Una nueva injerencia política del Parlamento Europeo, esta vez amparando el golpe de Estado al entonces presidente Evo Morales Ayma, ocurrido en Bolivia en 2019, lo que cuestiona el proceder de esa instancia sobre el respeto al Derecho Internacional.
Tras la aprobación con una votación de 267 votos en contra y 396 a favor, ganó la moción de “exigir” la liberación de Jeanine Áñez y dos exministros, detenidos con causas abiertas por conspiración, sedición y terrorismo.
El Parlamento Europeo considera que dicha medida es “ilegal y arbitraria”, obviando una vez más el hilo histórico de estas acusaciones que pesan sobre la expresidenta de facto, que asumió el poder autoproclamándose, en un momento de violencia, coacción y amenazas políticas que evitaron que se diera una continuidad en el mando político, tal como lo estipula la Constitución.
Asimismo, obvió la persecución de los meses subsiguientes a la llegada de Áñez, ejecutadas todas por su brazo fuerte el prófugo Arturo Murillo, con diversas y constantes violaciones a los derechos civiles de la población perpetrando así las masacres de Sacaba y Senkata.
El estatus injerencista tanto del Parlamento, como de todo lo que representa la Unión Europea (UE), no es aislado ni novedoso en la Región, una postura muy simple, se trata del apoyo a gobiernos neoliberales y el mazo contra los gobiernos progresistas: han “opinado” sobre Venezuela acusando a Nicolás Maduro, pero normalizado la presencia de un usurpador de funciones y también permitido el robo de activos a esta nación; “exige” a Bolivia que libere a Áñez, pero expresa solo “preocupación por los asesinatos a los líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos” en Colombia, sin ir muy de frente contra las políticas agresivas de gobiernos de derecha que apoyan y son socios partidarios en esa injerencia.
