La prensa boliviana se ha hecho eco de una serie de rumores surgidos luego de las elecciones subnacionales y que la Fiscalía emitirá autos de detención contra Jeanine Áñez y cinco de sus exministros (ya en detención mientras dure la investigación), por sedición, terrorismo y conspiración para derrocar al expresidente Evo Morales Ayma. Es así como la supuesta matriz que desmontaría este hecho es la petición de diferentes organizaciones políticas, sociales e incluso institucionales que hubiesen pedido la renuncia a Morales aquel 2019, se trata de la Central Obrera Boliviana (COB), aunque también saltó a la palestra un Twitter aparentemente publicado por la Defensoría del Pueblo y que fue borrado recientemente.
El débil argumento esgrimido por la derecha que no asume su responsabilidad en la secuencia de hechos violentos generados desde antes de las elecciones presidenciales de 2019, en las que comenzaron los ataques sistemáticos, marchas, discursos de desprestigios de la institucionalidad del del Tribunal Supremo Electoral (TSE), amenazas, clímax que fue en crescendo y que encontró la cúspide de la justificación en la Organización de Estados Americanos (OEA), que realizó un infausto informe declarando que hubo irregularidades electorales. Sin embargo, las condiciones estaban dadas para la manipulación popular: la mediática, la OEA, la arenga desde sectores cívicos dominados por factores opositores y uno de los más importantes y decisivos: el levantamiento policial y luego el de las Fuerzas Armadas.
Los medios de comunicación son parte de ese poder económico que adversa los cambios; pese al crecimiento efectuado por este sector durante el gobierno de Evo Morales, les fue difícil alejarse del poder político y no tener total control del poder económico del país a través de empresas claves para el Estado. Por lo cual las campañas de desprestigio diario no solo de la gestión de gobierno, sino ataques a personalidades claves.
¿Quiénes son los dueños de los medios en Bolivia?
Unitel fue fundada por el empresario y político cruceño fallecido en 2011, Osvaldo Monasterio, exsenador de Goni (responsable de la Masacre de Octubre) por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), su familia heredó fábricas como Frigor de embutidos, Mendocina, chocolaterías el Ceibo y la embotelladora de la bebida Canada Dry, accionista de los Bancos Ganadero y Mercantil Santa Cruz, de ganadería, además del medio Unitel, que se parcializó en la defensa a ultranza del golpismo de 2019 y del gobierno de facto instalado por Jeanine Áñez.
El investigador y político Luis Alberto Echazú en su artículo “Unitel y la Familia Monasterio” explica sobre cómo surge en Bolivia el neolatifundismo, en el que pocas familias accedieron ilegalmente a la repartición de tierras en la llamada medialuna, en el Oriente: “Desde la década del 70 y 80, durante las dictaduras de Banzer y García Meza (…) la familia Monasterio es una de las beneficiadas con estas adjudicaciones”, además hace un esbozo de las vinculaciones con diferentes miembros de esa familia con mandatarios como el Zorro Berzaín, “el ministro gonista, y principal ejecutor de las masacres en la Ceja de El Alto, Ovejuyo, durante las luctuosas jornadas de octubre de 2003 y fanático anticomunista”.
Raúl Garafulic: empresario boliviano de origen croata, dueño del periódico ultraderechista Página Siete, vinculado a Carlos Mesa, al cual lo une una larga historia. Es casado con la exdiputada pinochetista de la UDI, Mónica Zalaquett, opositora acérrima a la demanda boliviana por el mar y antievista.
Su fallecido padre fue exembajador de Bolivia en España en 2003, desde Gonzalo Sánchez de Lozada, y continuó en la fecha en que asumió la presidencia Mesa tras la renuncia de Goni; además dirigió el medio estatal Bolivia TV, durante la dictadura de Banzer, estuvo al frente del desaparecido Grupo Prisa (La Razón, ATB, Extra, El Nuevo Día). Garafulic, padre e hijo, han estado detrás de negocios turbios y adquisiciones de empresas a precio más bajos de su valuación, a precio de “gallina muerta”, como dice en buen boliviano.
Ivo Mateo Kuljis Fuchtner, boliviano de origen croata, nacido en Santa Cruz, es parte de las ocho familias más ricas de Bolivia, miembros además por herencia de las llamadas logias cruceñas o, como son denominados por Reymi Ferreira en su libro Logias en Santa Cruz, “Grupos secretos de poder”. Ivo Kuljis es dueño de Kimberly-Clark Bolivia, supermercados Hipermaxi, Banco Económico, Curtiembre Vis Kuljis y la cadena de noticias Red Uno, con marcada tendencia a la derecha, estuvo vinculado a Manfred Reyes Villa; candidateó a la presidencia en diferentes oportunidades, con una propuesta de “liderazgo empresarial” y posicionar a Santa Cruz como una potencia.
