente racializadas y en momentos trascendentes de la vida de Bolivia, pretendieron ser usadas como factor de exclusión de los espacios institucionales más importantes. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo las mujeres indígenas, que fueron especialmente atacadas en esa época, deben ser reconocidas y los responsables sancionados”.
“Las transformaciones operadas en Bolivia en busca de una sociedad más diversa e inclusiva no estuvieron acompañadas por la recreación o la reforma de dos de las instituciones que son claves para el funcionamiento de la Democracia, la administración de justicia y las fuerzas de seguridad, ambas directamente conectadas con la vigencia de los Derechos Humanos quedaron rezagados en el Proceso de Cambio, los ciudadanos no confían en ellas, las perciben hostiles, lejanas a sus realidades en intereses y reproductoras de discriminación. Cuando las violaciones de derechos no son seguidas de investigaciones que determinen responsabilidades se instala la impunidad por su condición destructiva. La impunidad niega y se contrapone a las ansias de verdad y de justicia de quienes fueron vulnerados en su dignidad, propicia la reiteración de los crímenes y acepta la legitimidad del Estado de Derecho”.
Los procesos de investigación no pueden significar una nueva victimización para quienes sufrieron graves alteraciones en sus planes de vida o en la vida de sus familias que aún están en duelo por los ausentes.
Observamos la existencia de serias deficiencias en el Estado boliviano para garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en la capacidad de esas Instituciones, para garantizar debida diligencia y Debido Proceso en sus actuaciones”.
Apeló, a oír las diversas demandas de la sociedad boliviana, a construir mecanismos que garanticen los derechos fundamentales de la población y al diálogo constante con las y los actores que componen la sociedad civil para evitar nuevamente la vulneración de la dignidad y la impunidad de los agresores, propusieron más de treinta recomendaciones, que sugieren deben evaluarse y, de ser posible, aplicar esos cambios que garanticen la no repetición de esos actos violentos.
Instó a que las víctimas tienen derechos a la verdad, la reparación integral por parte del Estado, sin distinciones y bajo el principio de universalidad, el reconocimiento público de la dignidad de las víctimas y de la responsabilidad estatal en la vulneración de derechos, preservación de la memoria.
Solicitó prioridad de atención para los casos de violencia sexual y de género, que se garantice justicia especializada en estos temas.
“Hay dos casos que se deben valorar la imprescriptibilidad y la inaplicabilidad de normas de amnistía en caso de graves violaciones de los Derechos Humanos que se identifican en el informe o en otros casos similares y adecuar a la vez los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, conforme a los principios de legalidad y a los estándares internacionales, además de revisar la práctica frecuente de promover y confirmar imputaciones con relación a estos tipos penales, hemos indicado otros procedimientos y tipos Penales a los que habría que prestar particular atención, pero en relación al tiempo, quiero destacar que el GIEI recomienda que se garantice la independencia del Poder Judicial a través de cambios en los sistemas de designación y estabilidad profesional de jueces, juezas y fiscales que deben ser seleccionados mediante convocatoria pública, procesos transparentes y criterios objetivos de méritos por fuera de simpatías partidarias”.
Solicitó que los partidos políticos se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones en curso.
“El GIEI, quiere resaltar también que debe acotarse el uso habitual y casi preestablecido de la prisión preventiva y que los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario deben ser atendidos con la mayor urgencia, para eliminar las prácticas abusivas que caracterizan a todo el circuito penitenciario. La Policía y las Fuerzas Armadas son dos instituciones que deben estar subordinadas al poder civil y sometidas a controles internos y externos con reglas de transparencia y rendición de cuentas” por lo cual solicitan la creación de un mecanismo de control y monitoreo del uso de la fuerza y la actuación de esos cuerpos de seguridad en contextos de manifestaciones públicas y la libertad de movilidad y expresión pacífica que el Estado debe prever para la población en garantía de los derechos civiles fundamentales. Debe imponerse el respeto a las víctimas en las instituciones de salud en casos de conflictos, debido a las agresiones verbales sufridas; también se refirió en el informe al ataque a las y los periodistas, por lo cual hicieron recomendaciones al respecto. Esta comisión solicita también la revisión del Órgano Electoral.
“Nuestra primera recomendación consiste en realizar una cumbre nacional sobre el racismo y la discriminación” para promover reencuentro y diálogo. “El orden patriarcal debe desnaturalizarse porque este implica no solo a jerarquía establecida entre hombres y mujeres, sino también entre indígenas y no indígenas”. Por lo cual exige que los líderes políticos se abstengan de utilizar lenguaje racista, discriminatorio y recurrir al uso religioso como argumentos de su discurso.
Tappatá cerró su discurso de la entrega del informe con las siguientes palabras “En nombre de mis colegas, Juan Méndez, Julian Burger, Magdalena Correa, Marlon Weichert, y de nuestro Secretario Ejecutivo Jaime Vidal, reciba usted el informe del trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia, queremos agradecer a su gobierno y a todo el pueblo , por permitirnos ser parte de este esfuerzo de búsqueda de la verdad, sepan que cuentan con nuestra solidaridad y acompañamiento”. Aquí puedes leer el informe completo del GIEI.
