La crisis de la pandemia impulsó la idea de una recuperación parcial de las funciones estatales en términos de acción y de consenso social y político. En ese escenario de crisis, el Estado demostró que es la única estructura capaz de manejar un problema a gran escala.
Sin embargo, ese rol dio pie a la profundización de los rasgos más cuestionables del capitalismo neoliberal de vigilancia, como destaca Musacchio, desplegando rasgos abiertamente autoritarios en la mayoría de los países en los que se decretaron cuarentenas, estados de emergencia, toques de queda, estados de excepción, etcétera, con el propósito de contener el avance del contagio y confinar en sus casas a la mayor parte de la población.
Esa medida provocó una inmediata recesión económica al detener la producción, la distribución y comercialización, lo que a su vez se reflejó en la caída del empleo. En América Latina y el Caribe, antes de 2020, ya se tenía el menor crecimiento económico en décadas, por lo que la pandemia llegó en un momento de debilidad económica durante el período 2010-2019, en el que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cayó entre el 6% y 0.2%. Con la emergencia de la pandemia la caída del PIB en 2020 fue del -5.3%, generando un desempleo de 38 millones por el cierre de dos millones de empresas. Se incrementó la pobreza en 25 millones de personas y la extrema pobreza en 83.5 millones en la Región, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
A diferencia del dogma neoliberal, que dice que el Estado es nocivo para la economía y sus mecanismos naturales de generación de riqueza y redistribución, en este período de crisis sanitaria se hace necesario llevar a cabo cambios estructurales en el modelo económico en el que el Estado puede y debe participar de manera activa en la economía. Solo un nuevo tipo de Estado social puede manejar y superar una crisis de esta naturaleza. Para ello una Nueva Arquitectura Financiera Regional (NAFR) se hace necesaria.
En un escenario de especulación en la venta de insumos, medicinas y equipos médicos por parte de las transnacionales farmacéuticas y sus intermediarios (que han logrado beneficios extraordinarios en el contexto actual), se suma la necesidad de los gobiernos de solicitar fuentes de financiamiento para atender dichas compras, teniendo que recurrir al endeudamiento condicionado por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI).
En el caso de la Alianza Bolivariana Para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), creada el 14 de noviembre de 2004 en La Habana, Cuba, este acuerdo hacía énfasis en la dimensión social de la integración y la solidaridad. Con el objetivo de luchar contra la pobreza y la exclusión social, este espacio se convirtió en un modelo de integración, sustentado en los principios de la complementariedad económica, la solidaridad y la cooperación para alcanzar un desarrollo económico equilibrado y con identidad cultural.
En el marco del acuerdo de integración del ALBA-TCP, en 2009 se creó el Banco del Alba (Balba), como uno de los pilares de la NAFR. El objetivo del Banco del Alba era y es el de convertirse en un instrumento que asegure la emancipación económica de la Región financiando proyectos que promuevan el desarrollo económico integral y sostenible bajo los principios de la solidaridad, la complementariedad, la cooperación y el respeto mutuo a la soberanía de nuestros pueblos para contribuir a la creación de sociedades más justas y equitativas.
Es así que el Balba administra fondos de los Estados parte y financia proyectos de desarrollo en los diferentes países que la integran, a pesar del bloqueo que se impone a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Su horizonte es convertirse en un Banco de Fomento al Desarrollo.
El Balba, en el poco tiempo de su existencia, ya ha contribuido a la ejecución de proyectos estratégicos como la superación del analfabetismo, el financiamiento de proyectos de desarrollo, la creación de una unidad de cuenta común como el Sucre, la asistencia solidaria con vacunas Covid-19 a los países del Caribe oriental, entre tantos otros proyectos que se llevan a cabo a pesar del asedio y los intentos de golpes de Estado a los gobiernos de los países miembros de la alianza.
A esos instrumentos se debe añadir otro como el de un Fondo de Reserva que contribuya a prestar auxilio a los países en situación de iliquidez. En todo caso, esa transformación necesaria en la actividad económica, productiva y social en América Latina y el Caribe será gradual y dependerá de la geopolítica regional y de la voluntad de nuestros pueblos y sus organizaciones sociales para constituir una Zona Económica Común y Complementaria.
En ese sentido, el ALBA-TCP es una revolución en el ámbito de la integración regional porque no corresponde a los modelos anteriores y aspira a convertirse en un mecanismo que promueva la implementación de un nuevo modelo de desarrollo sustentado en los principios de solidaridad, cooperación, complementariedad y reciprocidad, recuperando parte de las tecnologías sociales de nuestros pueblos y comunidades.
Asimismo, es clave apoyar acuerdos de integración como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que quedaron a medias por el contexto político y geopolítico de la Región.
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Ramiro Lizondo Díaz Economista