Eduardo Pérez, cura jesuita boliviano de origen español, exdirector de Radio Fides, un medio que en sus inicios estuvo contra las dictaduras bolivianas, pero que sin embargo logró sobrevivir a las mismas, con diferente suerte a la del periodista, cineasta y también sacerdote jesuita asesinado por la derecha Luis Espinal. A pesar de haber dejado en 2017 la dirección de este medio, es la figura detrás de la línea editorial que si se puede definir de algún modo, toca el extremo la derecha política del país.
Estos medios los días previos a las elecciones iniciaron una campaña mediática en la que figuraba el escarnio contra las economías asediadas y bloqueadas como son Cuba y Venezuela, desmeritando además la cooperación realizada desde esos países que impulsaron proyectos solidarios como la Misión Moto Méndez, la campaña alfabetizadora «Yo Sí Puedo», la Brigada Médica Cubana que se encargó de levantar el servicio médico en las postas rurales, donde la situación era totalmente precaria, o las venezolanas Batallón 51, médicos especialistas ubicados en las regiones con mayor rango de pobreza, y la Fuerza Binacional de Ingeniería, militares que se encargaron de construcción de diques, caminos y otra infraestructura en zonas inundables de Bolivia. La matriz: “Evo quiere volver a Bolivia una Cuba o Venezuela”, ese discurso caló tanto en la población que incluso muchas personas afectas al gobierno masista rechazaban la idea de venezolanización o cubanización del país. Inició una ola de xenofobia contra migrantes de estos países y una persecución al principio silenciosa, pero abierta luego del resultado de las elecciones y el anuncio de supuesto fraude de la OEA.
La mediática logró su efecto, el total rechazo contra Cuba y Venezuela, la derecha, que casi tenía un pie en la casa de gobierno, mantenía ese discurso como bandera, los grupos paramilitares organizaban ataques contra las embajadas asediándolas y finalmente dinamitándolas, la Policía que estaba ya para esos días comprometida de alguna forma con los dirigentes golpistas, retiró la seguridad de esos espacios que se convirtieron en blanco fácil de los extremistas que sembraron el odio y el terror en ciudad de La Paz, sede de los poderes Ejecutivos.
La cobertura de los actos políticos organizados por la derecha, mostrando los grandes mítines, eran la constante, se desplazaron los contenidos normales en los medios de comunicación y se instalaron noticieros con músicas dramáticas y titulares alarmistas, la arenga guerrerista y confrontativa era parte ahora de la parrilla que armaba el escenario para el golpe, la desestabilización social y para justificar el final de una era, que según esas líneas editoriales había acabado con la prosperidad económica del país. Otro dato absurdo que lograron instalar en la psique del consumidor ignorante y manejable, pero sucedía lo contrario Evo Morales, recibió la presidencia con un Producto Interno Bruto (PIB) que oscilaba en 2003 en 2.7%, dejado por Mesa y la debacle que significó esa etapa del gobierno de derecha tras la renuncia de Goni, en 2004 estaba en 4.2% con fondos de siete mil 062 millones de euros, mejorando y estabilizando la economía durante los mandatos de Morales, bajo la administración de su ministro histórico de Economía y Finanzas, Luis Arce, electo presidente para el período 2020-2025, con un PIB que alcanzó un máximo en 2013 de 6.8% y para 2019 cerró con un 2.2% y unas reservas internacionales de 36 mil 796 millones de euros, según la web datos macro. Estas cifras desmontan la teoría de que un país con tendencia progresista es ineficiente e instala la realidad de que al ser economías de carácter inclusiva y social, contrarias al capitalismo, serán desprestigiadas, bloqueadas y deprimidas, para confirmar a toda costa que la única opción es la neoliberal, es el caso de los regímenes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y otros tantos países que han intentado transformar sus políticas y dado otros matices a la forma de manejar sus economías.
¿Por qué fue un golpe y no un fraude?
Las características clásicas que plantea Samuel Finer, en el desarrollo de un golpe de Estado, han venido sufriendo transformaciones en la forma de la ejecución en este último tiempo en toda Latinoamérica, desde la creación de la Escuela de las Américas y la Guerra Fría. Los casos de Honduras, Paraguay, Venezuela y Brasil, que sufrieron golpes en los que la intervención extranjera fue si se quiere sutil, con el uso de la oposición institucional y la denominación del mal llamado “vacío de poder”, discurso que se oficializaba para terminar de perpetuar la ruptura constitucional y destrozar las cadenas regulares en las que se debe suceder el mando político por causas de muerte, renuncia, abandono del cargo, por lo cual es un discurso sin fundamentación; el “vacío de poder” no existe. La coacción, amenaza, las acciones atípicas como el secuestro, que se dio en Honduras, cuyo presidente fue sacado del país, o en Venezuela, que fue llevado a una base militar y obligado a elaborar una carta de supuesta renuncia.
En el caso boliviano, diferentes factores dieron pie al desarrollo del golpe: cerco social de la sede de gobierno, alzamiento policial, producción de matrices mediáticas. Una de las características curiosas es el surgimiento de empresarios, disfrazados de líderes populares, como si la formación de esos líderes hubiese surgido del seno popular, de las bases pobres, vestimenta común, gorra, ademanes y vocabulario popular, es toda una creación para identificar a los sectores populares con esos liderazgos, así vemos a pichones de oligarcas asumir estos roles: en Venezuela Leopoldo López, Henrique Capriles, y en Bolivia, como un calco de personalidad, a Fernando Camacho, no hay que olvidar que la derecha venezolana es la que asesora a la derecha más reaccionaria de ese país, la que siempre estuvo detrás del poder económico, en ambos casos el interés es acceder al poder para posicionarse nuevamente sobre las empresas clave, privatizar e implementar regímenes amarrados y endeudados a instituciones internacionales, que definen planes de gobernabilidad antipopulares como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o Banco Mundial (BM), que al final son una fábrica de pobreza extrema, en la que solo los ricos se hacen más ricos y siguen siendo exitosos dueños de esas empresas.
Fernando Camacho fue el sujeto no solo de la derecha boliviana, sino de los Estados Unidos, que abiertamente y sin ninguna careta estuvo al frente del golpe. Un hombre joven, empresario exitoso, “que nunca jamás en la vida robaría porque es rico de cuna”, su par en la “lucha” contra el masismo; Marco Pumari, un indígena que se ha manejado en organizaciones que se han adjudicado así mismas poderes constitucionales, como son los Comités Cívicos, y que no pertenecen a ninguna institucionalidad ni estatal ni municipal como para tener tales deferencias; es la misma organización de la cual salió Camacho, solo que en diferentes Departamentos.
El informe emitido por la OEA fue el detonante y la justificación perfecta para el golpe, el escenario que ya había sido servido por los medios de comunicación, por las arengas que hicieran en La Paz el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, que violó no solo las leyes, sino cualquier tipo de autonomía y principio universitario, estudiantes obligados a asistir a las concentraciones contra el Gobierno.
El cerco a La Paz inició con una marca convocada desde Potosí, Cochabamba y Santa Cruz para sacar del poder a Evo Morales, Camacho le dio un plazo de 48 horas para que renuncie, en un primer intento de llegada del líder opositor a la ciudad paceña fue retenido por los movimientos sociales afines al MAS, obligado a retornar a Santa Cruz; rearticuló el llamado a ir a cercar Palacio de Gobierno, la Policía se lanzó en desobediencia pública y se apostaron en contingentes cerca de Plaza Murillo, el Jefe de la Fuerza Armada Nacional le sugiere al presidente que renuncie. El 10 renuncia Evo Morales, Álvaro García, bajo toda esa coacción, luego de que las Fuerza Armada manifestara que no moverá a ningún funcionario para reprimir a las hordas opositoras; más tarde se produce la renuncia de Adriana Salvatierra, ese mismo día grupos extremistas queman la casa del diputado Víctor Borda, que sería el sucesor natural en la línea de poder, que debido al exceso de violencia renuncia también bajo amenazas de asesinatos y represalia contra su familia, quedando el mando sobre la opositora Jeanine Áñez. La foto quedó para la historia, mismo guión que en Venezuela, se autoproclama rodeada de militares como en los golpes clásicos eso sí, todo estaba orquestado, ningún paso en falso, conspiraron y negociaron la salida del presidente electo, la movida perfecta ejecutada por la OEA y la derecha transnacional.
Luego de un año y medio, surgen diversos análisis sobre todo lo ocurrido en Bolivia, la tesis del fraude es desmontada, fue un nuevo laboratorio, un golpe como tanto de los que se han hecho e institucionalizado, de la sede de gobierno salió la Wiphala y con ella la esperanza de los pueblos indígenas, entró la Biblia y la represión al Palacio Quemado, Evo y parte de su gabinete fueron perseguidos, exiliados y presos políticos, ocurrieron masacres de la mano del nuevo gobierno instaurado.
El ambiente de 2019, intenta volver a surgir en Bolivia, a raíz de que la Fiscalía imputara y dictara orden de detención contra Jeanine Áñez y cinco de sus ministros, esta vez la mediática intenta posicionar la matriz de que diferentes organizaciones e instituciones pidieron la renuncia de Evo, para validar así la tesis que no fue “golpe sino fraude electoral” y poder con esto argumentar una defensa a fin de que queden libre de culpa y puedan intentar ejercer nuevamente cargos de elección popular los responsables materiales de la ruptura del hilo constitucional, como justo pasó en las elecciones subnacionales, en las que dos de los golpistas fueron electos alcaldes. La historia los está juzgando y el pueblo boliviano, en su memoria remota no olvidará que fue vejado y asesinado por una mujer que figurará como la primera dictadora de América Latina.
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Nahir González Analista política